Los expertos ven insuficiente que los pol¨ªticos muestren su declaraci¨®n de renta

El ¡°y t¨² m¨¢s¡± va camino de convertirse en ¡°y yo m¨¢s¡± con la carrera que, a trav¨¦s de gestos, est¨¢n protagonizando los partidos pol¨ªticos en pro de la transparencia y contra la corrupci¨®n, temas que saldr¨¢n a la palestra en el debate sobre el estado de la naci¨®n. Empezando por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidentes auton¨®micos, diputados y numerosos cargos de todos los ¨¢mbitos se han apresurado a hacer p¨²blicas sus declaraciones de la renta y del patrimonio como exhibici¨®n de su apuesta firme contra las corruptelas.

Sin embargo, los expertos coinciden en moderar el valor de estos gestos y aseguran que lo realmente importante es la decisi¨®n de incluir a los partidos en la Ley de Transparencia. ¡°Esa s¨ª ser¨ªa la buena noticia¡±, asegura el presidente de Transparencia Internacional en Espa?a, Jes¨²s Lizcano. ¡°En otros pa¨ªses, la publicaci¨®n de las declaraciones afecta hasta a los funcionarios¡±, se?ala el catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria. ¡°La corrupci¨®n no se evita con la publicaci¨®n de las declaraciones de renta¡±, apunta Victoria Anderica, coordinadora de campa?as de Access Info, dedicada a promover y proteger el derecho de acceso a la informaci¨®n.

Todos coinciden en destacar la ambig¨¹edad de las palabras de Mariano Rajoy, cuando anunci¨® que promover¨¢ que ¡°los criterios¡± de la Ley de Transparencia se apliquen a los partidos. Con ellas demostr¨® que el PP recela de someter completamente a los partidos a la nueva norma ya que, de ser as¨ª, las formaciones pol¨ªticas no solo estar¨ªan afectadas por la transparencia (publicaci¨®n de cuentas, contratos, retribuciones, etc¨¦tera), sino tambi¨¦n por el apartado de acceso a la informaci¨®n, con lo que cualquier ciudadano podr¨ªa solicitar documentaci¨®n, igual que en el caso de la Administraci¨®n. Sin embargo, existe un s¨ªmil, el de las sociedades mercantiles que, cuando cuentan con m¨¢s de un 50% de capital p¨²blico, est¨¢n afectadas por esta norma. En el caso de los partidos, las subvenciones rondan el 80% de sus fondos.

Pero lo m¨¢s probable, ya que el PSOE tambi¨¦n estudia un r¨¦gimen especial, es que los partidos no sean incluidos de pleno sino parcialmente, con lo que el destape no ser¨¢ integral y, posiblemente, se quede fuera tanto el acceso a la informaci¨®n como la publicaci¨®n de los nombres de quienes realizan las donaciones que, desde 2007, no pueden ser an¨®nimas.

Respecto al desnudo de las cuentas de los pol¨ªticos, los expertos coinciden en que deber¨ªa hacerse con un patr¨®n, de una forma homog¨¦nea y sin dejarlo a merced del voluntarismo de cada uno. Y destacan la necesidad de crear ¨®rganos independientes que verifiquen la informaci¨®n. ¡°Nos dar¨ªa igual saber cu¨¢nto gana un cargo si tuvi¨¦ramos la certeza de que existe un ¨®rgano revisor independiente que va a certificar que sus declaraciones son correctas¡±, afirma Anderica.

Actualmente, los diputados presentan sus declaraciones de bienes y actividades al inicio de la legislatura. Hasta 2011 estas declaraciones se entregaban a la c¨¢mara, pero no eran p¨²blicas. Si hay variaciones a lo largo del mandato, se han de comunicar los cambios. Pero el Congreso hace de mero ¡°registrador de documentos¡±. Ni certifica que son veraces ni hace comparativas de, por ejemplo, el patrimonio de los diputados para determinar si ha habido alg¨²n tipo de enriquecimiento inusual o no acorde a los bienes declarados.

Rajoy se guarda las medidas contra la corrupci¨®n como un ¡®as¡¯ para el debate

El debate sobre el estado de la naci¨®n tratar¨¢ la propuesta socialista de que cada Administraci¨®n o instituci¨®n se?ale ¡°el ¨®rgano encargado de custodiar los certificados y declaraciones presentadas, as¨ª como de verificar la no existencia de contradicciones o diferencias entre la declaraci¨®n de actividades, la de bienes patrimoniales y los contenidos en la declaraci¨®n anual de IRPF¡±. Rajoy, como respuesta, se guarda las conclusiones del informe del Centro de Estudios Pol¨ªticos y Constitucionales encargado por la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, tambi¨¦n impulsora de la ley de Transparencia.

El encargo especificaba un conjunto de medidas contra la corrupci¨®n que podr¨ªan ser incluidas en la propia ley o derivar en una nueva reforma del C¨®digo Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o, incluso, de la Ley de Financiaci¨®n de partidos, pese a que fue modificada hace apenas dos meses tras el consenso alcanzado entre el PP y el PSOE. Los cambios introdujeron m¨¢s limitaciones y control sobre las formaciones pol¨ªticas, pero la fiscalizaci¨®n y el conocimiento de sus contabilidades siguen recayendo exclusivamente en el Tribunal de Cuentas, sobre el que el Supremo ha advertido de su politizaci¨®n.

¡°En pa¨ªses en los que est¨¢n incluidos los partidos, se han creado agencias que los auditan¡±, se?ala el presidente de Transparencia Internacional que destaca que, al menos, ¡°existe un avance¡±. ¡°Es triste que est¨¦ costando tantas tensiones, pero algo vamos adelantado¡±, sostiene tambi¨¦n Manuel Villoria.

La coordinadora de campa?as de Access Info recuerda que el Grupo de Estados Contra la Corrupci¨®n del Consejo de Europa (Greco) ya advirti¨® en 2009 de que ¡°los partidos pol¨ªticos en Espa?a no est¨¢n sometidos a las normas que regulan el acceso libre a la informaci¨®n. Por lo tanto, la informaci¨®n econ¨®mica detallada no es p¨²blica (a excepci¨®n de la incluida en el informe anual sobre la financiaci¨®n del partido, que publica el Tribunal de Cuentas)¡±. Dos a?os despu¨¦s, otro informe del mismo ¨®rgano constat¨® que Espa?a solo hab¨ªa seguido cinco de las quince recomendaciones hechas en 2009 y que los partidos no daban muestras de someterse a una vigilancia exhaustiva de sus cuentas.