La ONU no obliga a suprimir el supuesto de malformaci¨®n fetal

Cuando Alberto Ruiz-Gallard¨®n anunci¨® este verano que, con la nueva ley, la malformaci¨®n o minusval¨ªa del feto dejar¨¢ de ser un supuesto legal para poder abortar, aleg¨® que modificar¨ªa esa parte de la ley por convicci¨®n pero tambi¨¦n porque la ONU le ¡°obliga¡± a hacerlo. Explic¨® que la Convenci¨®n de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Espa?a suscribi¨® en 2008, emiti¨® un informe a finales de 2011 en el que ¡°obliga¡± a suprimir el supuesto de aborto por malformaci¨®n, porque lo considera una forma de discriminaci¨®n de las personas discapacitadas.

En realidad, el informe de la ONU, de octubre de 2011, no ¡°obliga¡± a Espa?a: solo le ¡°recomienda¡± que ¡°suprima la distinci¨®n en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente¡±.

Fuentes del Ministerio de Justicia interpretan, sin embargo, que las ¡°recomendaciones¡± del informe s¨ª suponen una ¡°vinculaci¨®n jur¨ªdica para Espa?a¡±. ¡°Es cierto que no es como una directiva de la UE, que hay que aplicarla y punto. Esto es una convenci¨®n de la ONU, no hay previsto un mecanismo de sanci¨®n. Pero, si Espa?a la ha firmado, de alguna manera se est¨¢ comprometiendo a aplicarla. Y lo que dice el informe es que, para cumplir lo que firm¨®, el Gobierno debe hacer esos cambios en su legislaci¨®n que se recomiendan¡±, afirma un alto cargo del ministerio. Recuerda, adem¨¢s, que el Comit¨¦ Espa?ol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) insiste desde hace tiempo en esa misma l¨ªnea.

El informe de la ONU, en todo caso, no solo no contiene una obligaci¨®n tajante sino que lo que viene a decir es que los plazos para abortar un feto sano y uno con malformaci¨®n deben ser iguales, para evitar discriminaci¨®n. Eso podr¨ªa cumplirse eliminando el supuesto de malformaci¨®n pero tambi¨¦n haciendo lo contrario: elevando los plazos de todos los supuestos hasta equipararlos al de la malformaci¨®n (22 semanas actualmente). Es decir, ampliando en la pr¨¢ctica la ley de plazos actual. En eso no se mete la ONU.

El informe incluye adem¨¢s otras ¡°recomendaciones¡± que implicar¨ªan cambios de leyes espa?olas y que el Gobierno no ha dicho por el momento que vaya a asumir. La ONU, por ejemplo, pide a Espa?a que asegure la ¡°participaci¨®n activa¡± de personas discapacitadas en ¨¢mbitos de ¡°adopci¨®n de decisiones a nivel regional¡±; que los discapacitados dejen de necesitar el consentimiento de un tutor para decidir sobre el tratamiento m¨¦dico y que suprima la posibilidad de esterilizaci¨®n forzosa de los discapacitados ¡ªesto s¨ª ha dicho Justicia que lo har¨¢¡ª.

Tambi¨¦n recomienda que el Estado destine ¡°recursos suficientes para garantizar¡± los servicios de asistencia a dependientes y que incluso los ¡°ampl¨ªe¡± para lograr que se dote de ¡°asistentes personales a todas las personas con discapacidad¡±. El Gobierno, muy al contrario, acaba de recortar la ayuda a la dependencia (como pr¨¢cticamente todas las partidas de gasto p¨²blico) y ha paralizado temporalmente el acceso de nuevos dependientes al sistema.