Gallard¨®n traslada a las mujeres que aborten la decisi¨®n ¨²ltima
Deber¨¢n justificar el da?o psicol¨®gico tras la tutela de un m¨¦dico Ser¨¢ el ¨²nico supuesto y los plazos se fijar¨¢n seg¨²n las causas Queda por definir si la supervisi¨®n sanitaria ser¨¢ p¨²blica o privada
La carga de la prueba volver¨¢ a repercutir sobre las mujeres que aborten, como en el pasado. Esa es la filosof¨ªa de la reforma que pretende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, aunque en su entorno se prefiere hablar de ¡°responsabilidad¡±. La decisi¨®n ¨²ltima ser¨¢ de la mujer, pero tras pasar de manera preceptiva por la consulta de un m¨¦dico, que supervisar¨¢ la situaci¨®n y aconsejar¨¢ las soluciones, aunque sin poder impedir que se cumpla la voluntad de la embarazada.
El Gobierno de Mariano Rajoy pretende reformar este oto?o la actual ley de plazos (vigente desde 2010 y que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestaci¨®n), pero no para volver a la ley de los tres supuestos impulsada en 1985, que posibilit¨® amplias facilidades tanto durante los mandatos de Ejecutivos socialistas como de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Aquella regulaci¨®n despenalizaba el aborto en caso de violaci¨®n (hasta la semana 12), de taras f¨ªsicas o ps¨ªquicas del feto (hasta la semana 22) y de peligro para la vida de la madre (sin plazo).
El ¨²nico supuesto ahora de la ley Gallard¨®n ser¨¢ el del da?o psicol¨®gico para la mujer, que lo englobar¨¢ todo, incluidos los casos de malformaci¨®n del feto. Est¨¢n por precisar los plazos para los distintos casos y si el m¨¦dico que intervendr¨¢ en la supervisi¨®n ser¨¢ del sistema p¨²blico o privado.
El ministro lleva meses avisando de que no le gusta la actual ley del aborto, reformada por el Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en julio de 2010, conocida como la ley de plazos, mayoritaria en los pa¨ªses m¨¢s desarrollados de Europa hace tiempo y que concede de manera autom¨¢tica y gratuita a las madres el derecho a abortar sin alegar razones ni requerir el consentimiento de un m¨¦dico en las primeras 14 semanas de gestaci¨®n. Una norma que el PP no apoy¨®. Tampoco apoyaron los conservadores la primera ley del aborto en Espa?a, la ratificada por el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez en 1985 y que entonces ya recurri¨® ante el Tribunal Constitucional el diputado de Alianza Popular Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Gallard¨®n, padre del actual ministro.
Muchos diputados y dirigentes del PP, sin embargo, se han sentido c¨®modos durante a?os con la ley de supuestos de 1985. Aznar, de hecho, no la toc¨® durante sus dos mandatos en La Moncloa, en los que se produjeron m¨¢s de 500.000 abortos. Es la posici¨®n a la que aluden en estos d¨ªas de pol¨¦mica algunos dirigentes del PP, como Rafael Hernando o Carlos Floriano, para defender lo que ahora denominan una ley de casos, como el viernes la catalog¨® para no mojarse m¨¢s la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa.
En el programa electoral con el que el PP concurri¨® a las elecciones el pasado mes de noviembre, en la p¨¢gina 108, se fija la posici¨®n del partido sobre el tema: ¡°La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protecci¨®n de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulaci¨®n sobre el aborto para reforzar la protecci¨®n del derecho a la vida, as¨ª como de las menores¡±. Demasiado gen¨¦rico y ambiguo. Lo ¨²nico que precis¨® el viernes Santamar¨ªa fue la conocida reclamaci¨®n del PP a cambiar la opci¨®n que tienen ahora las j¨®venes menores entre 16 y 18 a?os para abortar sin el conocimiento de sus padres.
Los m¨¦dicos har¨¢n un informe sobre cada caso, pero no ser¨¢ vinculante
Pero ahora en el Ministerio de Justicia quieren ir algo m¨¢s lejos. El Ministerio ha encargado un trabajo al respecto a una comisi¨®n de expertos y el ministro ha sacado sus propias conclusiones. Primero avanz¨® el domingo pasado a La Raz¨®n que uno de los supuestos cl¨¢sicos para la interrupci¨®n del embarazo, el de la malformaci¨®n del feto, ser¨ªa eliminado de su reforma. Ante la enorme pol¨¦mica suscitada, no ha querido precisar mucho m¨¢s y se ha negado a entrar en ese debate. Mutismo hasta que los expertos le aclaren algunas dudas que tiene en mente y que tendr¨¢n que resolverse antes de septiembre, para que en oto?o pueda presentar p¨²blicamente su proyecto.
La reforma Gallard¨®n de la ley del aborto fijar¨¢ as¨ª un solo supuesto, el del da?o psicol¨®gico de la madre, para poder abortar. La decisi¨®n ¨²ltima ser¨¢ de la madre, tras pasar de manera preceptiva por la consulta de un m¨¦dico que revisar¨¢ el caso, dar¨¢ la informaci¨®n necesaria, ofrecer¨¢ alternativas y realizar¨¢ su informe. La madre lo tendr¨¢ en cuenta, pero la opini¨®n del facultativo no ser¨¢ definitiva. Es lo que se conoce como el modelo alem¨¢n.
El n¨²mero de semanas en las que se permitir¨¢ la interrupci¨®n del embarazo depender¨¢ del calendario que fijen los expertos como necesario para determinar cient¨ªficamente el tipo de problemas f¨ªsicos, malformaciones que pueda tener el feto en cada caso... No se precisa el mismo tiempo, el mismo n¨²mero de semanas, para detectar un s¨ªndrome de Down que una atrofia muscular o una espina b¨ªfida. Tampoco ser¨¢ igual el plazo si la madre alega razones psicol¨®gicas para no tener el hijo por haber sido v¨ªctima de una violaci¨®n.
Aznar no toc¨® la ley de 1985 durante sus dos mandatos en La Moncloa
Es ah¨ª d¨®nde querr¨ªa fijar el Ministerio el centro de la discusi¨®n, que se ha desbordado. La madre como responsable final que asume si puede o no continuar su ¡°proyecto vital¡± en todos esos casos.
Otro problema a resolver es el de la titularidad del m¨¦dico que intervendr¨¢ en la supervisi¨®n. Si forma parte del servicio p¨²blico, la intervenci¨®n ser¨¢ gratuita y con todas las garant¨ªas de la sanidad estatal. Pero a la afectada podr¨ªa acarrearle problemas, por ejemplo, si le correspondiese en su zona un m¨¦dico no partidario del aborto. Y no est¨¢ claro c¨®mo podr¨ªa entonces cambiar de supervisor. Si el doctor trabajara en una cl¨ªnica privada, la intervenci¨®n supondr¨ªa un coste. Ser¨ªa una especie de privatizaci¨®n del aborto. Y retrotraer¨ªa a las afectadas a los tiempos en los que se peregrinaba en busca de las cl¨ªnicas especializadas m¨¢s permisivas.
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