Los socialistas piden la dimisi¨®n del alcalde de Valladolid
Doce personas y cuatro empresas, imputadas por alterar en 2003 un plan de urbanizaci¨®n El auto excluye a Javier Le¨®n de la Riva
Los socialistas de Valladolid han pedido la dimisi¨®n del alcalde, el popular Javier Le¨®n de la Riva, despu¨¦s de que doce personas, entre ellas su anterior concejal de Urbanismo, hayan sido imputadas por alterar en 2003 el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU). "Cuesta creer que el alcalde no sab¨ªa nada", ha afirmado el portavoz del PSOE en el consistorio vallisoletano, Javier Izquierdo, "pero a mayores, si no lo sab¨ªa, demuestra que no sabe d¨®nde tiene la mano derecha y d¨®nde la izquierda, y as¨ª no se puede seguir al frente de un ayuntamiento".
Izquierdo ha calificado de "el mayor caso de corrupci¨®n urban¨ªstica en Valladolid" las modificaciones hechas en 2003 en m¨¢s de 60 art¨ªculos y cinco planos de un PGOU que ya hab¨ªa sido aprobado por el pleno municipal. El portavoz socialista ha asegurado en un comunicado que se trata de una "aut¨¦ntica trama orquestada a nivel municipal que ha promovido alteraciones subrepticias para beneficiar a particulares" y ha pedido que se asuman responsabilidades pol¨ªticas.
El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Valladolid ha imputado a Jos¨¦ Antonio Garc¨ªa de Coca, exconcejal de Urbanismo del ayuntamiento, a otras once personas y a cuatro empresas. El juez ha considerado en el auto la posibilidad de que se hayan cometido delitos contra la ordenaci¨®n del territorio, prevaricaci¨®n, falsedad, cohecho, tr¨¢fico de influencias y negociaci¨®n prohibida a funcionarios. Entre los imputados est¨¢n el secretario municipal, Valent¨ªn Merino, t¨¦cnicos de dos ¨¢reas del ayuntamiento y varios constructores locales. Las empresas supuestamente involucradas son Capitol Promociones, Parkosa, Progot y Vallenava Capitol, seg¨²n ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n.
El auto excluye Le¨®n de la Riva, el arquitecto Pablo Luis Gigosos, los a¨²n ediles Gonzalo Hern¨¢ndez y Manuel S¨¢nchez, y otras cuatro personas que tambi¨¦n declararon como imputados en el proceso, iniciado en 2008. El juez ha alegado que en sus casos "no se trata de la inexistencia de delitos", sino que no se ha confirmado que hayan participado en alguno.
Los argumentos desarrollados en el auto de imputaci¨®n hacen referencia a tres aspectos claves. El primero es que no se tramit¨® el cambio del PGOU mediante revisi¨®n del mismo, en lugar de modificaci¨®n. La segunda es que no se dio cuenta del texto ¨²nico por el Pleno municipal a todos los grupos, con tiempo para que sea examinado antes de que sea remitido para ser publicado. Por ¨²ltimo, no fue controlado por la Consejer¨ªa de Fomento antes de su publicaci¨®n.
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