Procesados por genocidio los agentes de Pinochet que mataron a Carmelo Soria

El juez Pablo Ruz ha procesado por genocidio y asesinato a siete agentes de la extinta Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (DINA), la polic¨ªa secreta la dictadura de Augusto Pinochet, que el 14 de julio de 1976 secuestraron, torturaron y dieron muerte al espa?ol Carmelo Soria Espinoza, que trabajaba en Chile como diplom¨¢tico para Naciones Unidas en el CEPAL (Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina). Adem¨¢s, ha dictado ¨®rdenes internacionales de detenci¨®n para su ingreso en prisi¨®n de todos ellos. El juez de la Audiencia Nacional entiende que puede existir un delito de genocidio porque el asesinato de Soria fue perpetrado dentro del "proceso de represi¨®n sistem¨¢tica y eliminaci¨®n de opositores al r¨¦gimen militar" emprendido por Pinochet, ante el que uno de los ahora acusados respond¨ªa y daba cuenta personalmente de sus actos.

Los reclamados, todos ellos en su d¨ªa pertenecientes a la Brigada Mulchen de la DINA, son Juan Guillermo Contreras Sep¨²lveda, Jos¨¦ Remigio R¨ªos San Mart¨ªn, Jaime Lepe Orellana, Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Blemar Labbe y Patricio Quilhot, todos ellos de nacionalidad chilena, al que se suma el estadounidense Michael Vernon Townley, tambi¨¦n empleado de la DINA.

Los siete est¨¢n acusados de haber participado en el secuestro y tortura del diplom¨¢tico, a quien rompieron casi todas las costillas y, posteriormente, le inyectaron y le forzaron a beber pisco (aguardiente de uva) para darle muerte, aunque finalmente fue estrangulado. "Pobre Chile¡­¡±. Esas fueron las ¨²nicas palabras que el diplom¨¢tico espa?ol Carmelo Soria fue capaz de articular durante el tormento, seg¨²n el auto de procesamiento. Los torturadores quer¨ªan saber su relaci¨®n y sus contactos con el Partido Comunista de Chile.

Soria fue metido en el coche y tirado a un canal. En el bolsillo le metieron una nota para que pareciese que se hab¨ªa suicidado al enterarse de que su mujer le era infiel. Su intenci¨®n era hacer parecer que el diplom¨¢tico espa?ol hab¨ªa muerto en un accidente de tr¨¢fico.

La Audiencia Nacional sostiene que es competente para asumir investigaci¨®n en aplicaci¨®n del principio de jurisdicci¨®n universal, al tratarse de un supuesto delito de genocidio y lesa humanidad del que una de sus v¨ªctimas habr¨ªa sido un espa?ol fuera del territorio nacional.

El juez Ruz ha decidido seguir adelante con el procedimiento al comprobar que la justicia chilena ha dado carpetazo al asunto, impidiendo cualquier pronunciamiento sobre el asunto. En este sentido, el juez coincide en subrayar que "no ha existido una investigaci¨®n y persecuci¨®n realmente efectiva de los hechos" y explica que el proceso fue cerrado en aquel pa¨ªs por una amnist¨ªa que "no respond¨ªa al consenso total de las fuerzas pol¨ªticas en un periodo constituyente". Una amnist¨ªa que, recalca, supone un "obst¨¢culo que hace imposible la persecuci¨®n eficaz del delito en el lugar de los hechos".