PSOE: la apuesta federal

Es evidente que el paso dado ahora por el PSOE responde a una situaci¨®n de emergencia, suscitada por el independentismo que impulsa Artur Mas desde el Gobierno de Catalu?a. Est¨¢, sin embargo, vinculado a tomas de posici¨®n precedentes, tales como el acuerdo de Santillana, muy pronto olvidado. Lo cierto es que supone el primer paso efectivo, dado por la izquierda democr¨¢tica, para resolver una demanda, durante un a?o hegem¨®nica en la sociedad catalana, y que no puede ser atendida ¨²nicamente con invocaciones a la legalidad. Cierto que la propuesta llega inexplicablemente tarde, puesto que su verdadero papel hubiera sido poner sobre la mesa una alternativa al eje independentista de Mas-Junqueras despu¨¦s de las elecciones al Parlament, cuando los dos socialismos, el catal¨¢n y el del conjunto de Espa?a, se encerraron en un laberinto de palabras vac¨ªas, el primero apoyando la autodeterminaci¨®n ¡ªno otra cosa es el ¡°derecho a decidir¡±¡ª, y al mismo tiempo distanci¨¢ndose de la independencia, y el segundo ante la imposibilidad de contener la actitud del PSC sin ruptura.

Cierto tambi¨¦n que seg¨²n cab¨ªa esperar el presidente de la Generalitat ha hecho ante el informe o¨ªdos de mercader, ya que como todos sabemos, de Espa?a y de los pol¨ªticos espa?oles, no se f¨ªa nada, y por consiguiente es irrelevante cuanto digan o propongan.

A pesar de ello, el proyecto est¨¢ ah¨ª, con un nivel de elaboraci¨®n m¨¢s que suficiente, lo cual hace posible conjugar valoraciones de conjunto con cr¨ªticas puntuales, y permite por vez primera plantear de forma clara, desde un enfoque global bien articulado, que un cambio constitucional es susceptible de resolver, por lo menos en el plano t¨¦cnico, las tensiones creadas en los ¨²ltimos tiempos por el visible agotamiento del Estado de las autonom¨ªas en su forma actual.

Las demandas catalana y vasca ser¨ªan satisfechas, pero alg¨²n matiz no vendr¨ªa mal

Las dos claves del proyecto son, a mi entender, un incremento sustancial en el papel pol¨ªtico de las comunidades aut¨®nomas, lo cual justifica que como sugiere el texto los Estatutos pasen a denominarse Constituciones, y una delimitaci¨®n de las competencias en los distintos ¨®rdenes, de manera que cese en lo posible el ruido provocado desde los inicios de nuestro quasi federalismo por los conflictos y las reivindicaciones en sentido vertical de cada comunidad hacia el Estado. Muy pronto, Eliseo Aja puso de manifiesto que los recursos al Constitucional en este sentido en los primeros a?os multiplicaban los registrados durante cuatro d¨¦cadas en la Rep¨²blica Federal Alemana. El coste de esta situaci¨®n no ha sido solo de naturaleza pol¨ªtico-administrativa, sino de orden ideol¨®gico, alentando el ¡°victimismo¡± y la idea de que los intereses comunitarios se encuentran de modo sistem¨¢tico enfrentados a los del ¡°Estado espa?ol¡±.

Sin embargo, el proyecto socialista alcanza a trazar con nitidez la frontera entre Estado federal y confederaci¨®n. Solo que las relaciones de poder actuales se invierten en el plano formal. Dejar¨ªa de existir la ambig¨¹edad actual, con repartos de competencias, que luego pueden ser alterados a fondo por la aplicaci¨®n del art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n. Una vez establecidas, fijadas, las competencias del Estado, las restantes corresponden de forma natural a las comunidades aut¨®nomas, que podr¨¢n desarrollarlas, siempre desde un respeto estricto a las primeras, pero sin temer que de la ambig¨¹edad pueda surgir un recorte al espacio de atribuciones que les es propio. Por lo mismo es determinado taxativamente el procedimiento de recurso previo, as¨ª como de plazo de resoluci¨®n para el mismo, ante el Tribunal Constitucional, de suerte que no pueda reproducirse el caso de la impugnaci¨®n del ¨²ltimo Estatuto de Catalu?a, cuyas penosas consecuencias son de todos conocidas.

El vuelco dado a la composici¨®n y a las funciones del Senado resultaba inevitable, otorgando el protagonismo a las comunidades, seg¨²n corresponde al car¨¢cter de c¨¢mara territorial. La reducci¨®n al m¨ªnimo de las atribuciones del Tribunal Constitucional resulta en cambio discutible, lo mismo que la plena asignaci¨®n a las comunidades de la pol¨ªtica educativa y ling¨¹¨ªstica, sin reserva alguna. Las demandas catalana y vasca ser¨ªan satisfechas, pero alg¨²n matiz no vendr¨ªa mal, lo mismo que en el caballo de batalla representado por el ¡°principio de ordinalidad¡±, que en cierto modo equivale a jugar una competici¨®n deportiva sin riesgo de descenso. La articulaci¨®n con el principio de solidaridad debe ser m¨¢s precisa. Y en cuanto a la financiaci¨®n auton¨®mica, el reconocimiento de los conciertos de Euskadi y Navarra no debe marginar el tema de su necesaria evaluaci¨®n cuantitativa para evitar el privilegio hoy vigente.

Ahora falta trasladar la propuesta al PP y a los catalanes, ambas cosas nada f¨¢ciles.