PP y PSOE se sentar¨¢n a hablar tras el 21-O de la reforma de la Administraci¨®n

El Gobierno quiere intentar recuperar en las pr¨®ximas semanas las negociaciones con el PSOE para abordar la reforma de la Administraci¨®n. Esas conversaciones est¨¢n encalladas desde antes del verano, tras unos m¨ªnimos contactos preliminares y despu¨¦s de que el Ejecutivo constatara que, adem¨¢s de las discrepancias con el PSOE, hasta los Ayuntamientos del PP se oponen abiertamente a sus propuestas porque temen perder competencias. El pasado lunes el ministro de Hacienda y Administraciones P¨²blicas, Crist¨®bal Montoro, remiti¨® una carta a Gaspar Zarr¨ªas, responsable de Pol¨ªtica Municipal del PSOE, acusando recibo de las propuestas socialistas. Seg¨²n fuentes del PP, el objetivo es recuperar las conversaciones tras las elecciones vascas y gallegas del 21 de octubre, aunque a¨²n est¨¦n pendientes las catalanas de 25 de noviembre.

Responsables de ambos partidos aseguran que son conscientes del rechazo ciudadano al actual modelo que arrojan todas las encuestas, y saben que no se puede avanzar sin acuerdo entre PP y PSOE. Sin embargo, la discrepancia es total sobre la forma de abordar la reforma. El calendario electoral y las posiciones independentistas en Catalu?a y Pa¨ªs Vasco complican el di¨¢logo.

La postura del Gobierno, recogida en el proyecto de ley de Haciendas Locales estudiado antes del verano, se basa en la reducci¨®n de Ayuntamientos, la cesi¨®n de competencias municipales a las diputaciones y, especialmente, en la eliminaci¨®n de duplicidades. Sin embargo, el PSOE ha presentado su propia propuesta de reforma de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local en la que rechaza suprimir Ayuntamientos y ediles. Adem¨¢s, en las ¨²ltimas semanas los socialistas han incorporado a su discurso la reforma profunda del Estado hacia un modelo federal, lo que implicar¨ªa un cambio constitucional, un refer¨¦ndum y un proceso lento y complicado.

Es decir, el PSOE rechaza abiertamente lo que considera una propuesta ¡°centralizadora y cosm¨¦tica¡± del Gobierno y el PP entiende que es ¡°irreal¡± la idea federalizante de los socialistas.

Seg¨²n los populares, hay que preservar el Estado de las autonom¨ªas, pero el actual modelo ¡°no se sostiene¡± por las duplicidades de competencias entre ayuntamientos y diputaciones, mancomunidades, comunidades y la Administraci¨®n central. Explican que hay competencias, como los servicios sociales, en manos de hasta cuatro administraciones distintas. El PP sospecha que el PSOE se aferra al federalismo solo porque ¡°est¨¢ sin espacios¡± y pese a saber que es una propuesta inviable, porque comunidades como Pa¨ªs Vasco y Catalu?a no aceptar¨¢n nunca un modelo uniforme para todos, por lo que no se resuelve con ello el problema de las tensiones territoriales. En opini¨®n de los populares, adem¨¢s, ¡°el federalismo puede ser m¨¢s centralista porque ya las comunidades tienen m¨¢s competencias y manejan m¨¢s recursos que en un Estado federal¡±.

Fuentes del PP admiten, por otro lado, que la posibilidad de pacto est¨¢ limitada por el contexto pol¨ªtico: si en Galicia no hay mayor¨ªa absoluta del PP, si en el Pa¨ªs Vasco hay un Gobierno soberanista o si CiU logra gobernar en solitario en Catalu?a, ser¨¢ complicado un acuerdo con los socialistas: el foco del debate territorial no estar¨ªa en las propuestas sobre el modelo de la Administraci¨®n sino en la forma de hacer frente a desaf¨ªos independentistas.

De hecho, la gesti¨®n de las posiciones de Artur Mas en Catalu?a ha sido objeto de conversaciones reservadas entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el l¨ªder de la oposici¨®n, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba. Hablaron antes y despu¨¦s de la visita de Mas a La Moncloa y la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalu?a. Seg¨²n el Gobierno, hubo acuerdo en oponerse a pretensiones como el pacto fiscal y la consulta sobre la independencia en Catalu?a.

De acuerdo con esta versi¨®n, Rubalcaba pidi¨® mantener esa posici¨®n com¨²n en un ¨¢mbito reservado, para que el PSC pueda tener un discurso propio: si los socialistas aparecen identificados con el PP frente al soberanismo, corren el riesgo de sufrir un descalabro electoral, aprisionados entre los nacionalistas que quieren cambiar la situaci¨®n actual y los populares que propugnan mantener el Estado auton¨®mico. Por eso, el PSOE busca posici¨®n propia en la defensa del federalismo, con el ¨¢nimo de presentar al PSC como el partido que embrida a CiU.

En mayo, cuando a¨²n no se hab¨ªa desatado el desaf¨ªo soberanista en Catalu?a, Rajoy y Rubalcaba acordaron abrir conversaciones para reformar la Administraci¨®n. Hubo contactos entre Montoro y Zarr¨ªas y tambi¨¦n con la participaci¨®n por el PP de Javier Arenas y Manuel Cobo, pero apenas se pas¨® de contactos preliminares e intercambio de papeles.

El Gobierno tampoco tuvo mucho inter¨¦s despu¨¦s en agilizar esos contactos porque ha chocado con el rechazo de sus ayuntamientos y, desde luego, de los socialistas. Seg¨²n el PSOE, la propuesta del Gobierno de nueva ley de Haciendas Locales se limita a cambiar 15 art¨ªculos y a trasladar la ley de estabilidad presupuestaria que, en la pr¨¢ctica, ya es aplicable a todas las Administraciones.

Especialmente conflictivo es el art¨ªculo que permite privatizar servicios municipales y que ya ha sido cuestionado por la FEMP, en la que el PP tiene una amplia mayor¨ªa. En paralelo, el Gobierno negocia con las comunidades la aplicaci¨®n del acuerdo del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera para reducir empresas y organismos p¨²blicos de ayuntamientos y comunidades, que est¨¢ casi paralizado y que ahora se complica con las reivindicaciones sobre el reparto del d¨¦ficit y la renovaci¨®n del modelo de financiaci¨®n auton¨®mica.