El Gobierno replica las objeciones a la Ley de Transparencia

Si todo marcha como est¨¢ previsto, la ley de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica y Buen Gobierno llegar¨¢ al Congreso al final de este per¨ªodo de sesiones. No ser¨¢ hasta la vuelta del verano cuando los grupos pol¨ªticos y las organizaciones y expertos que han exigido con m¨¢s fuerza la ley debatan su contenido. Por ahora, los principales puntos de desacuerdo son estos:

? Transparencia de la ley. La Coalici¨®n Pro Acceso, una plataforma que engloba a 59 organizaciones ha se?alado la paradoja de tramitar con opacidad una ley que debe instalar la transparencia en las instituciones. Se refieren sobre todo a la negativa del Gobierno a dar a conocer las 3.600 sugerencias que los ciudadanos hab¨ªan hecho a la ley en una consulta p¨²blica en Internet en abril. Fuentes del Ministerio de la Presidencia aseguran que la consulta fue transparente: ¡°Durante 10 d¨ªas, cerca de 80.000 ciudadanos participaron en el proceso, realizando m¨¢s de 3.500 aportaciones que se tradujeron en una quincena de modificaciones. No vamos a hacerlas p¨²blicas de la misma forma que ning¨²n ministerio hace p¨²blica la correspondencia que recibe con las propuestas para incluir o cambiar las normas de su actividad sectorial¡±. Las organizaciones no entienden por qu¨¦ no pueden ser publicadas sin incluir los datos personales.

? Una agencia independiente. Las organizaciones opinan que la agencia que se encargar¨¢ de vigilar el cumplimiento de la ley no ser¨¢ independiente, pues depender¨¢ del Ministerio de Hacienda. El Gobierno dice que la Agencia dispondr¨¢ de un rango institucional id¨¦ntico al de la Agencia de Protecci¨®n de Datos.

? Limitaciones a la ley. Ninguna de las dos partes dice que no haya que poner l¨ªmites a la transparencia. El problema es que, seg¨²n las organizaciones, hay demasiadas excepciones sobre las que adem¨¢s no se puede recurrir ante la Agencia de Transparencia. El Gobierno dice que no es cierto que haya limitaciones que impidan la v¨ªa del recurso. ¡°Existe una v¨ªa administrativa y, agotada esta, la v¨ªa judicial¡±. Eso es lo que critica por ejemplo la ONG Acces Info, que lleva cuatro a?os pidiendo por v¨ªa judicial al Ministerio de Defensa varios datos como el n¨²mero de miembros de las tropas espa?olas que han sido tratados por traumas post-conflicto en cada uno de los cuatro ¨²ltimos a?os y el coste del tratamiento.

? ?Un derecho fundamental? Pr¨¢cticamente todos los expertos, ONG y organismos internacionales que han opinado y publicado informes sobre las leyes de transparencia consideran que el acceso a la informaci¨®n debe ser considerado un derecho fundamental. El Gobierno entiende que no es as¨ª. ¡°La ¨²nica referencia contenida en la Constituci¨®n Espa?ola al derecho de acceso a la informaci¨®n es la que se realiza en el art¨ªculo 105, que no forma parte del T¨ªtulo constitucional en el que se enumeran los derechos fundamentales. Los T¨ªtulos I y II del Anteproyecto de Ley regulan un derecho constitucional que para este Gobierno tiene la m¨¢xima importancia. Para nosotros este tema tiene una importancia jur¨ªdica relativa. Para regular la transparencia no consideramos necesario cambiar la Constituci¨®n¡±. Las organizaciones tampoco. Consideran que solo ser¨ªa necesario vincularlo al derecho a la libertad de expresi¨®n, que s¨ª es un derecho fundamental.