Santa Cruz de Tenerife pag¨® 52 millones de euros por una parcela que ya era suya

El pelotazo urban¨ªstico de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, va camino de convertirse en el mayor entramado de corrupci¨®n de la historia del archipi¨¦lago. Pocos procesos judiciales han despertado tanto inter¨¦s medi¨¢tico e indignaci¨®n ciudadana ante el presunto enriquecimiento il¨ªcito en la compraventa de unos terrenos, en una operaci¨®n viciada desde el inicio y sin garant¨ªa legal alguna.

Ahora, tras m¨¢s de siete a?os de proceso judicial y con el exalcalde de Coalici¨®n Canaria, Miguel Zerolo, imputado por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos por el Tribunal Supremo, el caso ha dado un giro ins¨®lito sobre una de las piezas del puzle: la compra por parte del Ayuntamiento del frente de playa, por el que pag¨® 52,7 millones de euros en 2001. Una millonada por un suelo que ya era suyo desde hac¨ªa m¨¢s de 30 a?os, seg¨²n los nuevos documentos aportados por el municipio.

Para dimensionar la importancia de la nueva documentaci¨®n aportada a la fiscal¨ªa hay que remontarse a 1998, cuando el empresario y hasta hace unas semanas presidente de la C¨¢mara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio Manuel Gonz¨¢lez Mart¨ªn, adquiri¨® 298.000 metros cuadrados del frente de playa de Las Teresitas, a trav¨¦s de la sociedad Inversiones Las Teresitas S.L., creada para tal fin y por un importe de 33,7 millones de euros, financiado por un cr¨¦dito concedido por Caja Canarias.

A Gonz¨¢lez Mar¨ªn no le cost¨® mucho tramitar aquel cr¨¦dito. Pertenec¨ªa al consejo de administraci¨®n de la caja, al igual que el propio alcalde de Coalici¨®n Canaria, Miguel Zerolo.

Tan solo cuatro a?os despu¨¦s, en 2002, y sin haberse realizado construcci¨®n alguna en el frente de playa, el consistorio compr¨® a Inversiones Las Teresitas parte de las parcelas del frente de playa por 52,7 millones de euros. Es decir, que los empresarios Ignacio Manuel Gonz¨¢lez y Antonio Plasencia, a la saz¨®n presidente de la Federaci¨®n de Constructores de Santa Cruz de Tenerife, se embolsaron ya un beneficio de 19,6 millones de euros. Toda la operaci¨®n se llev¨® a cabo por parte del Ayuntamiento ignorando los informes t¨¦cnicos municipales que advert¨ªan que el precio que los empresarios fijaron para el suelo era tres veces superior al real. La operaci¨®n se realiz¨®, seg¨²n se ha sabido ahora, cuando el Ayuntamiento ya sab¨ªa, desde dos a?os antes, que esas parcelas eran de su propiedad pese a que no estaban inscritas.

Zerolo, un senador investigado

El principal actor de la gran trama del caso de Las Teresitas es el exalcalde de Santa Cruz y actual senador Miguel Zerolo. Su fortuna ha dado pie a que sea investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales, uno de tantas causas abiertas contra el pol¨ªtico tinerfe?o. Ante estas acusaciones, Zerolo no se esconde. Incluso en la declaraci¨®n de bienes como senador declara dividendos de acciones cotizadas en bolsa y beneficios en sociedades mineras como Canad¨¢, Mongolia, Australia o Bostwana. En total son 486.000 acciones, incluida la compra de un porcentaje de la sociedad Ecoenerg¨¦tica de Canarias S.L. por valor de 60.000 euros.

En el sumario del caso de Las Teresitas el informe policial advert¨ªa de que Miguel Zerolo llev¨® un alto tren de vida coincidente con la operaci¨®n de compraventa de las parcelas de la playa y, adem¨¢s, goz¨® de una suerte infinita porque, justo en ese periodo, el alcalde santacrucero se embols¨® 57.877 euros de varios premios de las loter¨ªas de Navidad y del Ni?o. Pocos d¨ªas despu¨¦s del premio, cerr¨® la compra de una finca.

Para la Fiscal¨ªa, la ¡°buena estrella¡± de Zerolo es tan sospechosa de una operaci¨®n de blanqueo como el hecho de que durante m¨¢s de 20 meses no realizara ning¨²n movimiento en sus cuentas bancarias.

Adem¨¢s, Gonz¨¢lez y Plasencia se beneficiaron de una plusval¨ªa de otros 90,3 millones tras la recalificaci¨®n, en 2000, de los terrenos que los empresarios mantuvieron en propiedad. Este caso considerado como un "pelotazo de libro" por la propia Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, lleg¨® a los tribunales en 2006 cuando el colectivo ecologista ?nsula Viable present¨® la primera denuncia y la entonces reci¨¦n creada Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tambi¨¦n present¨® una querella cuyo recorrido ha llegado al Tribunal Supremo con la imputaci¨®n del exalcalde de Coalici¨®n Canaria, Miguel Zerolo por malversaci¨®n.

Entre los documentos, remitidos por el actual grupo de gobierno del Ayuntamiento capitalino (formado por CC y PSC- PSOE) a la fiscal¨ªa destaca un t¨ªtulo de propiedad por el que la Junta de Compensaci¨®n cedi¨® en 1967 al Consistorio el frente de la playa a cambio de que el Ayuntamiento construyera la escollera y la playa artificial. En el documento se establece que si no se constru¨ªa la playa, la Junta de Compensaci¨®n podr¨ªa recuperar sus parcelas, aunque para hacerlo tendr¨ªa que ingresar 50 millones de pesetas (300.500 euros) en las arcas municipales por aprovechamiento urban¨ªstico. Finalmente, la Junta no desembols¨® una peseta y el Ayuntamiento construy¨® la escollera y la playa quedando registrado como propiedad municipal.

Otro de los documentos remitidos a la fiscal¨ªa es una ficha de inventario que certifica que los terrenos son de titularidad municipal, si bien no queda constancia del citado convenio con la Junta de Compensaci¨®n fuera elevado a p¨²blico pero s¨ª registrado en documento notarial, lo que explicar¨ªa que los empresarios pudieran adquirir los terrenos del frente de playa.

Por si esto no fuera poco, el tercer documento encontrado en el Ayuntamiento, el que ha desvelado que el Consistorio sab¨ªa de la titularidad del suelo, es una carta remitida por el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo en 2000. En ella, el Consistorio reclama a la Junta de Compensaci¨®n 66.000 euros para recuperar la propiedad de las parcelas de la playa. 66.000 euros por un suelo por el que dos a?os pagar¨ªa 52 millones.

La aparici¨®n de estos nuevos documentos ha supuesto una aut¨¦ntica bomba hasta el punto de suspenderse la vista oral en la causa civil que enfrenta al Ayuntamiento con los empresarios, quienes reclaman 116 millones de euros a la corporaci¨®n por da?os y perjuicios.