?Por qu¨¦ lo pregunta? Todo es secreto

Los diputados que no tienen coche oficial disponen, anualmente, de una tarjeta con la que pueden abonar hasta 3.000 euros en taxis. Los parlamentarios no han de rendir cuentas de esos traslados y tampoco se sabe si alguno devuelve parte del dinero. Aunque no se conoce la cantidad exacta destinada a este fin, se sabe de la existencia de una partida para ello porque as¨ª figura en el reglamento de los diputados. La Mesa del Congreso se niega a revelar la relaci¨®n y el coste de los viajes oficiales de los parlamentarios que paga la C¨¢mara y que corre a cuenta del dinero p¨²blico, de los impuestos, de los ciudadanos.

La Constituci¨®n marca el derecho de los espa?oles a la informaci¨®n, pero las Administraciones son, en demasiados casos, muy reacias a facilitarla. Acogi¨¦ndose a otras leyes o a simples ¡°ese dato no lo tengo¡±, resulta muy complicado, a veces imposible, conocer c¨®mo se gasta el dinero de los contribuyentes. El Gobierno ha presentado un proyecto de Ley de Transparencia que obliga a las instituciones a publicar contratos, subvenciones, ayudas, programas anuales y organigramas, entre otras cosas. Pero la inclusi¨®n del silencio negativo como f¨®rmula de respuesta a cualquier solicitud de informaci¨®n sin, adem¨¢s, precisar su motivaci¨®n, deja en manos de la voluntad de las Administraciones y los gobernantes que muchos secretos dejen de serlo. Estos son algunos ejemplos.

La web tuderechoasaber, que recoge solicitudes de informaci¨®n de ciudadanos, cuelga sin respuesta cu¨¢nto cost¨® el viaje de Mariano Rajoy a la Eurocopa en Polonia el d¨ªa siguiente de anunciarse el rescate financiero.

Diputados disponen de 3.000 euros al a?o para taxis que no justifican

Tampoco se sabe cu¨¢nto cost¨® la auditor¨ªa que encarg¨® la Xunta de Galicia para avalar la fusi¨®n de las cajas gallegas: un informe que auguraba beneficios a la caja fusionada desde el primer a?o, pese a que el banco resultante ha recibido 6.000 millones de dinero p¨²blico y su futuro est¨¢ en el aire.

En Valencia, la Mesa de las Cortes ha vetado una pregunta sobre los contratos p¨²blicos con una empresa que, seg¨²n Esquerra Unida, gestiona el ¡°amigo ¨ªntimo, que incluso compart¨ªa intereses familiares¡±, de un consejero.

En Nueva York es posible conocer las estad¨ªsticas de cada cirujano. Aqu¨ª es impensable acceder a los porcentajes de ¨¦xito de los m¨¦dicos que operan en la sanidad p¨²blica. En Catalu?a, por ejemplo, solo ocho de los casi 80 hospitales p¨²blicos est¨¢n directamente gestionados por el departamento de salud de la Generalitat. El resto lo hacen fundaciones, entes o empresas p¨²blicas que no ofrecen datos de las remuneraciones de sus directivos, los contratos de consultor¨ªa o proveedores.

La Administraci¨®n esconde, adem¨¢s, datos que, por ser documentos administrativos, deber¨ªan ser p¨²blicos, seg¨²n la Ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones P¨²blicas, que indica que ¡°todos los ciudadanos¡± tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que obren en los archivos administrativos¡±. A¨²n as¨ª no se conoce la deuda con Hacienda de los clubes de f¨²tbol, de la que solo se ha aportado la cifra global, o qu¨¦ comunidades y Ayuntamientos se han acogido a determinados cr¨¦ditos, por ejemplo, del Instituto de Cr¨¦dito Oficial. En Espa?a no se puede saber qui¨¦nes son los mayores deudores con la Seguridad Social, ni se facilitan datos actualizados de cu¨¢nto se ha ingresado desde que se puso en marcha la ¨²ltima amnist¨ªa fiscal, que s¨ª se recoge en los informes de recaudaci¨®n de la Agencia Tributaria. Ni pensar en desvelar qui¨¦nes y por qu¨¦ cantidades han presentado esas ¡°declaraciones especiales¡±.

Los coches oficiales de cada ministerio, los sueldos de los tertulianos o la remuneraci¨®n de presentadores estrella de la televisi¨®n p¨²blica tambi¨¦n parecen ser alto secreto. El numeroso patrimonio inmueble de las entidades p¨²blicas no est¨¢ ni inventariado.

El coste del viaje al partido de la Eurocopa de Rajoy es un misterio

Desde el blindaje de todos los documentos de Asuntos Exteriores, no se pueden conocer por ejemplo, las relaciones de Espa?a con China, Jap¨®n y Filipinas entre 1975 y 1982, ni las gestiones en apoyo de empresas espa?olas para la construcci¨®n del AVE a La Meca, o su coste.

Un dislate destacable se vivi¨® en Galicia. Un informe jur¨ªdico aval¨® un plan de legalizaci¨®n de 4.200 viviendas, la mayor¨ªa ilegalizadas por los juzgados. Cuando se le pregunt¨® al presidente Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP), por ese informe, respondi¨® anunciando la solicitud de otro informe para saber si pod¨ªa mostrar el primero. El resultado, nunca se supo. De momento, sigue siendo ¡°secreto¡±. En Andaluc¨ªa, gobernada por PSOE e IU, resulta imposible saber el ¨ªndice de absentismo laboral de los trabajadores p¨²blicos.

En el Pa¨ªs Vasco, de conocer los contratos, presupuestos e informes t¨¦cnicos quiz¨¢ se hubiera evitado la mala gesti¨®n de los recursos p¨²blicos invertidos en el Museo Balenciaga, que pas¨® de estar presupuestado en menos de cinco millones a costar cerca de 20. En Castilla-La Mancha, un contratista ha desvelado que el acuerdo de rescisi¨®n del contrato del hospital de Toledo, cuyas obras se han paralizado, tiene cl¨¢usulas de confidencialidad.

¡°?El ciudadano normal y corriente no puede tener acceso a c¨®mo se gasta y de qu¨¦ forma el dinero p¨²blico?¡±, pregunt¨® hace unas semanas el juez del caso Urdangarin a una alta funcionaria de la Generalitat Valenciana. ¡°No¡±, le respondi¨®, porque, adem¨¢s, algunos contratos que la Administraci¨®n firma con entidades o empresas (F¨®rmula 1 de Valencia, 20 millones de euros, por ejemplo) contienen cl¨¢usulas de confidencialidad. Con la Ley de Transparencia en marcha se podr¨ªa haber evitado, o al menos destapado antes, la m¨²ltiple contrataci¨®n de la Administraci¨®n valenciana con la trama G¨¹rtel.

El descr¨¦dito de la clase pol¨ªtica es algo que ocupa a los ciudadanos y preocupa a los pol¨ªticos. La transparencia deber¨ªa aumentar la confianza en su gesti¨®n.