La ONU insta a Espa?a a cumplir ¡°su obligaci¨®n¡± y buscar a los desaparecidos

Espa?a se examin¨® los pasados 5? y 6 de noviembre, por primera vez, ante el Comit¨¦ de la ONU contra la Desaparici¨®n Forzada que, tras evaluar el informe presentado por la embajadora espa?ola ante Naciones Unidas Ana Men¨¦ndez P¨¦rez y los abogados del Estado, as¨ª como entrevistar entre otros al exjuez Baltasar Garz¨®n, ha emitido hoy su dictamen. El informe final del organismo internacional expresa su preocupaci¨®n por el desamparo de las v¨ªctimas del franquismo e insta al Gobierno a "cumplir su obligaci¨®n" de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomienda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que asigne "los recursos de personal, t¨¦cnicos y financieros suficientes". Actualmente no existe ninguna partida presupuestaria para esta tarea.

Los argumentos esgrimidos por los abogados del Estado espa?oles sobre la imposibilidad de investigar esas desapariciones debido a la muerte de los responsables, la prescripci¨®n del delito y la ley de amnist¨ªa no han convencido a la ONU. "El Comit¨¦ insta al Estado a que vele por que los plazos de prescripci¨®n se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparici¨®n forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. Asimismo, lo exhorta a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas (...) y a que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obst¨¢culos jur¨ªdicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretaci¨®n que se ha dado a la ley de amnist¨ªa".

"Los presuntos autores", a?ade la ONU, "deben ser enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos", y las v¨ªctimas deben recibir "reparaci¨®n adecuada".

El Comit¨¦ de Naciones Unidas contra la desaparici¨®n forzada tambi¨¦n insta a Espa?a a colaborar "en todo lo necesario" con las autoridades de otros pa¨ªses que est¨¦n investigando estos casos, como ocurre ahora en Argentina. La juez de Buenos Aires Mar¨ªa Servini de Cubr¨ªa ha solicitado la extradici¨®n de dos acusados de torturas durante el franquismo: el exguardia civil Jes¨²s Mu?ecas y el exinspector Jos¨¦ Antonio Gonz¨¢lez Pacheco, Billy el Ni?o,? pero Espa?a todav¨ªa no ha respondido a esa petici¨®n ni ha detenido a los imputados.?

Naciones Unidas manifiesta tambi¨¦n su inquietud por el escaso alcance de la ley de memoria hist¨®rica que hace recaer en los familiares de las v¨ªctimas las tareas de localizaci¨®n e identificaci¨®n de sus desaparecidos cuando la "la b¨²squeda de las personas que han sido sometidas a desaparici¨®n forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado".? El Comit¨¦ de la ONU insta a Espa?a a considerar la creaci¨®n de "un ¨®rgano espec¨ªfico" encargado de la b¨²squeda de estas personas. La cifra que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n expuso durante su intervenci¨®n ante el comit¨¦ asciende a m¨¢s de 150.000.

Finalmente, el Comit¨¦ invita a Espa?a a constituir una comisi¨®n de la verdad con expertos independientes que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. As¨ª lo hab¨ªa solicitado tambi¨¦n Garz¨®n durante su intervenci¨®n en la ONU.

La ONU ha dado a Espa?a un plazo de un a?o, "a m¨¢s tardar el 15 de noviembre de 2014" para informar al Comit¨¦ de si ha hecho caso a tres de sus recomendaciones: la de adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la ley de amnist¨ªa e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo; la de eliminar en la futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la detenci¨®n incomunicada y la de dotar de recursos econ¨®micos, t¨¦cnicos y de personal la tarea de b¨²squeda de desaparecidos. Para el resto de sus recomendaciones, el Comit¨¦ da a Espa?a un plazo de seis a?os.

El Comit¨¦ contra la Desaparici¨®n Forzada es un organismo de la ONU formado por expertos independientes encargado de vigilar el cumplimiento de la Convenci¨®n Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que 40 Estados, entre ellos Espa?a (2010), han ratificado. El art¨ªculo 29 de la convenci¨®n obliga al Gobierno a informar peri¨®dicamente al Comit¨¦ de qu¨¦ medidas ha adoptado para cumplir con las obligaciones contra¨ªdas al ratificar la Convenci¨®n (que se public¨® en el BOE el 18 de febrero de 2011).

"No se trata de mirar al pasado con revancha. La verdad es reparadora. Y no solo para las v¨ªctimas, sino para la sociedad entera. Cuando hay una contradicci¨®n entre la justicia y el derecho, debe prevalecer la justicia", ha explicado a EL PA?S el encargado de redactar el informe sobre Espa?a, el uruguayo ?lvaro Garc¨¦ Garc¨ªa y Santos.

Garz¨®n: "No es una cuesti¨®n del pasado, es del presente, ahora"

"No tiene sentido que Espa?a emita un informe sin hacer menci¨®n al mayor n¨²mero de desapariciones forzadas que existen en nuestro pa¨ªs como es el n¨²mero de v¨ªctimas de la Guerra Civil y el franquismo, m¨¢s de 150.000 personas respecto de las cuales no ha habido respuesta judicial ni de reparaci¨®n alguna ante la escasez del ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la ley de memoria hist¨®rica", ha declarado Garz¨®n. "Espa?a est¨¢ obligada ineludiblemente a investigar estos cr¨ªmenes. Esta cuesti¨®n no es del pasado, es del presente, es de ahora".

El exmagistrado de la Audiencia Nacional record¨® c¨®mo la sentencia por la que el Tribunal Supremo le absolvi¨® del delito de prevaricaci¨®n por su investigaci¨®n de los cr¨ªmenes del franquismo primero, y el posterior auto del 28 de marzo de 2012 de la misma sala hab¨ªan "cerrado" totalmente la posibilidad de investigar estas desapariciones en Espa?a. "La jurisprudencia no es ley", pero para Garz¨®n ambas resoluciones judiciales actuaban como una amenaza, un aviso a navegantes: "nadie va a desatender el mensaje claro, contundente, del Supremo, si no quiere asumir unas consecuencias nada deseables para un juez". Por eso, ha a?adido, no hay en Espa?a ninguna investigaci¨®n abierta sobre estos cr¨ªmenes.

Amnist¨ªa Internacional celebra el dictamen de la ONU

Amnist¨ªa Internacional, a quien el Comit¨¦ invit¨® a Ginebra para opinar sobre el caso espa?ol, celebra el dictamen de la ONU, que apoya sus posiciones: "El Comit¨¦ da un paso importante tanto para Espa?a como para el resto de pa¨ªses ya que reconoce su competencia para formular recomendaciones a los Estados sobre desapariciones forzadas cometidas en el pasado", ha declarado Ignacio Jotvis, el enviado de la organizaci¨®n a Ginebra para el examen a Espa?a el pasado 5 de noviembre. El informe que el Gobierno present¨® el primer d¨ªa de su evaluaci¨®n negaba al Comit¨¦ de Naciones Unidas la competencia para exigirles nada sobre desapariciones producidas antes de la entrada en vigor para Espa?a de la Convenci¨®n contra las Desapariciones Forzadas, el 23 de diciembre de 2010.

Amnist¨ªa Internacional espera que "todas las autoridades espa?olas, incluidas las judiciales" adopten a partir de ahora las recomendaciones de la ONU.

Las v¨ªctimas piden al Gobierno una disculpa y que deje de "mirar para otro lado"

Tambi¨¦n la Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica (ARMH) ha celebrado la decisi¨®n de Naciones Unidas. "El Gobierno espa?ol non puede seguir mirando para otro lado y negar a las v¨ªctimas de la dictadura sus derechos. Deber¨ªa disculparse p¨²blicamente con ellas por haberlas maltratado", afirman en un comunicado.

"Desde que en el a?o 2000 se exhumara la primera fosa de v¨ªctimas de la dictadura con t¨¦cnicas cient¨ªficas hasta hoy el Gibierno ha incumplido gravemente sus deberes humanitarios hacia las miles de familias que tienen un ser querido desaparecido". "Estos a?os de espera para las v¨ªctimas han sido una forma de maltrato, de ser ignoradas por un Estado que para unas violencias garantiza la verdad, la justicia y la reparaci¨®n porque les interesa electoral y pol¨ªticamente y para otras, como las de la dictadura, ni siquiera la m¨ªnima ayuda humanitaria para poder dar sepultura a sus seres queridos", a?aden.

La Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica acusa al Gobierno de haber denegado el auxilio a las v¨ªctimas del "delito m¨¢s grave y terror¨ªfico que se puede cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cad¨¢ver para extender el dolor de su familia en el espacio y en el tiempo".