La fiscal¨ªa defiende la actuaci¨®n de Garz¨®n porque fue ¡°proporcionada¡±

Los fiscales del Tribunal Supremo Antol¨ªn Herrero y Pilar Valc¨¢rcel han defendido la legalidad de la actuaci¨®n del juez Baltasar Garz¨®n al intervenir las conversaciones a los dirigentes de la trama G¨¹rtel porque su actuaci¨®n fue ¡°proporcionada¡± a la gravedad de los delitos y han pedido al alto tribunal la absoluci¨®n del magistrado.

En su informe, Antol¨ªn Herrero mantuvo que el juez Baltasar Garz¨®n no vulner¨® la ley, ante un vac¨ªo de interpretaci¨®n que da margen al juez para llevar adelante la instrucci¨®n garantizando los derechos de los imputados.

El fiscal dej¨® claro que el acusador Ignacio Pel¨¢ez no fue ¡°expresamente llamado¡± cuando se entrevist¨® en la c¨¢rcel con Crespo y Correa, porque no eran clientes suyos y su cliente, el empresario Jos¨¦ Luis Ulibarri, no estaba preso. Seg¨²n el fiscal, ¡°la condici¨®n de defensor no corresponde a ese letrado y por eso, a ¨¦l, la peculiaridad de las comunicaciones no le ata?e¡±.

En otro momento de su informe, el fiscal reproch¨® a las acusaciones no dejar ¡°t¨ªtere con cabeza¡± al criticar a la Fiscal¨ªa, al Polic¨ªa, a Instituciones Penitenciarias y hasta al Colegio de Abogados.

Seg¨²n Herrero, no se puede hablar de una vulneraci¨®n formal del derecho de defensa, porque no hubo indefensi¨®n material y las escuchas fueron ¡°proporcionadas¡±. ¡°Es mala ¨¦poca para hablar de delincuencia econ¨®mica, de corrupci¨®n, Hay una preocupaci¨®n generalizada en la sociedad¡±, dijo.

El fiscal se?al¨® que la intervenci¨®n de las comunicaciones no est¨¢ ¡°vetada absolutamente y en todo caso¡±. Seg¨²n dijo, quien garantiza el derecho de las partes es el juez, que es quien tiene que decidir qu¨¦ parte de las conversaciones afectan al derecho de defensa.

Al concluir su informe, Antol¨ªn Herrero se dirigi¨® a los acusadores: ¡°Lamento¡±, dijo, ¡°que los letrados intervinientes tengan tantas dudas sobre el Estado de Derecho¡±.

La fiscal del Supremo Pilar Valc¨¢rcel insisti¨® en que no hay una regulaci¨®n que proh¨ªba expresamente las escuchas a abogados, ni siquiera una regulaci¨®n de las comunicaciones en general, salvo lo que han desarrollado el Tribunal Supremo y el Constitucional. En otros pa¨ªses, entre los que cit¨® a Italia, Suecia, y Estados Unidos, se regulan expresamente lo supuestos de intervenci¨®n de las comunicaciones de los letrados defensores con los presos.

La fiscal se?al¨® que el ¨²nico proyecto de ley que existe en esta materia fue uno que present¨® el Grupo Popular, que regula expresamente esos supuestos y no se establece prohibici¨®n de las comunicaciones. Tambi¨¦n dijo que el TEDH admiti¨® en dos sentencias de 2005 y 2007 la intervenci¨®n de comunicaciones si el juez observa indicios de delito.

Pilar Valc¨¢rcel indic¨® que tambi¨¦n ha habido investigaciones judiciales en casos que no son de terrorismo en los que se han intervenido las comunicaciones entre presos y abogados. En ese sentido, cit¨® los casos de Marta del Castillo y el del narcotraficante Pablo Vioque, en los que se autorizaron el mismo tipo de escuchas que han llevado a Garz¨®n al banquillo de los acusados. Los indicios contra Correa y Crespo justificaban las escuchas de las conversaciones y los abogados solo eran el sujeto pasivo.