Los esc¨¢ndalos acorralan a Rajoy

El mantra del PP que asimila los gobiernos del PSOE al ¡°despilfarro, el paro y la corrupci¨®n¡± se viene abajo. El despilfarro se transforma en medidas impopulares de recorte, hay casi seis millones de parados y la avalancha de esc¨¢ndalos desborda a las instituciones. La riada llega al ya debilitado presidente del Gobierno, que estaba pendiente de la crisis, la prima de riesgo y Catalu?a.

A la larga lista de esc¨¢ndalos se ha sumado la nueva explosi¨®n del caso G¨¹rtel. La espoleta retardada del caso, que ya acab¨® con concejales, consejeros de Madrid, el presidente de Valencia y hasta con el juez instructor del caso (Baltasar Garz¨®n), ha explotado en forma de cuentas en Suiza y de amenaza a Rajoy por presuntos sobresueldos en la sede de G¨¦nova. El panorama se ti?e de negro porque el Gobierno y el PP hab¨ªan hecho bandera pol¨ªtica de las acusaciones a CiU (tambi¨¦n por la acumulaci¨®n de casos), por la ausencia de responsables en la quiebra de las cajas y por la escasa ejemplaridad del final de otros esc¨¢ndalos, como el que afecta a Uni¨®. Tambi¨¦n porque la crisis econ¨®mica ha derivado en el cuestionamiento de la pol¨ªtica y de parte de las instituciones y porque los ciudadanos sufren los recortes. Los 22 millones de euros en cuentas suizas son siempre mucho dinero, pero mucho m¨¢s en momentos de sacrificios.

¡°No tenemos un plan B¡±, admite un ministro para el que los esc¨¢ndalos est¨¢n arruinando su agenda pol¨ªtica y su discurso, sin que haya reacci¨®n. El viernes todos los ministros comentaron entre ellos, antes y despu¨¦s del Consejo, las revelaciones sobre B¨¢rcenas; algunos trasladaron a otros su decisi¨®n de desmentir que hubieran cobrado, pero la reuni¨®n transcurri¨® como si nada hubiera pasado. Rajoy no les dijo nada.

Luego, cuando por segundo viernes consecutivo se pregunt¨® a la vicepresidenta Soraya Sa¨¦nz de Santamar¨ªa qu¨¦ medidas prepara contra la corrupci¨®n, su respuesta volvi¨® ser remitirse a la ley de transparencia que se tramita en el Congreso, contestada por todos los partidos. La Moncloa pidi¨® al director del Centro de Estudios Constitucionales, Benigno Pend¨¢s, propuestas de regeneraci¨®n, pero no se incluye ninguna sobre corrupci¨®n. Tambi¨¦n ¨¦l se remite a la ley de transparencia. De ah¨ª no sale tampoco la reacci¨®n.

Con este escenario no hay agenda pol¨ªtica posible. El PP hab¨ªa montado para este fin de semana una convenci¨®n para hablar de la reducci¨®n de gastos en ayuntamientos y, finalmente, el reflejo en los medios es la corrupci¨®n y un supuesto reparto de sobres revelado por El Mundo.

La agenda del Gobierno tambi¨¦n se colapsa: Rajoy dise?¨® en Navidad un arranque del periodo de sesiones con el debate sobre el estado de la Naci¨®n el 20 de febrero en el que mostrar iniciativa pol¨ªtica y subirse a la ola de un asomo de recuperaci¨®n econ¨®mica, disipando la sombra del rescate.

Tampoco hay discurso que resista. Crist¨®bal Montoro impuls¨® la amnist¨ªa fiscal y el primero que se cuela por esa rendija es el tesorero del PP. ¡°?C¨®mo justificar as¨ª la petici¨®n de sacrificios?¡±, se pregunta un dirigente popular.

El Gobierno no prev¨¦ medidas concretas contra la corrupci¨®n

Otro ejemplo de c¨®mo un esc¨¢ndalo arruina un discurso: las denuncias sobre el exconsejero G¨¹emes proporcionan munici¨®n a quienes cuestionan la privatizaci¨®n de la gesti¨®n de la Sanidad en Madrid y pueden presentarla como un negocio para ex altos cargos. Y mientras se tramitaba esa contestada privatizaci¨®n, el presidente de Madrid firmaba la compra del ¨¢tico de los 700.000 euros.

En el Gobierno y en el partido se da por hecho que B¨¢rcenas est¨¢ presionando a La Moncloa, una vez desvelada su cuenta en Suiza y constatado que nadie le apoya ya. Si fuera as¨ª, ese chantaje en los aleda?os del presidente ser¨ªa similar al del exsocio de Urdangar¨ªn que afecta al jefe del Estado. Se embarra el terreno cerca de las dos instituciones.

El extesorero, que esperaba un horizonte penal m¨¢s favorable, ha dejado ver que lleva puesto un cintur¨®n bomba. Pone a Rajoy en el brete de responder si cobr¨® sobresueldos o si los conoci¨® y no los denunci¨®. Todo eso con la imagen de Rajoy muy erosionada, con un ins¨®lito 29% de estimaci¨®n de voto, con la etiqueta de previsible arruinada y cuando ¨¦l mismo admite que ha incumplido su palabra. Le quedaba la de eficaz frente al soberanismo y la de honrado, aunque con Francisco Camps ya arriesg¨® y perdi¨® y con B¨¢rcenas nunca puso distancia.

?Qu¨¦ se puede hacer? En el Gobierno se acepta que Rajoy es un pol¨ªtico de motor di¨¦sel al que le cuesta arrancar y, en este caso, fuentes del Ejecutivo explican que hay pocas iniciativas y medidas legales que se puedan impulsar. No hay respuesta a la p¨¦rdida de cr¨¦dito de la pol¨ªtica. Est¨¢ en marcha la ley de transparencia, objetada por expertos porque deja zonas de sombra y porque mantiene el silencio administrativo negativo y su efecto pol¨ªtico ya se ha diluido. En el Congreso no avanza la luz sobre actividades, viajes e ingresos de los parlamentarios y, por supuesto, nadie se plantea en el PP mejoras en el funcionamiento de la C¨¢mara. Tampoco que la Comisi¨®n del Estatuto del Diputado pueda investigar si son veraces los datos aportados cuando, por ejemplo, niegan que sus empresas contraten con la administraci¨®n. Al presidente del Congreso, Jes¨²s Posada, se le reconoce talante, pero se lamenta que no sea proactivo frente al descr¨¦dito.

Tampoco hay disposici¨®n a endurecer los requisitos para lo que se conoce como puerta giratoria, es decir, el paso de pol¨ªticos a la actividad privada. Hay casos como el de Felipe Gonz¨¢lez, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar o Juan Jos¨¦ G¨¹emes, entre otros, que tienen que ver con la ¨¦tica, ya que han superado los dos a?os de incompatibilidad. Pero hay otros, como el de Elena Salgado, sobre los que la Administraci¨®n nunca ejerce su capacidad investigadora, aunque sea evidente que fichan por empresas sobre las que han tomado decisiones antes de que transcurra ese periodo de dos a?os.

A largo plazo, Justicia pondr¨¢ en marcha una reforma del C¨®digo Penal que endurece el tratamiento a delitos como la administraci¨®n desleal, la apropiaci¨®n indebida, la malversaci¨®n y la insolvencia punible, entre otros puntos relacionados con la corrupci¨®n. Pero no se aplicar¨ªan a los casos ya conocidos. Est¨¢ pendiente para la futura ley de Enjuiciamiento Criminal adaptar la promesa de Alberto Ruiz-Gallard¨®n de eliminar la excepci¨®n de la responsabilidad de las personas jur¨ªdicas que afecta a partidos y sindicatos. Significar¨ªa que en caso de delito cometido en un partido, por ejemplo, con el reparto de comisiones en forma de sobresueldos no declarados, habr¨ªa responsabilidad penal de la formaci¨®n, es decir, de sus m¨¢ximos dirigentes, incluso sin probar que tomaron la decisi¨®n.

Dos instituciones claves est¨¢n afectadas por supuestos chantajes

Sobre financiaci¨®n de partidos, el PP alega que el caso de B¨¢rcenas tiene que ver con su propio enriquecimiento y que, por tanto, no es precisa una reforma legal. Las cuentas del PP est¨¢n necesariamente claras porque sus manejos no se declaran ni dejan rastro. Si hubo sobresueldos no estar¨¢n reflejados en las cuentas oficiales por mucho que se busque. Jos¨¦ Antonio Berm¨²dez de Castro, dirigente del PP, explica que la ley ya se ha modificado esta legislatura, con acuerdo de todos, para limitar las donaciones an¨®nimas, prohibir aportaciones de empresas con relaci¨®n con las administraciones, que se publiquen las condonaciones de deudas, que los cr¨¦ditos renegociados se limiten a 100.000 euros, que se obligue a auditor¨ªas internas y que se d¨¦ potestad sancionadora al Tribunal de Cuentas.

El l¨ªder de la oposici¨®n, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, formul¨® la semana pasada una propuesta de pacto contra la corrupci¨®n que m¨¢s bien es un compromiso de atajarla dentro de cada partido. Sus propuestas concretas, para mejorar el control, quedar¨¢n para su conferencia de octubre. Al PSOE le preocupa combatir la etiqueta del ¡°todos son iguales¡±, que se traslada en las encuestas como un duro castigo al bipartidismo.

Hay tambi¨¦n una responsabilidad ciudadana porque el hast¨ªo por la corrupci¨®n no lleva aparejado un rechazo a opciones afectadas. As¨ª, Camps aument¨® los esca?os del PP en julio de 2011 cuando ya hab¨ªa estallado G¨¹rtel. En todo caso, la impresi¨®n de lodazal pol¨ªtico no es nuevo: En los 90 se vivi¨® cuando coincidieron el caso Rold¨¢n, Filesa y Naseiro, entre otros muchos. Entonces surgieron medidas como la creaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el endurecimiento de la ley de financiaci¨®n de partidos. De esta crisis institucional a¨²n no ha salido ninguna propuesta. Queda la Justicia, pero su actuaci¨®n es siempre lenta, a ritmo distinto al de la pol¨ªtica, y cada vez con menos medios.