300 presos del franquismo buscan en Argentina la anulaci¨®n de sus juicios

¡°Contra la impunidad del franquismo¡±, reza la pancarta. La colocan tres hombres canosos en el escenario del instituto de secundaria Lope de Vega. Es la puesta de largo de la asociaci¨®n La Comuna, integrada por opositores encarcelados desde los a?os sesenta hasta 1977. Agrupa a cerca de 300 personas que pertenecieron a organizaciones de izquierda ¡ªLiga Comunista Revolucionaria, ETA VI Asamblea, Partido del Trabajo de Espa?a, Organizaci¨®n Revolucionaria de Trabajadores, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y diversos partidos comunistas, incluido alg¨²n militante del PCE¡ª. Una mezcla de viejos trotskistas, marxistas-leninistas, mao¨ªstas, anarquistas... que colmaba ayer en Madrid un sal¨®n de actos escolar para emprender la batalla contra el ¡°punto final¡± que supuso la Ley de Amnist¨ªa de 1977 y el ¡°desamparo¡± en que les deja la Ley de Memoria Hist¨®rica de 2007.

Los ¡°represaliados¡± ¡ªcomo los define desde la tribuna Manuel Blanco Chivite, militante del FRAP condenado a muerte en 1975¡ª tienen m¨¢s esperanzas en la justicia argentina que en la espa?ola. De ah¨ª que se apresten a reunir papeles para hac¨¦rselos llegar a la juez que, amparada en la justicia universal, investiga en Buenos Aires la represi¨®n franquista desde 1939 hasta junio de 1977. ¡°Queremos pedir all¨ª la justicia que aqu¨ª se nos niega¡±, explica uno de los impulsores de La Comuna, Jos¨¦ Mar¨ªa, Chato, Galante, ex dirigente de la LCR.

Somos v¨ªctimas que hemos desaparecido porque no se ha querido se?alar a los verdugos" Jos¨¦ Mar¨ªa, Chato, Galante

¡°Hemos estado en la c¨¢rcel por luchar contra Franco. Reivindicamos una ¨¦poca que no aparece, porque da la sensaci¨®n de que la represi¨®n acab¨® a comienzos de los a?os sesenta y no fue as¨ª. Entonces fue cuando empez¨® el Tribunal de Orden P¨²blico¡±, detalla Galante a EL PA?S. El TOP juzg¨® a 8.943 personas por delitos pol¨ªticos. El 78% resultaron condenados a un total de 10.146 a?os, 18.870 meses y 4.758 d¨ªas de condena, pero hubo unos 50.000 afectados si se suman los detenidos e investigados, enumera en r¨¢pido inventario.

Este tribunal juzg¨® los delitos pol¨ªticos ¡ªincluidas las injurias contra el jefe del Estado, que llegaron a costar 10 a?os de c¨¢rcel¡ª entre 1963 y 1977. Sustituy¨® a los consejos de guerra militares, limitados desde entonces a casos considerados como terrorismo y pr¨®digos en penas de muerte. Muertes hubo tambi¨¦n sin tribunal mediante: 214 a manos del aparato del Estado y de la ultraderecha entre 1962 y 1981, seg¨²n el recuento de La Comuna ¡ªlleva este nombre en recuerdo de las comunas que organizaban los presos pol¨ªticos para compartir, sobre todo comida y libros, en las c¨¢rceles de la dictadura¡ª. ¡°En Espa?a ha habido terrorismo institucional y de Estado, no solo de ETA¡±, concreta ante el auditorio V¨ªctor D¨ªaz Cardiel, del PCE.

Un bagaje de lucha y represi¨®n que quieren airear frente a las polillas de la historia. ¡°Debe formar parte de la recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica. Somos v¨ªctimas que hemos desaparecido porque no se ha querido se?alar a los verdugos. Ni siquiera se sabe cu¨¢nta gente pas¨® por la c¨¢rcel por oponerse a la dictadura¡±, plantea Galante. ¡°Tan luchadores contra Franco somos nosotros como lo fueron los del maquis, pero mientras estos son ahora h¨¦roes, a otros todav¨ªa les llaman terroristas¡±, tercia en la conversaci¨®n Josefa Mart¨ªnez Sereno, obrera presa casi un a?o en Yeser¨ªas por pertenecer al FRAP. Una mujer, abuela ya, que al pedir el pasaporte hace seis a?os se encontr¨® todav¨ªa ¡°con una vieja orden de b¨²squeda y captura¡±.

Los miembros de La Comuna piden la derogaci¨®n de la Ley de Amnist¨ªa

Adem¨¢s de una investigaci¨®n a fondo sobre la represi¨®n de la ¨¦poca, los miembros de La Comuna piden la derogaci¨®n de la Ley de Amnist¨ªa, que puso a muchos de ellos en la calle. Acabar con aquella ley ¡°de punto final¡±: esa ser¨ªa la puerta para conseguir la anulaci¨®n de sus juicios ¡ªla Ley de Memoria Hist¨®rica solo los declara ¡°ileg¨ªtimos¡±¡ª y, de paso, la persecuci¨®n de los culpables de la represi¨®n franquista, plantean en La Comuna. Porque defienden que lo de aquella ¨¦poca fueron cr¨ªmenes contra la humanidad, que no prescriben, y quieren ver a sus responsables ante la justicia, aunque fuera en Argentina. ¡°Me gustar¨ªa ver en el banquillo a Billy el ni?o [el polic¨ªa Antonio Gonz¨¢lez Pacheco], pero dudo que lo consiga¡±, tercia Mart¨ªnez. ¡°A m¨ª me tortur¨®¡±, lanza ?ngela Guti¨¦rrez Su¨¢rez, funcionaria y antes obrera trotskista presa varias veces.

Ese verbo abre un silencio, una tenaza que solo aflojar¨¢ cuando el grupo que conversa con este diario haya menguado: entonces vuelve aquel polic¨ªa de Vitoria ¡ªluego v¨ªctima reconocida del terrorismo de ETA¡ª que se llevaba un grifo de su casa para introducir el dedo del detenido en ¨¦l e ir apretando en busca de una confesi¨®n; la barra de la DGS en la que se golpeaba a los detenidos, los monos mojados ¡°estilo Guant¨¢namo¡±, el ¡°sadismo¡±...

¡°Las torturas no se pueden pagar. Ni los a?os de c¨¢rcel, pero hay medidas para reparar a un inocente al que se ha metido en prisi¨®n. Como m¨ªnimo, tendr¨ªamos que tener derecho a eso¡±, apunta Sabin Arana, militante en la primera ETA y luego de la VI Asamblea ¡ªtrotskista¡ª, preso durante nueve a?os. Miembro de La Comuna, tambi¨¦n forma parte de otra asociaci¨®n similar en Euskadi, Goldatu (Remover), que abarca hasta la Transici¨®n.

La derogaci¨®n de la Ley de Amnist¨ªa dar¨ªa paso al derecho a una reparaci¨®n p¨²blica, defienden en La Comuna. Pocos de sus miembros la han conseguido: eran demasiado j¨®venes, seg¨²n la normativa de reparaci¨®n aprobada hasta ahora para los expresos pol¨ªticos. V¨ªctor D¨ªaz Cardiel, de 77 a?os, s¨ª lo logr¨®: 6.000 euros por sus ocho a?os de c¨¢rcel. ¡°Y el 40% se lo llev¨® Hacienda¡±, apostilla con iron¨ªa este veterano del PCE.