Un juez de Avil¨¦s encuentra un agujero en la ¡®ley antidesahucios¡¯

El lunes 23 de septiembre fue el d¨ªa clave. En aquella ma?ana, hace algo m¨¢s de tres meses, el juez Joaqu¨ªn Colubi hizo frente a una jornada inusual en el juzgado. Presidi¨® cuatro vistas de caracter¨ªsticas muy similares. En todos los casos, los demandados, a punto de perder su vivienda, alegaban la existencia de cl¨¢usulas abusivas en los contratos hipotecarios que hab¨ªan firmado. Ped¨ªan que se anulara la demanda. Al examinar la cuesti¨®n detenidamente, Colubi ech¨® mano de la ley aprobada el pasado mes de mayo por el Gobierno tras el varapalo que el Tribunal de Luxemburgo dio al sistema de desahucios espa?ol, se?alando la indefensi¨®n de los consumidores espa?oles.

El juez se encontr¨® ante un grave desequilibrio: en funci¨®n de cu¨¢l fuera la decisi¨®n que tomara, los bancos ten¨ªan una posibilidad de recurso ante su decisi¨®n, mientras los ejecutados, los particulares, carec¨ªan de ella. El estudio de aquellos cuatro casos, junto a uno que se sum¨® d¨ªas despu¨¦s, se ha convertido en el planteamiento de una cuesti¨®n de inconstitucionalidad que aguarda a un pronunciamiento por parte de Tribunal Constitucional, que debe decidir si admite o no la cuesti¨®n a tr¨¢mite.

Colubi ha encontrado un agujero en la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protecci¨®n a los deudores hipotecarios, popularmente conocida como ley antidesahucios, aprobada por el Gobierno el pasado 14 de mayo. Tiene dudas de que proteja, de hecho, a esos deudores hipotecarios. Y as¨ª se lo ha hecho saber al tribunal.

¡°El art¨ªculo 695.4 Ley de Enjuiciamiento Civil es inconstitucional, porque, tal como sostiene el juez, establece una desigualdad de armas procesales¡±, manifiesta Francisco Jos¨¦ Bastida, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. ¡°O hay posibilidad de recurso para ambas partes o no la hay. Las dos opciones son constitucionales, lo que no es constitucionalmente posible es que, sin justificaci¨®n alguna, una parte tenga a su disposici¨®n un recurso y la otra no. En este sentido, la Ley 1/2013 no responde precisamente a su nombre, pues no establece una medida para reforzar la protecci¨®n de los deudores hipotecarios. M¨¢s bien al contrario, les perjudica¡±.

La situaci¨®n con la que se encontr¨® el juez Colubi en aquella ma?ana en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Avil¨¦s result¨® inaudita. ¡°Era la primera vez que se celebraba una vista de este tipo en mi juzgado¡±, relata en conversaci¨®n telef¨®nica desde Avil¨¦s este juez de 39 a?os. A la hora de emitir su resoluci¨®n, apreci¨® que, si no le daba la raz¨®n al ejecutante (el banco) y determinaba que las cl¨¢usulas eran abusivas, la decisi¨®n pod¨ªa ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Pero si no se la daba al ejecutado (el particular), este no ten¨ªa ninguna opci¨®n de recurso.

Antes de emitir su dictamen, Colubi suspendi¨® su decisi¨®n para someterla a consideraci¨®n de las partes. En su auto, el juez refleja que tanto el ministerio fiscal como el abogado del banco no apreciaron inconstitucionalidad ¡ªeste peri¨®dico intent¨® recabar m¨¢s argumentos de la fiscal¨ªa de Asturias, desde la que no se hicieron declaraciones¡ª. Una vez escuchadas las partes, el juez decid¨ªa plantear la cuesti¨®n.

El pasado 14 de noviembre, enviaba al Tribunal Constitucional cinco piezas de oposici¨®n a esas cinco ejecuciones hipotecarias. ¡°Si lo he planteado es porque consider¨¦ que no hab¨ªa igualdad de trato para las partes¡±, cuenta el juez Colubi. ¡°Si hay un partido de f¨²tbol, me gusta que haya once jugadores contra once, y no que en un equipo haya diez. Pero puedo estar equivocado: ya lo dir¨¢ el Tribunal Constitucional¡±.

Jes¨²s ?ngel Vidal se muestra esperanzado ante la iniciativa del juez. Su caso es el primero que examin¨® el juez, en aquella ma?ana del 23 de septiembre, a las 9.30, en la primera vista del d¨ªa. Vidal, de 52 a?os, empresario del sector del reciclaje del papel y del pl¨¢stico, hab¨ªa puesto su chal¨¦ como garant¨ªa para acceder a una l¨ªnea de cr¨¦dito con la que insuflar liquidez a su negocio. ¡°Pero vino el crack, y la gente empez¨® a dejar de abonar los pagar¨¦s¡±, cuenta el empresario madrile?o.

Vidal firm¨® la hipoteca. Pero ante la imposibilidad de cumplir con las letras mensuales, relata, renegoci¨® varias veces las cantidades que deb¨ªa pagar cada mes. Pact¨® reducir la cuota mensual a la mitad, de 3.000 euros a 1.500 euros. Tras pagar por dos veces, ante la amenaza de subasta, hace un a?o se neg¨® a pagar.

Alude que el BBVA no respet¨® los acuerdos a los que hab¨ªa llegado con ¨¦l ¡ªuna portavoz de la entidad bancaria asegura que se facilitaron al cliente todas las facilidades de financiaci¨®n posibles, pero que no se pudo llegar a un acuerdo¡ª. El caso es que el banco present¨® la demanda de ejecuci¨®n hipotecaria, que recay¨® en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 7 de Avil¨¦s. El abogado de Vidal, Jos¨¦ Miguel Mart¨ªnez Ferr¨¢ndez, aludi¨® que el contrato conten¨ªa cl¨¢usulas abusivas: entre otras, dice el letrado, se aplicaron tipos del 19%, casi seis veces superiores al inter¨¦s pactado para la devoluci¨®n del pr¨¦stamo.

El futuro de la casa de Vidal est¨¢, ahora, en el aire. Como lo est¨¢ el de la vivienda de un trabajador de la siderurgia que qued¨® en paro cuando empez¨® la crisis, y cuyo caso est¨¢ tambi¨¦n entre los cinco estudiados por el juez Colubi. La ejecuci¨®n hipotecaria de estas viviendas est¨¢ paralizada a la espera de la decisi¨®n del Constitucional.