Estrasburgo 2

Lo grave de las palabras de la portavoz de EH- Bildu, Laura Mintegi, en el Parlamento vasco no fue que calificase de ¡°pol¨ªtico¡± el asesinato de Fernando Buesa, pues lo fue sin ninguna duda, sino que dedujera de ello que se habr¨ªa evitado si el Gobierno hubiera aceptado dialogar con ETA. La irritaci¨®n provocada por esa banalizaci¨®n justificativa del crimen enlazaba con la suscitada semanas atr¨¢s por Garikoitz Aspiazu, Txeroki, al leer ante el tribunal de Par¨ªs que juzgaba a los ¨²ltimos dirigentes de la banda una declaraci¨®n en la que lamentaba en nombre de ETA el da?o causado a quienes, sin tener ¡°responsabilidad en el conflicto¡±, hab¨ªan sido v¨ªctimas de sus atentados. Lo que remite a la distinci¨®n entre v¨ªctimas culpables y colaterales.

?Figuraba Buesa entre las primeras por haber sido contrario a la negociaci¨®n??Y las 158 v¨ªctimas de atentados con coche-bomba, indiscriminados por definici¨®n? ?Y los concejales del PP y PSOE asesinados? ¡°ETA ha definido bien sus objetivos¡±, declaraba el 16 de marzo de 2001 al diario italiano La Repubblica el entonces dirigente de la rama juvenil de ETA (y luego de Ekin) Ugaitz Elizaran: ¡°Concejales del PP y del PSOE, por ejemplo, no caben dudas: son objetivos leg¨ªtimos a eliminar¡±.

Jos¨¦ Luis Barrios, juzgado en 2000 por haber intentado volar la casa cuartel de Granada, declar¨® que asum¨ªa las muertes de hijos y mujeres de guardias civiles que hubieran podido producirse porque no eran ¡°civiles ni inocentes¡±. En 1999, poco antes de ser condenado en firme, Barrios ser¨ªa presentado como candidato abertzale al Parlamento navarro. Es seguro que Mintegi rechazar¨ªa la idea de que los hijos de guardias civiles sean objetivos a eliminar, pero los suyos han considerado durante a?os que era leg¨ªtimo dejarlos huerfanos.

Los juzgados en Par¨ªs leyeron al final de la vista una declaraci¨®n en la que confirmaban el fin de la actividad armada. Sin embargo, ETA sigue manteniendo que para que se produzca su disoluci¨®n es condici¨®n resolver el problema de sus presos. Ya saben que una amnist¨ªa no es posible, pero piensan que s¨ª lo es una negociaci¨®n sobre medidas penitenciarias que puedan presentar como prueba de reconocimiento pol¨ªtico y avance hacia la excarcelaci¨®n. Y aunque el ministro del Interior ha admitido que la disoluci¨®n de la banda ¡°facilitar¨ªa la reinserci¨®n de sus presos¡±, ha rechazado, con buen criterio, cualquier negociaci¨®n, que solo servir¨ªa para atrasar el desenlace.

La esperanza de esa ETA residual y carcelaria es ahora que pueda producirse un remedo de amnist¨ªa con la puesta en libertad de los presos a los que se aplic¨® en su d¨ªa la llamada doctrina Parot, entre los que figuran los autores de gran parte de los 482 asesinatos (40 al a?o) cometidos entre 1980 y 1992 (ca¨ªda de Bidart). Ello ocurrir¨ªa si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, confirma su sentencia de julio pasado respecto a esa doctrina. La deliberaci¨®n se inicia hoy, aunque la resoluci¨®n no ser¨¢ inmediata.

La doctrina Parot fue un intento del Tribunal Supremo, en 2006, de corregir las consecuencias de la forma como se ven¨ªa aplicando la redenci¨®n de penas por el trabajo a los condenados seg¨²n el C¨®digo de 1973. Esa redenci¨®n se aplicaba no sobre el total de la condena, sino sobre el periodo m¨¢ximo de cumplimiento fijado en ese c¨®digo, que era de 30 a?os.

Existe consenso entre los juristas en considerar que ese criterio provocaba consecuencias absurdas (e injustas), como que el periodo real de encarcelamiento pudiera ser el mismo para condenados por uno o por 20 asesinatos, rompiendo el principio de proporcionalidad, consustancial al derecho penal. El Supremo estableci¨® que en adelante las reducciones se aplicar¨ªan sucesivamente a cada una de las condenas.

La sentencia de julio no discut¨ªa la justeza o no de ese nuevo criterio sino lo que consideraba aplicaci¨®n retroactiva del mismo. En esto no hay unanimidad entre los juristas por lo que es dif¨ªcil vaticinar cu¨¢l ser¨¢ el resultado del recurso presentado por Espa?a; lo seguro es que ser¨¢ una decisi¨®n pol¨¦mica que podr¨ªa convertirse en pretexto para enfrentamientos entre partidos y asociaciones c¨ªvicas que comparten el rechazo a ETA y la identificaci¨®n con el Estado de derecho.

Para defender que es justo que se mantenga la doctrina Parot no es necesario exagerar las consecuencias de una sentencia en sentido contrario. No es cierto que si se deroga ¡°quedar¨¢ abierta para siempre la puerta de la impunidad¡± y que el Estado de derecho perder¨ªa ¡°un arma fundamental en la lucha contra el terrorismo¡±. Ni lo es que los etarras saldr¨¢n ¡°tras cumplir una pena irrisoria¡± o que ¡°matar saldr¨¢ gratis¡±. Primero, porque se aplica ¨²nicamente a delitos cometidos antes de la entrada en vigor del nuevo C¨®digo, en 1995; segundo, porque no puede hablarse de impunidad de condenados que saldr¨¢n tras m¨¢s de 20 a?os de c¨¢rcel; tercero, porque no es equiparable el efecto de esa medida cuando ETA mataba a raz¨®n de 40 v¨ªctimas al a?o que cuando ha dejado de hacerlo.

A lo que podr¨ªa a?adirse que el Tribunal es el mismo que en 2009 aval¨® la ilegalizaci¨®n de Batasuna, lo que, seg¨²n reconocer¨ªan m¨¢s tarde algunos de sus dirigentes, ser¨ªa decisivo para el giro que desmboc¨® en ese cese de ETA.