Iguales ante la ley

La imputaci¨®n de la infanta Cristina en el caso N¨®os es un hecho hist¨®rico que da?a y ensucia la imagen de la Familia Real. Desde hace un a?o, esta posibilidad rondaba por los aleda?os de la causa como hip¨®tesis m¨¢s que probable. El juez Jos¨¦ Castro ha acabado este mi¨¦rcoles con todas las elucubraciones y ha imputado a la Infanta, pese a las reticencias de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, en un caso de grave corrupci¨®n.

El caso N¨®os investiga la apropiaci¨®n indebida de fondos p¨²blicos por parte de I?aki Urdangarin, yerno del Rey, y su exsocio Diego Torres, aprovechando contratos p¨²blicos por m¨¢s de seis millones de euros que adjudicaron a dedo los gobiernos del PP en Baleares y la Comunidad Valenciana.

Aunque el instituto N¨®os se presentaba en p¨²blico con las credenciales reales de Urdangarin y un supuesto fin ben¨¦fico sin ¨¢nimo de lucro, los costes de los eventos que organizaba estaban muy por debajo de las tarifas que cobraba.

Las ganancias siempre terminaban en la caja de empresas privadas de Urdangarin y Torres. Una de las sociedades m¨¢s beneficiadas por estas pr¨¢cticas, consideradas delictivas por juez y fiscal del caso, se llama Aizoon y es propiedad al 50% de Urdangarin y su esposa la infanta Cristina.

Del negocio muy lucrativo e il¨ªcito que mont¨® Urdangarin, seg¨²n la investigaci¨®n, se lucr¨® su esposa.

Adem¨¢s, la infanta Cristina formaba parte de la Junta Directiva del Instituto N¨®os. Era uno de sus cinco miembros aunque, seg¨²n los empleados de la empresa que han declarado ante el juez, nunca se la vio por la sede, ni en el sumario aparece la firma de la Infanta vinculada a la toma de decisiones o a la administraci¨®n de fondos.

Esa ausencia aparente de la Infanta en la gesti¨®n cotidiana del Instituto N¨®os y la inexistencia de documentos que acreditaran su participaci¨®n en la direcci¨®n de la misma llev¨® al juez Jos¨¦ Castro a desestimar la petici¨®n de una de las acusaciones particulares para imputar a la hija del Rey.

Desde entonces, hace casi un a?o, el juez ha incorporado al sumario algunos indicios de que la Infanta pudo conocer, proteger y ayudar al negocio de su marido, en el que figuraba como vocal de la Junta Directiva. En sus interrogatorios a testigos e imputados, ha buscado nuevos indicios para que nadie pensara que dispensaba un trato de favor a la hija del Rey. Con su ¨²ltima decisi¨®n, el juez Castro parece haber llevado a su ¨²ltima consecuencia aquella sentencia del Rey en su mensaje de nochebuena de 2011, seg¨²n la cual todos los espa?oles son iguales ante la ley. Hasta su hija.

El exsocio de Urdangarin, Diego Torres, ha colaborado activamente a la imputaci¨®n de la Infanta suministrando al juez cientos de correos electr¨®nicos que mostraban una cierta complicidad de la Casa del Rey con los negocios de Urdangarin, as¨ª como la supuesta intermediaci¨®n de la Infanta para allanar el camino de los proyectos empresariales de su marido.

En la recta final de la primera causa judicial en la historia reciente de Espa?a que implica a la Familia Real, el juez ha decidido citar como imputada a la Infanta. Esa imputaci¨®n no significa que la hija del Rey vaya a ser procesada por corrupci¨®n junto a su marido, al que el juez le ha impuesto una voluminosa fianza de responsabilidad civil para responder del supuesto da?o causado a las arcas p¨²blicas. Aunque cabe esa posibilidad.