La justicia universal se convierte en un foco de tensi¨®n con pa¨ªses aliados

El principio de justicia universal, por el cual un Estado se declara competente para perseguir a los autores de cr¨ªmenes contra la humanidad cometidos incluso fuera de su territorio ¡ªsiempre que otro pa¨ªs no los haya investigado¡ª se ha convertido en un foco intermitente de tensi¨®n entre Espa?a y otros pa¨ªses, algunos de ellos aliados, como Estados Unidos o Israel. Las actuaciones de los magistrados de la Audiencia Nacional, generalmente a ra¨ªz de querellas de grupos de defensa de los derechos humanos, han enojado a los pa¨ªses afectados y han puesto muchas veces en una tesitura complicada al Gobierno espa?ol. Este, de puertas afuera, ha pronunciado siempre la consabida coletilla del respeto a la independencia del poder judicial y a las resoluciones de los tribunales. De puertas adentro, sin embargo, los diferentes Ejecutivos espa?oles han tratado de poner coto a la persecuci¨®n de los delitos de ¨¢mbito internacional, un quebradero de cabeza diplom¨¢tico de primera magnitud.

El ¨²ltimo conflicto deriva de la decisi¨®n de la Audiencia Nacional de poner en busca y captura al expresidente chino Jiang Zemin y de investigar a su sucesor, Hu Jintao, entre otros miembros de la c¨²pula pol¨ªtica y militar del gigante asi¨¢tico, por el genocidio del T¨ªbet de los a?os 80 y 90 del siglo pasado. Esta causa judicial, en manos del magistrado Ismael Moreno, se inici¨® en 2006 tras una querella interpuesta por el Comit¨¦ de Apoyo al T¨ªbet (CAT).

Ya desde el inicio de la instrucci¨®n las autoridades chinas reaccionaron con irritaci¨®n. En junio de 2006, el Gobierno de Pek¨ªn llam¨® al embajador de Espa?a para quejarse por las actuaciones judiciales sobre el genocidio tibetano, que calificaron de una ¡°interferencia¡± en sus asuntos internos y una ¡°difamaci¨®n total¡±.

La apertura de diligencias sobre la represi¨®n en el T¨ªbet coincidi¨® en el tiempo con la decisi¨®n del Tribunal Supremo de obligar a la Audiencia Nacional a investigar otra querella sobre la persecuci¨®n a los miembros de Falun Gong, considerada como una secta nociva por las autoridades chinas. La orden de reabrir esa causa contra el grupo espiritual se tom¨® con el criterio en contra de la fiscal¨ªa, que tambi¨¦n se ha opuesto a las actuaciones por el genocidio tibetano.

Las fricciones aumentaron en octubre de 2012 con el caso Emperador, la investigaci¨®n de la trama de blanqueo de capitales encabezada por Gao Ping, empresario chino radicado en Madrid y actualmente en prisi¨®n. Fuentes de la Audiencia aseguran que hubo ¡°fuertes presiones¡± por parte de China para que se diera carpetazo a esa investigaci¨®n y que los argumentos para lograrlo eran posibles represalias econ¨®micas.

La jurisdicci¨®n universal, cuyo exponente m¨¢s conocido fue quiz¨¢ la detenci¨®n en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet en octubre de 1998 por orden del entonces juez Baltasar Garz¨®n, ha generado numerosos procedimientos en la Audiencia Nacional. En la actualidad siguen abiertas, entre otras causas, la investigaci¨®n por el genocidio en Ruanda, que afecta al presidente de ese pa¨ªs, Paul Kagame; el procesamiento de siete militares chilenos que torturaron y asesinaron al diplom¨¢tico espa?ol Carmelo Soria, o de 20 soldados salvadore?os que asesinaron al jesuita Ignacio Ellacur¨ªa. Tambi¨¦n prosiguen las pesquisas sobre los vuelos clandestinos de la CIA con sospechosos de terrorismo capturados ilegalmente y torturados en centros de detenci¨®n secretos.

La profusi¨®n de investigaciones por genocidio ¡ªy las presiones diplom¨¢ticas¡ª llevaron en octubre de 2009 al Gobierno socialista a pactar con el PP una reforma legal para limitar la jurisdicci¨®n universal. Desde entonces, solo se permite investigar los casos que afecten a ciudadanos espa?oles. Curiosamente este recorte no fue avanzado por el ministro de Justicia. Fue la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, quien anunci¨® en enero de 2009 que su hom¨®logo espa?ol, Miguel ?ngel Moratinos, le hab¨ªa comunicado que Espa?a iba a cambiar su legislaci¨®n ¡°para evitar los abusos¡± de los jueces de la Audiencia Nacional. Los magistrados Baltasar Garz¨®n, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y Eloy Velasco protestaron por esta medida. ¡°Es como cerrar la seguridad social a los extranjeros¡±, lleg¨® a afirmar Andreu.

Otras presiones en este caso de EE UU, para frenar la investigaci¨®n de Garz¨®n sobre torturas en Guant¨¢namo o por la muerte del c¨¢mara de Telecinco Jos¨¦ Couso, fueron conocidas gracias a las filtraciones de cables secretos de Wikileaks. Estas comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en Madrid con el Departamento de Estado revelaban que el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, y visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus despachos, para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.