Castilla y Le¨®n asume la competencia de juzgar a su expresidente de las Cortes
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n asume el caso contra Fern¨¢ndez Santiago
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n ha asumido la competencia de juzgar a Jos¨¦ Manuel F¨¦rnandez Santiago, actual procurador en las Cortes de Castilla y Le¨®n y ex presidente del Parlamento auton¨®mico, a quien se le imputan los presuntos delitos de cohecho y prevaricaci¨®n.
La causa, derivada del caso G¨¹rtel, fue remitida por el magistrado Antonio Pedreira desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora el de Castilla y Le¨®n lo hace suyo ante la implicaci¨®n de Fern¨¢ndez Santiago, dada su condici¨®n de aforado y que los supuestos delitos se cometieron en el territorio de esta comunidad.
La investigaci¨®n se centra en la adjudicaci¨®n a Teconsa, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla y Le¨®n, de las obras de la variante de Olleros de Alba (Le¨®n) por 2.847.959 euros. A cambio de las gestiones por el logro de esta obra, supuestamente, el m¨¢ximo responsable de la trama G¨¹rtel, Francisco Correa, cobr¨® una cuantiosa comisi¨®n. Entonces, en 2002, Fern¨¢ndez Santiago ocupaba el puesto de Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y Le¨®n, al que se atribuye haberse embolsado 18.000 euros ¡°por motivos que se desconocen¡±, tal como indica el Tribunal Superior castellanoleon¨¦s en el auto en el que asume la competencia.
Pedreira ya remiti¨®, hace un a?o, la que supone tercera rama del caso G¨¹rtel al tribunal castellanoleon¨¦s, despu¨¦s de que en la contabilidad de las empresas de Correa aparecieran nombres relacionados con este Gobierno auton¨®mico.
El magistrado designado para dirigir la instrucci¨®n desde este Tribunal ha sido C¨¦sar Balmori Heredero, quien investigar¨¢ sobre los hechos presentados e implicados en ellos.
Mientras, el Tribunal Superior madrile?o madrile?o mantiene parte de esa rama del caso G¨¹rtel, tras imputar a los directivos de la constructora Teconsa por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Administraci¨®n p¨²blica.
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