El 'caso Brugal', pendiente de la legalidad de las escuchas telef¨®nicas

Las partes del caso Brugal, trama corrupta vinculada a la basura y al urbanismo en la provincia de Alicante tejida sobre la base de la connivencia entre los l¨ªderes pol¨ªticos del PP y empresarios, encaran el tercer a?o despu¨¦s del levantamiento del secreto de sumario con la vista puesta en dos tribunales distintos de la Audiencia de Alicante. Sendas salas tiene que pronunciarse sobre la legalidad de la principal prueba de cargo de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n: las escuchas telef¨®nicas practicadas a los cabecillas de la red durante m¨¢s de tres a?os, de marzo de 2007 a junio de 2010. El sentido de la resoluci¨®n ambos tribunales ser¨¢ clave para el futuro de significados dirigentes del PP, con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a la cabeza, y destacados empresarios, entre otros, el omnipresente promotor Enrique Ortiz.

Las escuchas telef¨®nicas realizadas por los agentes de la Brigada de Delitos Econ¨®micos de la Comisar¨ªa de Alicante durante centenares de horas a los l¨ªderes de la trama ocupan el grueso de los m¨¢s de 40.000 folios del sumario.

Un juez anul¨® unas partes las intervenciones y otro las valid¨®

Sobre la base de esas intervenciones, el 6 de julio de 2010 el instructor general del caso, Carlos San Mart¨ªn, extitular del Juzgado n¨²mero 3 de Orihuela orden¨® la operaci¨®n policial clave de la investigaci¨®n, que incluy¨® 19 arrestos y otros tantos registros domiciliarios, entre ellos el del en esa fecha presidente provincial del PP, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz.

El levantamiento del secreto del sumario revel¨® una trama con una veintena de ramificaciones y dos piezas centrales: un supuesto soborno al exl¨ªder del PP por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja por parte de los empresarios Ortiz y Fenoll; y un supuesto ama?o del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Alicante a favor de promotor Ortiz a base de informaci¨®n privilegiada supuestamente facilitada por los alcaldes del PP, Sonia Castedo y Luis D¨ªaz Alperi.

La instrucci¨®n del soborno del plan zonal permaneci¨® bajo la batuta de San Mart¨ªn. Sin embargo, es juez anul¨® el junio de 2011 algunas de las intervenciones pr¨¢cticas a Ripoll, Fenoll y Ortiz. Esta resoluci¨®n, junto a otro serie de errores formales (incluir en la documentaci¨®n facilitada a las partes de esa causa diligencias de la pieza del PGOU a¨²n secretas), ha empantanado la instrucci¨®n de esa sumario.

Las partes, con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n a la cabeza, han apelado a la Audiencia. La secci¨®n 7? con sede en Elche tiene ahora la ¨²ltima palabra. San Mart¨ªn no ha podido superar la presi¨®n medi¨¢tica sobre el caso Brugal y a finales del pasado mes de diciembre dej¨® ese juzgado, por una plaza en otra oficina judicial en Elche.

Ripoll (imputado) y Castedo (acusada) son los principales implicados

El sumario del presunto ama?o del PGOU recay¨® en el Juzgado n¨²mero 5 de Alicante. Su titular, Manrique Tejada, en un auto del pasado mes de octubre, s¨ª dio por validas las escuchas y adem¨¢s observ¨® indicios de delitos en los hechos investigados. No obstante, las defensas de los imputados, entre ellos, el promotor Ortiz y el abogado urbanista, Jos¨¦ Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de la Ciudad, han apelado a la Audiencia. La secci¨®n primera del alto tribunal ser¨¢ la encargada de resolver el recurso.

La instrucci¨®n de este sumario s¨ª ha avanzado en los ¨²ltimos meses. El magistrado ha interrogado a los 18 imputados, y ahora comenzado la prueba testifical. Una vez cerrada la instrucci¨®n, siempre que la Audiencia ratifique su auto sobre la legalidad de las intervenciones, el juez deber¨¢ decidir si ve indicios de delitos en Castedo y Alperi. De resolver en sentido positivo tendr¨¢ que remitir las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que ambos son diputados auton¨®micos y gozan de la condici¨®n de aforados.