El legado oscuro de Camps

La desarticulaci¨®n el jueves pasado en Valencia de una trama dedicada presuntamente a desviar fondos p¨²blicos de ayuda a pa¨ªses pobres puso de relieve la muy anormal situaci¨®n de la comunidad aut¨®noma. En julio de 2011, Francisco Camps abandon¨® la presidencia de la Generalitat por su implicaci¨®n en el caso de los trajes ¡ªuno de los varios de la red G¨¹rtel¡ª, del que qued¨® absuelto. Detr¨¢s de s¨ª dej¨® unas instituciones salpicadas de corrupci¨®n. Son los casos G¨¹rtel, Brugal, Torrevieja, Emarsa, Cooperaci¨®n y Fabra.

Todos afectan al PP, que suma desde hace 16 a?os casi todo el poder institucional valenciano. Todos los implicados fueron confirmados en sus cargos o incluidos en las listas de los ¨²ltimos comicios municipales y auton¨®micos por Camps pese a los graves hechos que se les atribu¨ªan, y ahora les esperan los jueces.

La operaci¨®n contra la trama de cooperaci¨®n internacional, que pudo embolsarse hasta nueve millones destinados a proyectos en ?frica y Am¨¦rica Latina, se sald¨® con 14 detenciones. Entre ellas, las del director general de Cooperaci¨®n, Josep Mar¨ªa Felip, y el subsecretario de Sanidad, Alexandre Catal¨¢, imputados por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, fraude en subvenciones y falsedad documental. Ambos eran hombres de confianza del portavoz parlamentario del PP en las Cortes, Rafael Blasco. El presidente valenciano, Alberto Fabra, los destituy¨® despu¨¦s de su arresto.

La mayor¨ªa de implicados valencianos siguen, sin embargo, en sus puestos. Hoy est¨¢ previsto que declare en el Tribunal Superior valenciano el diputado Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo, alcalde de Torrevieja (Alicante) de 1988 a 2011, sobre el que pesan tres causas. En la primera se le imputa un delito de prevaricaci¨®n en la adjudicaci¨®n de la contrata de basura. Tambi¨¦n est¨¢ imputado por delito electoral, al haber celebrado en mayo de 2011 un acto de campa?a prohibido por la Junta Electoral. La tercera causa se deriva de un formidable pelotazo urban¨ªstico.

Hern¨¢ndez Mateo compr¨® a principios de la pasada d¨¦cada una finca r¨²stica por 180.000 euros. En dos a?os la vendi¨® por 5,6 millones. La juez instructora apreci¨® indicios de tr¨¢fico de influencias y uso de informaci¨®n privilegiada en la operaci¨®n.

A 50 kil¨®metros de all¨ª, en Alicante, se investiga el caso Brugal, en el que est¨¢ imputado por cinco delitos el expresidente de la Diputaci¨®n Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll. Las pesquisas apuntan a que Ripoll acept¨® un soborno de 1,3 millones de euros por adjudicar el servicio de la basura. La contrata fue adjudicada a una uni¨®n de empresas participada por el constructor Enrique Ortiz.

La supuesta connivencia de este empresario con los pol¨ªticos locales se repite en otra pieza de Brugal: el presunto ama?o del plan urbano de Alicante. Anticorrupci¨®n acusa en ella a la alcaldesa, Sonia Castedo, y a su predecesor, Luis D¨ªaz Alperi, de cohecho, tr¨¢fico de influencias y uso de informaci¨®n privilegiada. Se espera que el juzgado remita en breve la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano, dado que ambos son aforados.

El jurado eximi¨® a Camps y al diputado Ricardo Costa del delito de cohecho impropio, una absoluci¨®n recurrida por los socialistas. Los supuestos regalos del caso de los trajes eran, en todo caso, la pieza menor de la aparente actividad corrupta de la trama G¨¹rtel en Valencia. La principal causa est¨¢ abierta por financiaci¨®n ilegal: el presunto pago de actos electorales del PP por empresas de obra p¨²blica; y por cohecho y prevaricaci¨®n, en la adjudicaci¨®n a Orange Market del pabell¨®n valenciano en Fitur de 2005 a 2009.

La lista de imputados incluye a las c¨²pulas de Camps en el Gobierno y el partido: Costa; el exvicepresidente Vicente Rambla; la expresidenta de las Cortes valencianas Milagrosa Mart¨ªnez; el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret; la directora de promoci¨®n de Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars; el vicesecretario de Organizaci¨®n del PPCV, David Serra; la tesorera, Yolanda Garc¨ªa; el extesorero nacional Luis B¨¢rcenas, y otros.

Con una relaci¨®n de imputados menos conocida pero con un grado de pillaje mayor, se investiga el caso Emarsa. La sociedad p¨²blica que depuraba el agua de Valencia fue exprimida hasta la quiebra haci¨¦ndole pagar por servicios y suministros falsos. Mientras, sus responsables cargaban a su costa la compra de joyas, relojes de lujo, viajes de placer y noches de hotel con misteriosas traductoras rumanas. El juez estima el desfalco en 25 millones de euros. El esc¨¢ndalo ha hecho dimitir al expresidente de Emarsa Enrique Crespo de sus cargos de alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputaci¨®n de Valencia. Y mantiene imputadas a otras 26 personas, varias de ellas cercanas a la alcaldesa Rita Barber¨¢.

El inventario valenciano de casos de corrupci¨®n lo cierra el imputado m¨¢s antiguo de todos, Carlos Fabra. El expresidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n est¨¢ acusado desde 2003 de cohecho y tr¨¢fico de influencias por cobrar presuntamente comisiones para facilitar tr¨¢mites ante la Administraci¨®n, y de varios delitos fiscales por el vertiginoso incremento de su patrimonio. El veterano pol¨ªtico, que a¨²n mantiene la presidencia provincial del partido, podr¨ªa ser juzgado este a?o.