El lugar de la verdad, la justicia y la reparaci¨®n

Est¨¢n frescas a¨²n las palabras del Tribunal Supremo por las que, en forma de sentencia, se me ¡°absolv¨ªa¡±, despu¨¦s de casi dos a?os de suspensi¨®n de funciones debido en gran parte a injustificadas paralizaciones del proceso, de un supuesto delito de prevaricaci¨®n por haber intentado investigar, y que lo hicieran otros jueces territorialmente competentes, los cr¨ªmenes del franquismo como cr¨ªmenes contra la humanidad. Esta investigaci¨®n no deber¨ªa quedar enterrada como lo est¨¢n m¨¢s de 100.000 personas desaparecidas en los campos espa?oles, cuyos restos recuerdan la dignidad de quienes exigen justicia, frente a la indignidad de quienes lo hicieron y la indiferencia de quienes permiten que la justicia siga ausente, asumiendo la verg¨¹enza internacional del olvido y el silencio.

Aquella sentencia, en alguno de sus renglones, alude a la leg¨ªtima aspiraci¨®n de las v¨ªctimas a saber lo que sucedi¨®, c¨®mo y por qu¨¦, pero considera que la verdad hist¨®rica no es del mundo de la justicia y con ello desconoce el derecho humano de las mismas a la verdad, la justicia y la reparaci¨®n, y da la espalda a la comunidad internacional que, en materia de derechos humanos, establece exactamente el principio contrario. Con esta decisi¨®n, de hecho, tales derechos han quedado arrinconados y destruidos, y las v¨ªctimas escasamente compensadas al permit¨ªrseles algunos testimonios conmovedores en el juicio seguido contra m¨ª; pero incluso eso ha tenido que ser cuestionado por un voto particular ejemplo de lo que la justicia no puede ni debe ser en un marco democr¨¢tico y de derecho.

El auto de la misma sala del pasado 29 de marzo (dictado, entre otros, por el magistrado Luciano Varela y el presidente Juan Saavedra, que mantuvieron, insistentemente, mi supuesto actuar delictivo por intentar investigar los cr¨ªmenes del franquismo y proteger a las v¨ªctimas) resuelve la competencia en favor de los jueces de instrucci¨®n territoriales para la apertura de las fosas y recuperaci¨®n de los cuerpos, algo que qued¨® perfectamente claro y di¨¢fano en mi resoluci¨®n de inhibici¨®n de 26 de diciembre de 2008, que ni siquiera mencionan. Visto el tenor de aquella resoluci¨®n (¡°... en presencia de indicios objetivables de la existencia de restos de posibles v¨ªctimas de delitos susceptibles de localizaci¨®n (sic) ¡ªsalvo cuando de la propia noticia contenida en la denuncia o querella se derive la inexistencia de responsabilidad penal actualmente exigible (sic)¡ª pueda instarse del juez de instrucci¨®n competente, seg¨²n el art¨ªculo 14,2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la pr¨¢ctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificaci¨®n de los afectados¡±), no garantizan, ni siquiera el supuesto m¨ªnimo de reparaci¨®n al no exigir, como deber¨ªan, la realizaci¨®n de aquel derecho indiscutible y universal de las v¨ªctimas, limit¨¢ndose a citar normas internacionales que, de hecho, no aplican.

La falsedad en la que vivimos respecto de los cr¨ªmenes ha sido potenciada por la sentencia del Supremo

En todo caso, quedan otras v¨ªas para que se reconozca el derecho actual a la justicia a las v¨ªctimas, como son las del Comit¨¦ de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ning¨²n caso el olvido puede ser el resultado. No mientras queden fuerzas a quienes consideramos que la respuesta judicial es un derecho de las v¨ªctimas que no puede eliminarse por razones de oportunidad o un mal entendido principio de legalidad que obligar¨ªa exactamente a lo contrario, es decir, a satisfacer m¨ªnimamente aquel derecho.

Tampoco debe olvidarse que en nuestra Constituci¨®n est¨¢ regulado el derecho de iniciativa legislativa en el art¨ªculo 87 que prev¨¦ la posibilidad de que los ciudadanos/as puedan impulsar la aprobaci¨®n de leyes, como ser¨ªa la que regulara la creaci¨®n y desarrollo de una Comisi¨®n de la Verdad, por encima de las opiniones de los predicadores de la intolerancia y el desastre y asumiendo una realidad a todas luces imposible de ocultar: la falta de respuesta desde el Estado por la desaparici¨®n de m¨¢s de 150.000 personas entre 1936 y 1951 en Espa?a como consecuencia directa de la represi¨®n franquista, hiciera un trabajo serio y exhaustivo y diera respuesta a todos los interrogantes que a¨²n penden sobre ese periodo de nuestra historia reciente.

La Transici¨®n no abord¨® ninguno de los temas relacionados con los cr¨ªmenes franquistas y su sanci¨®n, ni se habl¨® de verdad, justicia o reparaci¨®n. La falsedad en la que vivimos respecto de aquellos cr¨ªmenes ha sido potenciada ahora por la sentencia del Tribunal Supremo que habla de la dificultad de compaginar los principios del sistema penal de enjuiciamiento con ¡°la declaraci¨®n de la verdad hist¨®rica de un hecho tan poli¨¦drico como el de la Guerra Civil y la subsiguiente posguerra¡±.

?Acaso el actual Gobierno ha mostrado inter¨¦s en aplicar hasta sus ¨²ltimas consecuencias la raqu¨ªtica ley de la Memoria Hist¨®rica?

Realmente es dif¨ªcil asumir que la dictadura franquista fuera algo diferente de una pura y dura dictadura, y que a la falta de derechos, la persecuci¨®n, el asesinato, la desaparici¨®n, la sustracci¨®n de menores a sus leg¨ªtimas familias y la tortura contra miles de personas, se les denomine ¡°hecho poli¨¦drico¡±, pero m¨¢s dif¨ªcil todav¨ªa es, tratar de explicarlo fuera de Espa?a. Ni los m¨¢s benevolentes lo entienden. ?Acaso se investigaron aquellos cr¨ªmenes o ha existido voluntad de investigarlos despu¨¦s, hasta el intento frustrado del juez que fue formalmente acusado y juzgado por ello? ?Acaso una ley de amnist¨ªa se puede aplicar gen¨¦ricamente sin determinaci¨®n de autores ni de hechos y hacerlo adem¨¢s para amparar cr¨ªmenes contra la humanidad? ?Acaso se ha permitido la investigaci¨®n que se propon¨ªa sobre los perpetradores vivos? ?Acaso el actual Gobierno ha mostrado alg¨²n inter¨¦s en aplicar hasta sus ¨²ltimas consecuencias la raqu¨ªtica Ley de Memoria Hist¨®rica? ?Acaso tiene alguna justificaci¨®n que se persiga a las v¨ªctimas por manifestarse ante el Tribunal Supremo en demanda de justicia? Son cuestiones, cuyo simple planteamiento demuestra que la epidermis de muchos pol¨ªticos espa?oles y de una parte considerable de la sociedad es gruesa e impermeable para estos ¡°temas menores¡±.

Despu¨¦s de lo sucedido en noviembre de 2011, el panorama conservador de Espa?a, las opiniones y decisiones que cuestionan avances democr¨¢ticos evidentes y que van en contra de una opci¨®n vertebradora de la sociedad civil, son abundantes e inquietantes.

Bajo el paraguas de la crisis y la necesidad de salir de ella, se est¨¢n orillando intencionadamente cuestiones cuyo planteamiento y soluci¨®n afectan a la propia esencia de la convivencia democr¨¢tica. La tendencia, claramente manifiesta ya, de obviar f¨®rmulas alternativas de salida de la propia crisis, basadas en el crecimiento y no en los recortes; permitir el deterioro de la ense?anza y la cobard¨ªa institucional para afrontar una reforma que todos demandan; asumir la vaciedad del discurso pol¨ªtico, que, huyendo del an¨¢lisis de fondo, se queda en la descalificaci¨®n y el insulto; huir de la reforma en profundidad de la justicia, que la haga verdaderamente transparente y eficaz; renunciar al cambio de modelo de participaci¨®n ciudadana, que obligue a los representantes a ganarse el puesto m¨¢s all¨¢ de las estructuras burocr¨¢ticas de los partidos; amparar la lenidad en la persecuci¨®n de la corrupci¨®n, que ha hecho, junto con la falta de compromiso de la clase pol¨ªtica, que nos encontremos en una situaci¨®n econ¨®mica comatosa; destruir la cooperaci¨®n internacional que aleja a Espa?a de lo que siempre le dio fuerza en el mundo; imponer un modelo econ¨®mico que hunde a los trabajadores y exige demasiado poco a los causantes del desastre; o propiciar la negaci¨®n de la memoria, la justicia y la reparaci¨®n a las v¨ªctimas, que coloca a Espa?a en el furg¨®n de cola de los pa¨ªses democr¨¢ticos, son ejemplos que demuestran la degradaci¨®n del nivel ¨¦tico en un pueblo, auspiciado desde las propias instituciones con discursos fatuos y enga?osos y que evidencian la necesidad de que un verdadero y definitivo cambio de paradigmas se produzca.

Es hora de dinamizar a todos los/as que todav¨ªa sienten la necesidad de comprometerse en la leg¨ªtima lucha para superar el modelo de sociedad adormecida en favor del que representa una sociedad din¨¢mica, solidaria y comprometida con la consolidaci¨®n de aquellos valores de transparencia, participaci¨®n, recuperaci¨®n ¨¦tica y defensa de los d¨¦biles, combatiendo a quienes, desde la soberbia y la negaci¨®n, quieren imponer un modelo fracasado y obligar a mantener el m¨¢s ominoso silencio.

La Comisi¨®n de la Verdad deber¨ªa acoger los testimonios de las v¨ªctimas, de los causantes del dolor y de los expertos

La Comisi¨®n de la Verdad sobre los cr¨ªmenes franquistas, que se propone, deber¨ªa, con un car¨¢cter integrador e independiente, acoger los testimonios no solo de las v¨ªctimas que a¨²n viven y que arrastran sus maltrechos cuerpos reivindicando con entereza y valor su derecho a ser o¨ªdas, en demanda de una respuesta del Estado, hasta ahora inexistente, sino tambi¨¦n los testimonios de los que causaron el dolor y de los expertos. Y, con todo ello, contribuir, a trav¨¦s de sus conclusiones, a fijar, no solo la verdad hist¨®rica, sino la reparaci¨®n personal y colectiva que se debe a las v¨ªctimas. Con ello se conseguir¨ªa cerrar definitivamente la herida que a¨²n sigue abierta y divide a los espa?oles/as.

Una sociedad se fortalece a s¨ª misma reconociendo lo que aconteci¨® en un momento dram¨¢tico de su historia, as¨ª como los hechos que propiciaron su ruptura y la sumisi¨®n a la voluntad del dictador. Y, en este sentido, no son el silencio y el olvido, ni la impunidad surgida de esa imp¨²dica uni¨®n, los que deben prevalecer en la memoria de un pueblo, sino las decisiones que hicieron posible, la verdad, la justicia y la reparaci¨®n de quienes sufrieron la represi¨®n y el dolor por parte de quienes ten¨ªan la obligaci¨®n de protegerles y no lo hicieron.

Las generaciones que vivimos el franquismo le debemos este esfuerzo a los que no lo conocieron y no saben el precio que se pag¨®

La b¨²squeda de 500.000 firmas para hacer la petici¨®n al Congreso es el m¨ªnimo ¨¦tico que debe mover a un pueblo para reencontrarse con la dignidad que otros le robaron y debe ser la piedra de toque para comprobar hasta d¨®nde estamos preparados para afrontar con firmeza los tiempos dif¨ªciles que nos han tocado vivir, en forma diferente a la del seguidismo que otros nos marcan. Las generaciones que vivimos, en todo o en parte, el franquismo, le debemos este esfuerzo a los que no lo conocieron y que a¨²n no saben el precio que se pag¨®, ni pueden valorar la p¨¦rdida de dignidad que supone la indiferencia de la que se hace gala con demasiada frecuencia.

El juez sudafricano Richard Goldstone, que en 1991 firm¨® el informe sobre la violencia en su pa¨ªs, declar¨® en 1999, en referencia a la Comisi¨®n de la Verdad y Reconciliaci¨®n de Sud¨¢frica: "Cada pa¨ªs tiene que enfrentar su propia historia y tiene que decidir qu¨¦ tipo de justicia quiere, pero es un error terrible el de aquellos pa¨ªses que han tratado de olvidar su historia, su pasado, porque cuando eso sucede, y la gente simplemente sigue adelante con su vida es cuando la venganza y el odio aparecen".

Una Comisi¨®n de la Verdad en Espa?a es necesaria y si quienes tienen la obligaci¨®n de construirla y desarrollarla no lo hacen, tendr¨¢ que ser la misma sociedad la que la impulse para recuperar esa dignidad que las v¨ªctimas nunca perdieron y poder construir un futuro que se sienta en paz con el pasado y que no se apoy¨¦ en decenas de miles de cad¨¢veres a la espera de que la historia se repita.

Cuando la presentaci¨®n de firmas en el Congreso se produzca, espero y deseo que su presidente, que tanto boato y trascendencia dio a la propuesta taurina de hace unos d¨ªas, reciba con honores de Estado a las v¨ªctimas que acudan a depositar aquella iniciativa y les ofrezca su apoyo incondicional como representante de la soberan¨ªa popular, para dar prioridad a una demanda, cuya realizaci¨®n, am¨¦n de ser justa, nos reconciliar¨ªa verdaderamente a todos.