El proceso contra el franquismo se reactiva en Argentina

M¨¢s de 150 familiares de v¨ªctimas del franquismo han pedido a la juez argentina que investiga sus casos que solicite a Espa?a la extradici¨®n de nueve presuntos responsables de detenciones ilegales, torturas y fusilamientos sumarios, seg¨²n informaron ayer los abogados de los querellantes. Entre los acusados figuran Rodolfo Mart¨ªn Villa, ministro de Relaciones Sindicales en 1976, el que lo fuera de Vivienda y ex secretario general del Movimiento, Jos¨¦ Utrera Molina, y el de Trabajo, Fernando Su¨¢rez Gonz¨¢lez.

La causa en Argentina comenz¨® en 2010 ante la falta de progresos judiciales en Espa?a y bajo el criterio de justicia universal, el mismo con el que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n investig¨® los cr¨ªmenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990). Los querellantes quieren que la juez Mar¨ªa Romilda Servini de Cubr¨ªa tambi¨¦n pida a Espa?a la extradici¨®n a Argentina de los exjueces Jes¨²s Cejas Mohedano y Rodolfo G¨®mez Chaparro, as¨ª como de los polic¨ªas, y presuntos torturadores del r¨¦gimen, Jos¨¦ Antonio Gonz¨¢lez Pacheco, alias Billy El Ni?o, Jos¨¦ Ignacio Giralte Gonz¨¢lez, Celso Galv¨¢n Abascal y Jes¨²s Mu?ecas Aguilar.

La juez decidir¨¢ tras tomar declaraci¨®n por teleconferencia a 12 v¨ªctimas que viven en Espa?a

La juez se ha reunido con los abogados querellantes y les ha prometido que decidir¨¢ si solicita o no la extradici¨®n de los nueve acusados tras tomar testimonio por teleconferencia a 12 v¨ªctimas del franquismo que viven en Espa?a. Servini hab¨ªa dicho hace un a?o que cruzar¨ªa el Atl¨¢ntico para recoger declaraciones de las v¨ªctimas, pero finalmente no lo hizo. Por eso, a finales de 2012, los querellantes propusieron las teleconferencias y su abogado en Argentina, M¨¢ximo Castex, dijo ayer en una rueda de prensa en Buenos Aires que espera que se concreten entre finales de abril y principios de mayo. Ana Messuti, abogada argentina que apoya la querella, cont¨® que unas 100 personas quer¨ªan ir a denunciar los cr¨ªmenes del franquismo ante los consulados de Argentina en Espa?a, pero debieron seleccionar 12 testimonios. Para ello eligieron aquellos que hab¨ªan sido v¨ªctimas directas, no familiares, y cuyos torturadores siguieran vivos.

Uno de los abogados de las v¨ªctimas, el argentino Carlos Slepoy, admiti¨® que la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy acepte la extradici¨®n de los nueve acusados ¡°parece lejana, pero habr¨¢ una enorme presi¨®n para que sean detenidos¡±, dijo en referencia a la que ejerzan organizaciones de derechos humanos, como Amnist¨ªa Internacional. Slepoy record¨® que parec¨ªa una utop¨ªa que Garz¨®n pidiera la extradici¨®n de los criminales de Argentina porque los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la R¨²a (1999-2001) la negaban, pero en 2003 el entonces presidente N¨¦stor Kirchner la acept¨® e impuls¨® la reapertura de los juicios en su propio pa¨ªs.

La causa afecta a los pol¨ªticos Mart¨ªn Villa, Utrera Molina y Fernando Su¨¢rez

A Mart¨ªn Villa, de 78 a?os, se le acusa de que siendo ministro de Relaciones Sindicales en 1976 orden¨® una represi¨®n policial que acab¨® en Vitoria con cinco trabajadores asesinados y m¨¢s de 100 heridos por armas de fuego. En aquel momento, el ya fallecido Manuel Fraga era ministro de Gobernaci¨®n. La querella quiere que se impute tambi¨¦n a Utrera Molina, de 86 a?os, porque como secretario general del Movimiento firm¨® en 1974 la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich, militante anarquista.

Por su parte, Fernando Su¨¢rez Gonz¨¢lez, de 80 a?os, est¨¢ acusado porque como ministro de Trabajo y vicepresidente tercero del r¨¦gimen orden¨® en 1975 los ¨²ltimos fusilamientos del franquismo, contra Jos¨¦ Humberto Baena, Jos¨¦ Luis S¨¢nchez Bravo y Ram¨®n Garc¨ªa Sanz, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y Juan Paredes Manot y ?ngel Otaegui, de ETA.

La acusaci¨®n contra el exjuez G¨®mez Chaparro, de 89 a?os, se basa en que tom¨® declaraci¨®n a detenidos por el r¨¦gimen franquista, pero desoy¨® sus denuncias de torturas y los mantuvo encerrados en la c¨¢rcel. A Cejas Mohedano, de 66 a?os, se le acusa de condenar a muerte en 1975 a tres militantes del FRAP, Jos¨¦ Humberto Baena Alonso, finalmente fusilado, Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fern¨¢ndez Tovar, cuyas penas fueron conmutadas. Gonz¨¢lez Pacheco, m¨¢s conocido como Billy El Ni?o, de 66 a?os, integraba la Brigada Pol¨ªtico Social (BPS, polic¨ªa pol¨ªtica del r¨¦gimen). Sus palizas son ampliamente descritas en los testimonios dados por sus v¨ªctimas. Giralte Gonz¨¢lez y Galv¨¢n Abascal tambi¨¦n pertenec¨ªan a la BPS, mientras que Mu?ecas Aguilar era guardia civil.