Qu¨¦ somos y ad¨®nde vamos

Casi 34 a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, las costuras del Estado se hacen visibles y est¨¢n a punto de saltar. La inestabilidad econ¨®mica y la pol¨ªtica han dejado al aire los fallos del sistema y han derivado en una crisis institucional, con un debate p¨²blico sobre el modelo de Estado. Desde 1978 no ha dejado de haber tensiones territoriales y, de hecho, la derecha pol¨ªtica no acept¨® el t¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n, pero nunca como ahora se hab¨ªa cuestionado el Estado auton¨®mico desde posiciones tan antag¨®nicas. Al tiempo, ha calado entre los ciudadanos la idea de gasto excesivo, vinculado a las comunidades, y se discute todo el sistema, seg¨²n las encuestas.

La V Conferencia de Presidentes llega con el debate entre quienes desde el PP defienden la devoluci¨®n y recentralizaci¨®n de competencias de las comunidades y quienes, desde el otro extremo, plantean en la Generalitat un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n en Catalu?a. En medio est¨¢ el principal partido de la oposici¨®n (PSOE), que propone la reforma a fondo de la Constituci¨®n hacia un Estado federal.

La recientemente dimitida presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, defiende la cesi¨®n al Estado de competencias como las de justicia y sanidad. En esa l¨ªnea, el Gobierno del PP ha impulsado normas de car¨¢cter centr¨ªpeto, como la de estabilidad presupuestaria, para intervenir de facto en decisiones presupuestarias de comunidades que pidan rescate. Tiene en marcha un plan de reducci¨®n de organismos y empresas p¨²blicas auton¨®micas. A 1 de enero de 2012 hab¨ªa un total de 2.326 entidades en las comunidades, excluyendo las del Pa¨ªs Vasco. Un 28,1% son sociedades mercantiles, un 27,2% son consorcios, un 24,9% son fundaciones y otras instituciones sin fin de lucro, y el resto, un 19,8%, engloba entes p¨²blicos, organismos, entidades p¨²blicas empresariales y otros. El plan del Gobierno supone el cierre de 450. Las comunidades ya acordaron en 2010 eliminar 515, pero, seg¨²n el ministro Crist¨®bal Montoro, solo han suprimido 69.

En el otro lado de la tensi¨®n institucional se sit¨²a la Generalitat de Catalu?a, al promover el refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n. CiU ha pasado de ser un partido nacionalista que pacta con Gobiernos de PSOE y PP y ha acordado todos los sistemas de financiaci¨®n, salvo el ¨²ltimo, a ser independentista. Lo ha hecho, precisamente, cuando Catalu?a m¨¢s depende del Estado. Un proceso similar se vivi¨® en 2005 cuando el entonces lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, promovi¨® su plan soberanista, pero nunca fue discutido en una conferencia de presidentes, porque Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero no accedi¨® a la petici¨®n del PP para convocarla. Entre ambas posiciones, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba propone una reforma constitucional profunda, con refer¨¦ndum. El PSOE ha tenido siempre en su ideario el horizonte federal y su organizaci¨®n interna responde a ese concepto, pero nunca hab¨ªa promovido el cambio del modelo auton¨®mico, para el que necesitar¨ªa un apoyo hoy impensable del PP.

Ese debate se distorsiona por el contexto de la crisis econ¨®mica y tambi¨¦n por la inestabilidad pol¨ªtica de la precampa?a en Pa¨ªs Vasco, Galicia y Catalu?a. En dos de ellas es posible una victoria de partidos que cuestionan el Estado auton¨®mico, PNV y Bildu en el Pa¨ªs Vasco y CiU en Catalu?a. Las tres celebrar¨¢n sus elecciones sin haber agotado sus legislaturas. Hay otra comunidad sobre la que se baraja la posibilidad de que haya elecciones anticipadas antes de marzo: Navarra. Gobierna UPN, pero con dificultades para aprobar el Presupuesto. Y en Extremadura, el pacto entre PP e IU se mantiene cogido con alfileres.

En las dos ¨²ltimas legislaturas siete comunidades (Catalu?a, Valencia, Andaluc¨ªa, Extremadura, Baleares, Arag¨®n y Castilla y Le¨®n) han cambiado sus estatutos, a pesar de lo cual no se ha logrado estabilidad institucional. No ha habido incremento sustancial en la conflictividad entre Gobierno y comunidades ante el Tribunal Constitucional. Este a?o se han interpuesto seis recursos por invasi¨®n de competencias, frente a nueve de 2011; seis de 2010; 13 de 2009 y 14 de 2008 y 2007.