El Supremo pide a Gallard¨®n refuerzo para recaudar 4.000 millones de pleitos

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo recaud¨® durante 2011 casi 1.700 millones de euros en ingresos directos por sentencias ¡°plenamente favorables¡± a la Administraci¨®n p¨²blica en distintos litigios fiscales. El resultado fue mucho mayor al de otros ejercicios gracias al plan de actualizaci¨®n y puesta al d¨ªa de la sala iniciado en julio de 2010, cuando los jueces denunciaron que hab¨ªa 6.000 millones de euros bloqueados en litigios que ten¨ªa que tramitar una instancia del Tribunal Supremo paralizada debido al atasco judicial.

?El presidente de la Sala, Jos¨¦ Manuel Sieira, ha pedido ahora al ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallard¨®n, que prorrogue hasta diciembre el plan de actualizaci¨®n y refuerzo de personal previsto inicialmente hasta junio de este a?o para conseguir poner la sala ¡°al d¨ªa¡±, reduciendo al n¨²mero de asuntos a un nivel en el que se pueda trabajar ¡°sin agobios¡±.

La cifra aportada a las arcas del Estado en el a?o 2011 por la Secci¨®n que se encarga de Derecho Tributario duplica las previsiones m¨¢s optimistas formuladas por el magistrado Jos¨¦ Manuel Sieira el pasado noviembre en un encuentro abierto con los medios de comunicaci¨®n.

Entonces, Sieira dijo que, a la vista de los 322 millones de euros generados en los cinco ¨²ltimos meses de 2010, en una anualidad podr¨ªa llegarse ¡°a los 700 u 800 millones de euros¡± de recaudaci¨®n por sentencias firmes favorables a la Administraci¨®n p¨²blica.

Sin embargo, esta cifra se ha visto ampliamente superada por los 1.671.582.490 euros generados en 2011, y el presidente de la Sala de lo Contencioso cree que de mantenerse el refuerzo de magistrados y letrados, podr¨ªa repetirse la cifra en el presente a?o de 2012.

En la apertura del a?o judicial de 2009, el reci¨¦n designado presidente del Tribunal Supremo, Carlos D¨ªvar, dispar¨® las alarmas al revelar que la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ten¨ªa bloqueados 6.000 millones de euros en litigios pendientes (un bill¨®n de las antiguas pesetas), fondos que no revert¨ªan en el circuito econ¨®mico, bloqueaban m¨²ltiples expectativas y ¡°pod¨ªan tener incidencia directa en la econom¨ªa nacional¡±.

Cada magistrado de la Sala Tercera pone a la semana cinco sentencias

Desde entonces, la reducci¨®n de esa bolsa de asuntos pendientes para desbloquear esos fondos constituye el objetivo prioritario de la Sala de lo Contencioso del Supremo.

En la actualidad, seg¨²n las fuentes consultadas por EL PA?S, las cantidades en litigio en la Secci¨®n Tercera del Tribunal Supremo que se encarga de las cuestiones fiscales se han reducido de los 6.000 millones estimados por D¨ªvar a poco m¨¢s de 4.000 millones de euros (4.016.188.716 euros), cifra que podr¨ªa quedar reducida a casi a la mitad si a finales de 2012 se mantienen las expectativas.

Esos 4.000 millones de euros son los que se ventilan en los 2.265 litigios pendientes en materia tributaria entre la Administraci¨®n General del Estado, las comunidades aut¨®nomas, las Administraciones locales y forales y los contribuyentes en desacuerdo con el cobro de esos impuestos que recurrieron al Tribunal Supremo.

Hay 2.265 litigios pendientes sobre impuestos con las Administraciones

En algunos de estos litigios se ventilan decenas de millones de euros, pero los de cuant¨ªa m¨¢s elevada, por valor de 103 y 104 millones de euros, respectivamente, corresponden a sendos recursos interpuestos por el BBVA contra la Administraci¨®n del Estado contra sanciones tributarias, seg¨²n datos recabados en el alto tribunal.

El Supremo y el Ministerio de Justicia suscribieron en enero de 2011 un nuevo plan de actualizaci¨®n por el que se incorporaron al Gabinete T¨¦cnico del Tribunal Supremo 19 magistrados y nueve letrados, como refuerzo de los 33 magistrados y seis em¨¦ritos de la plantilla. Desde entonces se ha reducido sensiblemente la bolsa de atraso en la Sala Tercera, por lo que el presidente Sieira ha solicitado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, que prorrogue el refuerzo de personal hasta, al menos, el pr¨®ximo mes de diciembre.

En julio de 2010 hab¨ªa pendientes de sentenciar 11.300 asuntos, que se han reducido en torno a los 7.200 a 1 de abril de 2012. Dado que en la Sala de lo Contencioso Administrativo entran actualmente un total de 8.000 asuntos al a?o, al ritmo actual de reducci¨®n de 300 a 500 asuntos mensuales, las previsiones apuntan a que en diciembre de este a?o la cifra pendiente se sit¨²e en torno a los 4.000 o 4.500 recursos, cifra con la que la Sala Tercera se pondr¨ªa ¡°al d¨ªa¡±.

La productividad es del doble de la de cualquier otra sala del Supremo

Por ponerse ¡°al d¨ªa¡± se entiende que los recursos que entran en la Sala de lo Contencioso no tardan, por t¨¦rmino medio, m¨¢s de un a?o en resolverse. Una cifra que permitir¨ªa a los magistrados trabajar ¡°sin agobios¡±.

En la actualidad, un magistrado de la Sala Tercera pone a la semana un promedio de cinco sentencias, el doble, por t¨¦rmino medio, que cualquier otro magistrado del Tribunal Supremo.

Con el sistema de trabajo implantado, los magistrados que trabajan sus ponencias en solitario ponen alrededor de tres sentencias a la semana, mientas que los grupos de trabajo en equipo ¡ªintegrados por un magistrado y un letrado del Gabinete T¨¦cnico, dirigidos por un magistrado de la Sala¡ª dictan alrededor de seis en el mismo periodo.

Con la Sala ¡°al d¨ªa¡±, los magistrados podr¨¢n centrarse en validar una jurisprudencia que sirva de gu¨ªa a los dem¨¢s tribunales y centrarse en las cuestiones que afectan al n¨²cleo del Estado dejando a los Tribunales Superiores de las comunidades aut¨®nomas la interpretaci¨®n de las restantes normas.

El plan del ¨²ltimo a?o permite una reducci¨®n sin precedentes

El Gobierno, que deber¨¢ decidir si prorroga ese refuerzo especial en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ha decidido aplicar durante los pr¨®ximos ocho meses una especie de amnist¨ªa fiscal para los defraudadores que quieran hacer una ¡°declaraci¨®n tributaria especial¡±.

A cambio de pagar un 10% de la cantidad que pretendan legalizar, los defraudadores se librar¨¢n del delito que, caso de haberse descubierto la evasi¨®n de impuestos que cometieron, les habr¨ªan imputado los Tribunales de Justicia previo estudio de la Agencia Tributaria.