La batalla del agua entra en pol¨ªtica

La batalla entre las empresas p¨²blicas y privadas por el agua ha entrado en el terreno pol¨ªtico. Izquierda y derecha defienden modelos antag¨®nicos de gesti¨®n que los cambios en los ayuntamientos y la situaci¨®n preelectoral han puesto de manifiesto. El secretario general del PP, Antonio Sanz, afirma que ¡°un grupo de expertos¡± dise?a para su formaci¨®n ¡°un nuevo modelo de gesti¨®n profesional y no pol¨ªtico¡±. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PSOE de Andaluc¨ªa, Antonio Pradas, defiende un sistema p¨²blico de equilibrio territorial y asegura que la estrategia del PP es regional y persigue vender.

Jerez ya ha anunciado que privatiza los servicios de agua, la Diputaci¨®n de C¨®rdoba lo ha planteado como posibilidad, M¨¢laga se ha topado con el rechazo del pleno tras una muy activa oposici¨®n de IU y en Sevilla se est¨¢ reproduciendo el modelo de Huelva, donde algunos municipios abandonaron el consorcio p¨²blico para terminar cediendo el servicio a empresas privadas.

El abandono de un modelo p¨²blico tiene consecuencias, al margen de la calidad de servicio, que cada parte asegura ser capaz de mejorar. La principal es que los pueblos m¨¢s peque?os o alejados de las grandes redes, que no interesan a las empresas, pierden garant¨ªas de abastecimiento o tienen que pagar mucho m¨¢s que otros municipios, por lo que se pierde el principio de equilibrio territorial en un servicio b¨¢sico.

Otro problema es c¨®mo gestionar la pr¨®xima sequ¨ªa con empresas privadas al mando de un recurso escaso y fundamental y sin ning¨²n compromiso con la participaci¨®n social en los servicios que presta, algo que las entidades p¨²blicas s¨ª mantienen como elemento fundamental.

A esto se une la p¨¦rdida de volumen de los grandes consorcios al perder clientes, lo que supone una mayor debilidad para adquirir suministros y menor rentabilidad en las inversiones.

La venta de los servicios de agua tiene, por el contrario, beneficios para aquellos municipios bien situados geogr¨¢ficamente o con mayor poblaci¨®n, que pueden ofrecer a las empresas un negocio muy estable, con ingresos regulares (el ¨ªndice de impago es casi inapreciable) y a largo plazo. A cambio, se liberan de la prestaci¨®n directa de un servicio y reciben dinero para hacer frente a la cr¨ªtica situaci¨®n financiera.

En el fiel de esta balanza es donde se han encontrado los modelos de derecha e izquierda.

El Ayuntamiento de Jerez (PP) ya ha admitido que la concesi¨®n de la gesti¨®n del agua supondr¨ªa ingresar hasta 100 millones de euros. La presidenta de la Diputaci¨®n de C¨®rdoba, Mar¨ªa Luisa Ceballos (PP), propuso privatizar la empresa de residuos Epremasa y la de agua Emproacsa si ¡°funcionan mal¡± o no pueden afrontar un plan de saneamiento porque le suponen ¡°un coste tremendo al usuario¡±, seg¨²n recogi¨® Europa Press en una entrevista a final de julio. Ceballos a?adi¨® un argumento similar al de Antonio Sanz al afirmar que ¡°se ha hecho bastante uso pol¨ªtico de las empresas p¨²blicas¡±.

El socialista Pradas advierte de que este discurso es similar al que llev¨® a los municipios onubenses de Moguer y Lepe a abandonar la empresa p¨²blica y vender sus servicios. Primero se cuestiona la sociedad p¨²blica, despu¨¦s se critica su supuesta politizaci¨®n y, finalmente, se genera el ¡°efecto llamada¡± al que acuden las empresas de agua.

En Sevilla, los municipios que han asumido esta estrategia son Mairena, Bormujos, Benacaz¨®n, Espartinas, Gelves, Tomares y Palomares. Sus alcaldes, todos del PP y representantes de 130.000 vecinos de una misma comarca, el Aljarafe, se reunieron este mes con el regidor de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el gerente de Emasesa, Jes¨²s Maza, para solicitar la integraci¨®n en la empresa de aguas desde Aljarafesa, donde ahora tiene el mayor peso la Diputaci¨®n sevillana, gobernada por el PSOE. ¡°Tenemos la sensaci¨®n de que no nos quieren en la Mancomunidad del Aljarafe y cuando eso sucede lo mejor es irse¡±, argument¨® el presidente provincial del PP y alcalde de Tomares, Jos¨¦ Luis Sanz.

Pero esta falta de cari?o no es suficiente para justificar una maniobra que obligar¨ªa a los pueblos a pagar las inversiones efectuadas, seg¨²n se recoge en los estatutos de Aljarafesa. Millones de euros en plena crisis de financiaci¨®n para dejar una empresa que no presenta deficiencias en la gesti¨®n ni en la prestaci¨®n de los servicios ni en su balance econ¨®mico.