Indignaci¨®n en la Audiencia por la reducci¨®n de escoltas para jueces y fiscales
Mantienen guardaespaldas el fiscal jefe y los presidentes de la Audiencia y de la Sala Penal Interior afirma que 1.010 agentes dejar¨¢n de realizar escoltas y pasar¨¢n a seguridad ciudadana Los cargos protegidos pasan de 613 a 333, seg¨²n el ministerio
De escoltas para todos a ning¨²n tipo de protecci¨®n personal. Interior ha evaluado caso por caso y ha llegado a la conclusi¨®n de que, tras el cese de los atentados de ETA y con los recortes que impone la crisis econ¨®mica, el enorme despliegue de guardaespaldas que hasta ahora velaban por la seguridad de jueces y fiscales de los tribunales m¨¢s importantes ha dejado de tener sentido. La medida ha generado malestar entre los afectados, que consideran la decisi¨®n precipitada y sorpresiva, si bien el ministerio ya anunci¨® en marzo que se dispon¨ªa a reducir los escoltas.
La eliminaci¨®n de esta protecci¨®n personal ha afectado sobre todo a la Audiencia Nacional, el tribunal que juzga los casos de terrorismo. Todos sus magistrados, los seis jueces centrales de instrucci¨®n y los fiscales dejar¨¢n de tener asignados cuatro polic¨ªas ¡ªen turnos de dos¡ª y el coche oficial. A salvo quedan el presidente de la Audiencia, ?ngel Juanes; el de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal jefe, Javier Zaragoza; el teniente fiscal, Fernando Burgos, y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, Jos¨¦ Luis de Castro.
En el Tribunal Supremo, la supresi¨®n de escoltas tambi¨¦n ha sido generalizada. Solo su presidente en funciones, Juan Antonio Xiol; el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y el teniente fiscal, Juan Jos¨¦ Mart¨ªn-Casallo, seguir¨¢n con la misma seguridad que hasta ahora. En el Constitucional, la protecci¨®n queda reducida a su presidente, Pascual Sala.
Donde m¨¢s dr¨¢stica ha sido la reducci¨®n es en el Consejo General del Poder Judicial. Ninguno de los vocales conserva su escolta, ni siquiera su presidente en funciones desde la salida de Carlos D¨ªvar, el conservador Fernando de Rosa. Solo D¨ªvar seguir¨¢ con sus guardaespaldas y el coche oficial ya que, hasta que su dimisi¨®n se publique en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, algo que previsiblemente ocurrir¨¢ el pr¨®ximo s¨¢bado, sigue siendo presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial.
La medida tambi¨¦n afecta a las fiscal¨ªas especiales, como Anticorrupci¨®n y Antidroga. En la primera de ellas, adem¨¢s de su m¨¢ximo responsable, Antonio Salinas, tambi¨¦n contaban con agentes y coche la teniente fiscal, Bel¨¦n Su¨¢rez; las dos fiscales encargadas del caso G¨¹rtel, Concepci¨®n Sabadell y Miriam Segura, y el fiscal que se ha encargado de casos de delincuencia organizada, como la mafia rusa y georgiana, Jos¨¦ Grinda. En Antidroga, la fiscal¨ªa que persigue las grandes redes de narcotr¨¢fico espa?olas, magreb¨ªes y latinoamericanas, solo conserva la protecci¨®n el fiscal jefe, Jos¨¦ Ram¨®n Nore?a.
Interior recuerda que la reducci¨®n de escoltas forma parte de un plan puesto en marcha en marzo. Hasta este lunes, las personas que ten¨ªan acompa?amiento policial ¡ªno solo jueces y fiscales, tambi¨¦n pol¨ªticos, altos cargos, v¨ªctimas del terrorismo...¡ª eran 613, a las que estaban dedicados 1.308 agentes. Tras evaluar uno por uno el riesgo de cada protegido, el ministerio ha decidido reducirlos en 280, hasta dejarlos en 333, para los que trabajar¨¢n 720 polic¨ªas. Otra de las razones aducidas para la rebaja es que una vez activada la protecci¨®n, no se eliminaba nunca. Ni siquiera cuando el cargo dejaba la tarea que la motiv¨® o disminu¨ªa el riesgo. Ahora quedar¨¢n liberados 588 polic¨ªas y guardias civiles que se dedicar¨¢n a labores de protecci¨®n ciudadana.
La medida, sin embargo, ha creado malestar. Sobre todo en la Audiencia Nacional, donde varios jueces se quejaron en el pleno de la Sala Penal que se convoc¨® este lunes para explicarles la reducci¨®n. Algunos reprocharon que no hubiera existido margen de negociaci¨®n con Interior y de que no se les hubiera permitido acceder a sus an¨¢lisis de riesgo.
La fiscal¨ªa de ese tribunal, que dirige Javier Zaragoza, envi¨® un comunicado en el que recordaba que ETA todav¨ªa no se ha disuelto y posee armas y explosivos. Tambi¨¦n advert¨ªa de que la lucha contra el crimen organizado puede debilitarse debido a la falta de seguridad. Por ¨²ltimo, amenazaba con no aceptar el traslado de los fiscales de la sede central de la Audiencia, en la calle de G¨¦nova, en Madrid, a otras sedes del tribunal mientras se reforma esta. La eliminaci¨®n de escoltas, aseguran los fiscales, conlleva un ¡°incremento del riesgo¡± y ¡°compromete gravemente¡± sus condiciones de trabajo. Estos est¨¢n dispuestos a aceptar un recorte de su protecci¨®n. Pero no su supresi¨®n.
Un total de 1.010 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejar¨¢n de realizar labores de escoltas y pasar¨¢n a desempe?ar tareas de seguridad ciudadana en aplicaci¨®n del programa de reducci¨®n de escoltas que, de forma escalonada, est¨¢ desarrollando el Ministerio del Interior.
As¨ª lo explica el Departamento que dirige Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz a la hora de defender este plan iniciado el pasado mes de marzo y para el que, seg¨²n sostiene el Ministerio, se ha realizado un exhaustivo an¨¢lisis de las actuales situaciones de riesgo y con sus conclusiones ha procedido a reordenar el sector de los escoltas con criterios de racionalidad.
Antes de la aplicaci¨®n del plan, la plantilla de escoltas era de 2.890 efectivos, de los que 2.101 correspond¨ªan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 789 a empresas de seguridad privada (pagadas por la Administraci¨®n General del Estado).
Ahora, con la puesta en marcha del programa, esta plantilla queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a las FCSE y 365 a la seguridad privada. La ejecuci¨®n del plan ha supuesto, por tanto, una reducci¨®n de 424 agentes de seguridad privada y de 1.010 agentes de escolta del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y de la Guardia Civil.
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