60 organizaciones denuncian las carencias de la Ley de Transparencia

Aunque no es el tema que est¨¦ consiguiendo m¨¢s titulares en esta legislatura, la aprobaci¨®n de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n y Buen Gobierno podr¨ªa causar una revoluci¨®n en todo el sistema. En teor¨ªa, la norma, que a¨²n se est¨¢ tramitando, har¨ªa posible la publicaci¨®n de muchos datos que todav¨ªa est¨¢n fuera del alcance de los ciudadanos y obligar¨ªa a los gobernantes a rendir cuentas ante estos.

Ese objetivo corre el peligro de irse al traste, seg¨²n denuncia en un documento enviado a los diputados la Coalici¨®n Pro Acceso, un grupo de 60 organizaciones y expertos creada en 2006 para promover una legislaci¨®n de acceso a la informaci¨®n. El texto, de 15 p¨¢ginas, pretende llamar sobre los puntos d¨¦biles del Proyecto de Ley antes del 25 de septiembre. En esa fecha se cierra el plazo para presentar las enmiendas, aunque los grupos pol¨ªticos tienen la posibilidad de pedir que se ampl¨ªe.

En el documento, la coalici¨®n recuerda que Espa?a es el ¨²nico pa¨ªs europeo con m¨¢s de un mill¨®n de habitantes que no tiene una norma que obligue a responder las preguntas de los ciudadanos a la administraci¨®n y se?ala que el texto que se va a aprobar est¨¢ por debajo de los est¨¢ndares internacionales marcados por el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos p¨²blicos.

A partir de ah¨ª la Coalici¨®n lanza 20 propuestas o correcciones que pretenden que sean incorporadas en la norma definitiva. Estas son las principales:

La Coalici¨®n Pro Acceso critica que la Agencia de la Transparencia dependa del Ministerio de Hacienda

Un derecho fundamental: El derecho de acceso a la informaci¨®n deber¨ªa reconocerse como un derecho fundamental, seg¨²n la Coalici¨®n. Actualmente, el proyecto de ley lo considera un derecho vinculado al art¨ªculo 105b de la Constituci¨®n sobre acceso a archivos y registros. Lo que las organizaciones quieren es que se vincule a la libertad de expresi¨®n, reconocida en el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n. Eso permitir¨ªa, entre otras cosas, poder recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Una ley con poco alcance: Seg¨²n el documento de la Coalici¨®n, algunas instituciones como los partidos pol¨ªticos, los sindicatos y la Casa Real no se ver¨ªan afectadas por la ley. Las organizaciones argumentan que, puesto que la mayor parte de su financiaci¨®n procede de dinero p¨²blico, han de estar incluidas en la norma. "La rendici¨®n de cuentas de los partidos pol¨ªticos est¨¢ regulada por la ley de financiaci¨®n de partidos pol¨ªticos, que ha demostrado ser ineficaz. Es necesario que la transparencia alcance a estas entidades para que los ciudadanos recuperen su confianza en ellas", asegura el texto.

?Qu¨¦ informaci¨®n tiene el Estado y c¨®mo publicarla?: El Gobierno ha incluido en la ley la obligaci¨®n de publicar cierta informaci¨®n sin que los ciudadanos tengan que solicitarla. La Coalici¨®n Pro Acceso se?ala que el Gobierno deber¨ªa publicar un listado de toda la informaci¨®n que tiene en su poder as¨ª como un inventario de los bienes patrimoniales. Tampoco est¨¢n del todo de acuerdo con que se cree un portal de la Transparencia donde el Gobierno publicar¨ªa toda la informaci¨®n sin un estudio previo sobre la mejor manera de publicarla.

?Demasiadas excepciones?: La Coalici¨®n est¨¢ de acuerdo con la mayor¨ªa de las excepciones que se recogen en el art¨ªculo 11 de la ley y considera que se ajustan a los est¨¢ndares internacionales. Este art¨ªculo se?ala que el derecho de acceso a la informaci¨®n ser¨¢ restringido cuando suponga un perjuicio para cuestiones como la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores o los intereses econ¨®micos o comerciales entre otros asuntos. Sin embargo, la Coalici¨®n explica que la ley pone demasiados l¨ªmites a la informaci¨®n que se encuentra en curso de elaboraci¨®n o las notas, los borradores y los informes internos. Acceder a esa informaci¨®n es necesario, seg¨²n los expertos, para conocer como est¨¢n actuando los poderes p¨²blicos.

Una organizaci¨®n independiente: La ley prev¨¦ la creaci¨®n de una Agencia Estatal de Transparencia, Evaluaci¨®n de Pol¨ªticas P¨²blicas y de la Calidad de los Servicios. Este organismo ser¨¢ el encargado de velar por el cumplimiento de la ley y depender¨¢ del Ministerio de Hacienda. Ese es el problema, seg¨²n la Coalici¨®n, que se?ala la falta de independencia del organismo y subraya que la administraci¨®n ser¨ªa juez y parte a la hora de afrontar los conflictos que se recurran.

Ese es a grandes rasgo, el contenido del documento. Varios miembros de la Coalici¨®n Pro Acceso han explicado hoy a los medios de comunicaci¨®n algunas de sus inquietudes ante la aprobaci¨®n de la Ley. Consideran que es una oportunidad ¨²nica para colocar a Espa?a en la senda del resto de pa¨ªses europeos y piden al Congreso que haga caso a algunas de sus propuestas. "Espa?a es un pa¨ªs opaco en la informaci¨®n sobre derechos humanos. La ley no va a servir para proteger m¨¢s a los ciudadanos", ha dicho Esteban Beltr¨¢n, director de Amnist¨ªa Internacional en Espa?a. "En este pa¨ªs no se sabe por ejemplo cu¨¢ntos incidentes racistas ha habido, los malos tratos bajo custodia policial, el n¨²mero de centros de menores terap¨¦uticos, los criterios para hacer una transacci¨®n de armas".

Con otras palabras incidi¨® Manuel S¨¢nchez de Diego, profesor de Derecho de la Informaci¨®n de la Universidad Complutense, en las debilidades de la ley: "Hay gente que se empe?a en que estemos en el siglo XIX. Entonces nos dec¨ªan 'Vuelva usted ma?ana'. Ahora nos dicen 'Y a usted que le importa'. El derecho a la informaci¨®n nos sirve para quejarnos, para conocer... Es esencial para que exista una opini¨®n p¨²blica libre. Pero esta ley es mala".

Pese a las cr¨ªticas de la Coalici¨®n, el Gobierno insiste en que todav¨ªa no se han acabado los tr¨¢mites de la ley. Los expertos y miembros de la organizaciones que han expuesto cr¨ªticas a la norma ser¨¢n invitados a debatirla en el Congreso antes de que se apruebe definitivamente. "El Gobierno analizar¨¢ cada una de las enmiendas. Esta es una norma nueva, no se trata simplemente de una modificaci¨®n. Por eso eso el esp¨ªritu de la tramitaci¨®n ha sido la consulta", comenta el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jos¨¦ Luis Ayll¨®n. "No es que no queramos cambiar algunas cosas. Es que no podemos. Para que sea considerado un derecho fundamental tendr¨ªamos que cambiar la constituci¨®n. Lo fundamental es que sea un derecho y no un derecho fundamental". "Soy absolutamente optimista", asegura Ayll¨®n, "nosotros intentamos con esta ley que haya el mayor n¨²mero de datos publicados por las administraciones proactivamente. Eso evitar¨ªa que el ciudadano tuviese que estar demandando todo el rato informaci¨®n.