Cuando m¨¢s tienen, peor est¨¢n

¡°El gasto de los ministerios es inferior al 4% del PIB. Les doy la cifra para que saquen sus conclusiones¡±. El titular de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, pretend¨ªa rebatir as¨ª el pasado s¨¢bado la idea de que el proyecto de Presupuestos de la Administraci¨®n central para 2013 no era lo suficientemente austero. Pero la proclama de Montoro da pie a otra lectura, que pone de relevancia el protagonismo de las comunidades aut¨®nomas: el gasto de todos los ministerios, menos de 40.000 millones, es tambi¨¦n inferior a la suma del presupuesto auton¨®mico de Andaluc¨ªa y Catalu?a, los dos territorios m¨¢s poblados.

En tres d¨¦cadas, las comunidades han pasado a gestionar m¨¢s de un tercio del gasto p¨²blico, a dar empleo al 60% de los trabajadores del Estado, a asumir el 90% de los recursos destinados a educaci¨®n o sanidad. La paradoja es que cuanto m¨¢s competencias tienen, y m¨¢s capacidad recaudatoria, peor est¨¢n.

Sus enormes dificultades para reducir el d¨¦ficit, la prioridad econ¨®mica absoluta, les pasa factura. Entre 2010 y 2011 no contribuyeron en nada a rebajar el desfase presupuestario acumulado por el conjunto de las Administraciones, que lleg¨® al 11,2% del PIB en 2009. Durante dos ejercicios, el saldo negativo de las comunidades se ancl¨® en el 3%. El calendario electoral (los comicios de mayo de 2011) impuso su ley y el gasto no ech¨® el freno.

En el ¨²ltimo a?o y medio, los Gobiernos aut¨®nomos no han dejado de recortar, se aplican con la tijera presupuestaria: cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy remite a Bruselas sus planes de ajuste, destaca cu¨¢nto ahorrar¨¢n las comunidades en personal, cu¨¢ntas empresas p¨²blicas cerrar¨¢n. Pero el ajuste auton¨®mico choca en varias piedras: el gasto p¨²blico en sanidad y educaci¨®n ¡ªcompetencias intensivas en personal que suman cerca del 60% del presupuesto auton¨®mico¡ª, solo puede contenerse, salvo radical privatizaci¨®n del Estado de bienestar, v¨ªa que ya explora alguna comunidad. O salvo reducci¨®n de derechos, regulados por la norma estatal. En el lado de los ingresos, muerde la recesi¨®n y, sobre todo, las condiciones para financiarse: a la Administraci¨®n central, los mercados le hacen pagar cara la deuda; a las comunidades, les dan con la puerta en las narices.

La paradoja auton¨®mica llega a su c¨¦nit en 2009, a?o cero de la crisis econ¨®mica. Entonces se aprueba ¡ªcon la abstenci¨®n del PP¡ª la ¨²ltima reforma del sistema de financiaci¨®n, que como siempre est¨¢ guiada por las reivindicaciones de Catalu?a, y como siempre, se da por definitiva. Esta vez hab¨ªa m¨¢s argumentos para defender que era un cambio notable, que pod¨ªa llegar a colmar las aspiraciones auton¨®micas, centradas en pedir m¨¢s recursos (para financiar sanidad y educaci¨®n por el aumento de poblaci¨®n) y m¨¢s capacidad fiscal.

En la reforma de 2009 se ampli¨® en 11.000 millones la dotaci¨®n del sistema, se dio a las comunidades capacidad para modificar el IRPF y se puso l¨ªmites a la aportaci¨®n de las comunidades m¨¢s ricas. ¡°Solo har¨¢n falta actualizaciones, puestas al d¨ªa¡±, dijo entonces Antoni Castells, consejero de Econom¨ªa de la Generalitat catalana, cuyos socios (incluido el independentista ERC) dieron un visto bueno entusiasta a la operaci¨®n.

Pero apenas se not¨®. El sistema pas¨® a depender m¨¢s de los impuestos cuando la recaudaci¨®n se iba a pique. Los ingresos adicionales quedaron contrarrestados por la obligaci¨®n de devolver al Gobierno hasta 25.000 millones por el exceso de recursos recibidos en 2008 y 2009. La capacidad fiscal ganada sirve de poco cuando el Gobierno central ocupa todo el espacio (el Ejecutivo del PP subi¨® los tipos m¨¢ximos del IRPF al 52%). O cuando la ley ampara que, en su primer a?o de aplicaci¨®n, los cambios normativos para subir impuestos (como el IVA) solo benefician a la Administraci¨®n central. Las comunidades tampoco han tenido voz ni voto en la asignaci¨®n del margen de d¨¦ficit permitido por Bruselas para este a?o. Y los ingresos por impuestos propios relacionados con la actividad inmobiliaria se han desplomado.

El resultado es que la Administraci¨®n auton¨®mica lidia con el gasto m¨¢s dif¨ªcil de reducir cuando los ingresos est¨¢n en precario. Tambi¨¦n, que la deuda p¨²blica no para de crecer. Que su ventanilla de cr¨¦dito natural ¡ªel sistema de cajas de ahorros¡ª se ha volatilizado. Que, cuando m¨¢s capacidad te¨®rica de recaudar fondos tiene, m¨¢s depende de la liquidez de la Administraci¨®n central, y m¨¢s obligada est¨¢ a seguir sus directrices. ¡°Catalu?a no tiene otro banco que el Gobierno de Espa?a¡±, admiti¨® en verano el consejero de Econom¨ªa catal¨¢n, Andreu Mas-Colell. Para el poder auton¨®mico, la factura de la crisis va m¨¢s all¨¢ de lo que dicen las cuentas p¨²blicas.