El 'caso Troya' se desinfla por los matices

En el ¨¢mbito del derecho penal, un ligero matiz, quiz¨¢ inapreciable para el profano, puede suponer la diferencia entre una absoluci¨®n o una condena, o entre la c¨¢rcel y la libertad. Es en los peque?os detalles donde jueces, fiscales y abogados se juegan el ¨¦xito de a?os de trabajo y la posibilidad de que la verdad judicial se aproxime a la verdad a secas, o al menos a su visi¨®n de la verdad.

Un ejemplo de la importancia vital de las aparentes minucias se ha vivido en las ¨²ltimas semanas en el juicio del llamado caso Troya. La supuesta trama de corrupci¨®n urban¨ªstica en Alhaur¨ªn el Grande (M¨¢laga), destapada en enero de 2007, se ha desinflado notablemente despu¨¦s de que el pasado jueves la Fiscal¨ªa solicitara la absoluci¨®n de 18 de los 20 procesados en la vista oral que se inici¨® el pasado 22 de septiembre. En el banquillo de los acusados solo permanecen los dos principales procesados, el alcalde de Alhaur¨ªn, Juan Mart¨ªn Ser¨®n, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP. Las acusaciones contra ambos pol¨ªticos, adem¨¢s, se han rebajado sensiblemente.

En este caso, el matiz que ha llevado a la absoluci¨®n de l6 empresarios y los dos asesores jur¨ªdicos municipales hasta ahora acusados, tiene que ver con el tipo de cohecho que se aplica. Inicialmente, Mart¨ªn Ser¨®n y Gregorio Guerra estaban acusados de encabezar una trama que reclamaba cantidades econ¨®micas a promotores con intereses en Alhaur¨ªn a cambio de otorgar les licencias de obra con exceso de edificabilidad. Estos permisos, seg¨²n sosten¨ªa inicialmente la Fiscal¨ªa, eran ilegales, ya que vulneraban el Plan General de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica (PGOU) vigente en la localidad. Seg¨²n la visi¨®n que el Ministerio P¨²blico ha mantenido desde enero de 2007 hasta el pasado jueves, los pol¨ªticos cobraban sobornos de los empresarios a cambio de realizar un acto contrario a la ley. Es decir, hab¨ªa un delito de cohecho (pagar y aceptar sobornos) vinculado a otro delito de prevaricaci¨®n (otorgar una licencia ilegal).

Durante el desarrollo de la vista oral ¡ª20 sesiones que han sido un verdadero m¨¢ster en derecho urban¨ªstico¡ª, los peritos que han sido llamados a declarar, todos citados por las defensas, han sostenido que las licencias eran acordes a la legalidad. Incluso el catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de M¨¢laga, ?ngel S¨¢nchez Blanco, lleg¨® a ¡°felicitar¡± al Ayuntamiento por hacer ¡°las cosas tan bien¡±.

El ¨²nico perito que en el juicio sostuvo que las licencias contraven¨ªan el planeamiento urban¨ªstico fue el arquitecto municipal Miguel ?ngel Guti¨¦rrez, pero sin llegar hasta el extremo de calificarlas de abiertamente ilegales.

Al coincidir los peritos en la validez de las 14 licencias otorgadas por Mart¨ªn Ser¨®n y Guerra, desaparec¨ªa, seg¨²n el fiscal, el delito de prevaricaci¨®n. Por lo tanto, el cohecho cobrado por los ediles ya no era a cambio de un acto ilegal o injusto, sino por realizar un acto propio de su cargo. Normalmente, se entiende el cohecho como un delito ¡°de ida y vuelta¡±, en el que una persona paga y otra cobra. Sin embargo, en el tipo de cohecho a cambio de un acto l¨ªcito, la tipificaci¨®n penal cambia: solo afecta al funcionario o cargo p¨²blico que cobra. El supuesto pagador del soborno tiene una consideraci¨®n penal de v¨ªctima de una extorsi¨®n, en este caso ver retrasada o condicionada la entrega de una licencia a la que tiene derecho.

De este modo, los promotores, que se enfrentaban a una petici¨®n de pena de tres a?os de prisi¨®n por cohecho y delitos contra la ordenaci¨®n del territorio quedan absueltos. Por su parte, Mart¨ªn Ser¨®n y Guerra, deber¨¢n pagar en el peor de los casos una multa de dos millones de euros, cuando anteriormente el fiscal ped¨ªa para ellos una pena de cuatro y siete a?os de c¨¢rcel respectivamente.

Otro matiz es el momento en que ocurrieron los hechos, entre 2002 y 2006. En esa ¨¦poca el C¨®digo Penal en vigor era algo m¨¢s ben¨¦volo con el delito de cohecho que en la actualidad. Adem¨¢s de la sanci¨®n econ¨®mica, ambos pol¨ªticos se enfrentan a una petici¨®n de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico por tres a?os y nueve meses.

M¨¢s all¨¢ del C¨®digo Penal, quiz¨¢ el detalle que haya tenido m¨¢s peso en este juicio tenga que ver con los plazos procesales. Al inicio del juicio, el tribunal rechaz¨® la petici¨®n del fiscal de Medio Ambiente, Juan Calvo-Rubio, de que declarara en la vista oral el secretario municipal, y que se tuviera en cuenta un dictamen de la inspecci¨®n urban¨ªstica de la Junta de Andaluc¨ªa. Estas pruebas quiz¨¢, solo quiz¨¢, hubieran permitido al fiscal defender la ilegalidad de las licencias y mantener la acusaci¨®n contra todos los procesados.