Bodas ante notario por 95 euros

Matrimonios y divorcios ante notario, previo pago de 95 euros. El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el anteproyecto de Ley de la Jurisdicci¨®n Voluntaria, que delegar¨¢ en los 3.000 notarios y 1.000 registradores espa?oles ¡ªque cobran un arancel fijado por el Gobierno¡ª buena parte de los procedimientos no contenciosos que ahora se resuelven en los juzgados: por ejemplo, los relacionados con herencias, testamentos o conflictos menores en empresas. Tambi¨¦n delegar¨¢ en los notarios los matrimonios y los divorcios de mutuo acuerdo, aunque aqu¨ª el cambio ser¨¢ voluntario: el ciudadano podr¨¢ elegir entre casarse ¡ªcomo ahora¡ª ante un cura, un juez o un alcalde ¡ªlo que a veces es gratis y otras veces no¡ª o hacerlo ante notario, pagando en este caso un arancel de 95 euros. Lo mismo con los divorcios: si es de mutuo acuerdo y no hay hijos menores o discapacitados, la pareja podr¨¢ elegir entre divorciarse en un juzgado, como ahora (pagando lo que se gaste en abogados), o hacerlo ante notario (abonando adem¨¢s 95 euros).

¡°Nada sale del ¨¢mbito de lo p¨²blico¡±, ha afirmado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, al presentar el anteproyecto, asegurando que la medida responde a la necesidad de ¡°descongestionar los juzgados¡± y no al inter¨¦s de generar un lucro para los notarios en un momento en el que sus ingresos han ca¨ªdo por la explosi¨®n de la burbuja inmobiliaria. Fuentes de Justicia niegan que esta ley avance en la privatizaci¨®n, y dan dos argumentos: primero, que los notarios y registradores son, oficialmente, un tipo de funcionario p¨²blico ¡ªaunque sus ingresos no salen de las arcas p¨²blicas sino de los aranceles que cobran a los ciudadanos¡ª; y segundo, que ¡°los procedimientos en los juzgados no son tampoco gratuitos para el ciudadano, ya que, aunque no hay aranceles, la mayor¨ªa de ellos requiere contratar abogado y procurador¡±. La nueva ley, subrayan, eliminar¨¢ esa obligaci¨®n de contar con abogado y procurador en los asuntos que sean gestionados por los notarios.

La Uni¨®n Progresista de Secretarios Judiciales, sin embargo, ve en esta ley ¡°otra apuesta m¨¢s por la privatizaci¨®n de la justicia¡± y un intento de ¡°incrementar el volumen de negocio¡± de notarios y registradores. ¡°No existe ning¨²n motivo que impida que el conocimiento de estas materias, se le otorgue a los secretarios judiciales, [lo] que ser¨ªa gratuito para los ciudadanos¡±, ha protestado la asociaci¨®n en un comunicado.

La jurisdicci¨®n voluntaria regula, por lo general, aquellos procedimientos en los que no hay exactamente un conflicto entre dos partes, sino una necesidad del ciudadano de obtener una resoluci¨®n judicial para ejercer un derecho o lograr un acuerdo: por ejemplo, recibir autorizaci¨®n para donar ¨®rganos siendo un donante vivo, resolver una herencia en la que el fallecido no ha dejado testamento, establecer un r¨¦gimen de patria potestad o dictar una subasta voluntaria de bienes. Hay unos 50.000 procedimientos de ese tipo al a?o ¡ªde los nueve millones de asuntos que entran en los juzgados, seg¨²n Justicia¡ª, y pr¨¢cticamente todos son resueltos en la actualidad por jueces.

La regulaci¨®n de la jurisdicci¨®n voluntaria est¨¢ salpicada a lo largo de distintas normativas, que el Gobierno ha agrupado ahora en una nueva ley. Y esa ley incluye un cambio fundamental: muchos de los procedimientos que ahora se resuelven en los juzgados ¡ªgratis, salvo cuando se requiere abogado y procurador¡ª pasar¨¢n a ser resueltos por notarios y registradores, que cobrar¨¢n un arancel (distinto para cada procedimiento) fijado por el Gobierno. Otros asuntos ¡ªla mayor¨ªa¡ª seguir¨¢n llev¨¢ndose en los juzgados, y algunos muy puntuales ser¨¢n asumidos indistintamente por jueces o por notarios.

Justicia calcula que, aproximadamente 18.000 de los 50.000 asuntos anuales ser¨¢n delegados en notarios y registradores. Ser¨¢n los referidos a actos de car¨¢cter testamentario sucesorio, intervenciones en contratos entre particulares, subastas voluntarias, y asuntos mercantiles como nombramiento de peritos o auditores en empresas. A esos cerca de 18.000 asuntos habr¨¢ que a?adir, no obstante, los 700.000 procesos monitorios (reclamaciones de deudas entre particulares) que ahora est¨¢n fuera de la jurisdicci¨®n voluntaria y que la ley va a incorporar: en esos procesos, ser¨¢ decisi¨®n de los litigantes resolverlo ante el juez o ante el notario.

En manos de los jueces o secretarios judiciales seguir¨¢n todos los asuntos de jurisdicci¨®n voluntaria que afecten a derechos de personas y familia, al inter¨¦s p¨²blico o al estado civil, o impliquen a menores o precisen una especial tutela judicial. Por ejemplo, los acogimientos o adopci¨®n de menores, la extracci¨®n de ¨®rganos de donantes vivos, la dispensa para contraer matrimonio en casos en los que hay parentesco, la patria potestad y relaciones de menores con sus abuelos, la administraci¨®n de bienes gananciales y algunos asuntos mercantiles como la disoluci¨®n de sociedades.

Aunque el matrimonio y el divorcio no tienen nada que ver con la jurisdicci¨®n voluntaria, Justicia ha aprovechado esta ley para introducir tambi¨¦n un cambio en esos dos procedimientos, deleg¨¢ndolos tambi¨¦n en los notarios. Con una diferencia: en este caso el ciudadano podr¨¢ decidir si opta por esa delegaci¨®n o no. Eso supone cierta rectificaci¨®n del ministerio, que hace un a?o, cuando anunci¨® la medida, no matiz¨® que ser¨ªa voluntaria.

En la actualidad, una pareja en Espa?a puede casarse ante un cura, ante un alcalde o un concejal o ante el juez responsable del Registro Civil. Los jueces no cobran tasa; los Ayuntamientos, unos no y otros s¨ª (en torno a 100 euros); y las parroquias suelen pedir la voluntad. Cuando la nueva ley entre en vigor ¡ªaproximadamente en un a?o, porque a¨²n debe pasar por el Parlamento¡ª, esa pareja podr¨¢ casarse ante el cura, el alcalde o el juez, o ¡ªy esta ser¨¢ la novedad¡ª ante un notario. Y en ese ¨²ltimo caso pagar¨¢ un arancel de unos 95 euros, ¡°un coste asumible dentro del coste general de celebraci¨®n de una boda¡±, ha dicho Gallard¨®n. ?Por qu¨¦ elegir¨ªa alguien pagar un arancel en lugar de casarse gratis ante un juez? ¡°Puede ocurrir, por ejemplo, que la pareja quiera contraer matrimonio en una casa de campo a la que ni el juez ni el alcalde est¨¦n dispuestos a desplazarse, o que haya lista de espera en el Ayuntamiento y la pareja no quiera esperar¡±, afirman desde el ministerio.

Para divorciarse ser¨¢ parecido. En los casos de divorcio de mutuo acuerdo y siempre que no haya hijos menores o discapacitados ¡ªque ahora se llamar¨¢n ¡°personas con capacidad judicialmente complementada¡±¡ª, la pareja podr¨¢ elegir divorciarse ante un juez o acudir a un notario (pagando un arancel de 95 euros). Si el divorcio no es de mutuo acuerdo o hay hijos menores o discapacitados, el divorcio solo podr¨¢ sellarlo un juez. En Espa?a hay unas 100.000 bodas civiles al a?o, y el mismo n¨²mero de divorcios.

A Gallard¨®n le preguntaron si el presidente Mariano Rajoy se hab¨ªa inhibido en la deliberaci¨®n por ser registrador de la propiedad. El ministro eludi¨® responder, pero se?al¨® que la inhibici¨®n solo se da cuando hay un inter¨¦s personal en una ley, y que si ¨¦l mismo, que es fiscal, tuviera que inhibirse cada vez que una ley afecta al cuerpo de fiscales, no podr¨ªa ser ministro de Justicia.