El 80% rechaza la ¡®ley Gallard¨®n¡¯

La reforma de la ley del aborto, el proyecto del ministro Alberto Ruiz-Gallard¨®n, no tiene apoyo un¨¢nime en el PP, es casi imposible que tenga m¨¢s respaldo pol¨ªtico en las Cortes durante el tr¨¢mite parlamentario y, adem¨¢s, cuenta con un amplio rechazo social. Entre los ciudadanos, el porcentaje medio de rechazo a cada uno de sus planteamientos es del 80%, seg¨²n Metroscopia. Tampoco es apoyada por la mayor¨ªa de los votantes del PP y ni siquiera los que se declaran cat¨®licos apoyan el anteproyecto en todos sus extremos.

Es decir, que el terremoto que ha provocado entre los cuadros del PP el plan de Rajoy y Gallard¨®n, ni siquiera va subido a la ola de la mayor¨ªa de los ciudadanos y traslada a la sociedad el mismo se¨ªsmo.

Para empezar no es entendido por los espa?oles como algo imprescindible y oportuno, porque el 78% de los encuestados asegura que no es una reforma necesaria. Ni siquiera ve esta necesidad el 57% de los votantes del PP ni el 50% de los que se declaran cat¨®licos.

El Gobierno y la direcci¨®n del PP justifican la decisi¨®n en su programa electoral, pero la referencia en este es ambigua y el propio Rajoy, en entrevistas de campa?a electoral, asegur¨® que la reforma se limitar¨ªa a retoques como, por ejemplo, el consentimiento de los padres para mujeres de entre 16 y 18 a?os.

En coincidencia con el dato anterior, el sondeo muestra que los espa?oles estaban a otra cosa cuando el Gobierno ha irrumpido con el debate sobre el aborto, porque el 75% da por hecho que no hab¨ªa demanda social sobre este asunto. Es decir, la ley de plazos de 2010, votada por ocho partidos en su momento, tiene ahora un mayoritario consenso social.

Un 86% de los espa?oles consultados por Metroscopia cree que la mujer debe elegir libremente si sigue adelante o no con el embarazo. Es decir, que ese porcentaje est¨¢ a favor de la ley de plazos que permite abortar libremente y sin justificar causa alguna durante las primeras 16 semanas de embarazo.

El 68% de los que votaron al PP y el 60% de cat¨®licos practicantes se suma a esta tesis.

Curiosamente, el Gobierno esgrime ahora un consenso sobrevenido entre 1985 y 2010 a la ley de supuestos de Felipe Gonz¨¢lez, contra la que el PP (entonces Alianza Popular) vot¨® en contra y recurri¨® ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, con mayor¨ªa absoluta entre 2000 y 2004, no la modific¨® por no romper ese consenso social que inicialmente no reconoci¨®. Luego, la tesis del PP contra la ley de plazos de 2010 fue que no hab¨ªa demanda social y ahora se da de bruces contra este mismo argumento, porque el sondeo muestra un amplio rechazo al proyecto del actual Gobierno.

El Gobierno asegura que su proyecto es una vuelta a la ley de supuestos de 1985, pero en la pr¨¢ctica elimina el de malformaci¨®n del feto, porque solo se puede alegar si hay peligro para la salud de la madre.

El 84% de los ciudadanos, el 70% de los votantes del PP y el 59% de los cat¨®licos practicantes, rechazan que se elimine este supuesto. Varios dirigentes del PP, especialmente barones regionales, han pedido estos d¨ªas que se mantenga, en l¨ªnea con esta opini¨®n mayoritaria de la sociedad y de sus votantes.

En coherencia con esos datos, el 82% asegura que no debe haber sanci¨®n penal para los m¨¦dicos que asistan a mujeres que aborten fuera de los supuestos legales. La consecuencia de la norma, seg¨²n el 78%, es que aumentar¨¢n los abortos clandestinos, en condiciones de inseguridad y riesgo para la madre. De hecho, seg¨²n los datos oficiales, la ley de plazos ha supuesto una disminuci¨®n del n¨²mero de interrupciones de embarazos en Espa?a y la mayor libertad para practicarlos no los ha alentado, sino todo lo contrario.

?Para qu¨¦ lo hace el Gobierno entonces si hay tal rechazo social? La tesis del 75% es que se trata solo de complacer al sector m¨¢s conservador de la Iglesia cat¨®lica. El porcentaje m¨¢s alto es el de los que piden que se d¨¦ libertad de voto a los parlamentarios. El 91%, la pr¨¢ctica unanimidad, as¨ª lo pide.

En este momento, los grupos imponen multas a quienes rompan la disciplina de voto que pueden llegar a 500 euros, seg¨²n la importancia de la votaci¨®n y la reincidencia. La diputada del PP Celia Villalobos pidi¨® el jueves en la direcci¨®n del PP que se d¨¦ libertad de voto, pero ni siquiera tuvo respuesta.