Los fiscales del Constitucional truncan la injerencia de Torres-Dulce en su labor
Se niegan a aceptar las normas de reparto que el fiscal general quer¨ªa imponer
Los fiscales del Tribunal Constitucional no han consentido que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, les imponga los criterios con los que han de repartirse su trabajo. Una cosa es la superioridad jer¨¢rquica y otra arrogarse competencias que ni siquiera son unipersonales. Y los fiscales del Constitucional han querido que la diferencia entre ambas quede clara. Asumen la primera, pero se han rebelado contra la segunda hasta truncar la injerencia que pretend¨ªa el fiscal general.
La sublevaci¨®n ha llegado a cuenta de la petici¨®n de amparo de una mujer, Purificaci¨®n Lape?a, por los continuos desestimientos judiciales a investigar la desaparici¨®n de su abuelo y t¨ªo abuelo, enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Ca¨ªdos (Madrid). La secci¨®n tercera del Tribunal Constitucional decidi¨®, el pasado noviembre, no admitir a tr¨¢mite la petici¨®n de amparo y, en un acto poco habitual, el fiscal que llevaba el caso, Manuel Miranda, present¨® un recurso contra la resoluci¨®n, en el que argumentaba la trascendencia constitucional de la solicitud, tal como requiere la ley para que estas sean admitidas a tr¨¢mite.
Adem¨¢s, ped¨ªa que se diera respuesta las respuestas jur¨ªdicas de distintos tribunales que, incluso, se dictan ¡°con argumentaciones¡±.
La respuesta de Torres-Dulce fue inmediata y tajante al exigir a Miranda que retirara el recurso que hubiera permitido, de ser aceptado, que el Constitucional sentara jurisprudencia sobre las desapariciones de represaliados durante y tras la Guerra Civil y que debatiera sobre las consecuencias de la Ley de Amnist¨ªa de 1977 y la memoria hist¨®rica. Tras esta decisi¨®n, Miranda desisti¨® y retir¨® el recurso, pese a que pod¨ªa haberse acogido al art¨ªculo 27 de su estatuto. Este se?ala las posibilidades que tienen los fiscales de responder a una ¡°orden o instrucci¨®n que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente¡±. En este caso, al proceder del fiscal general del Estado, Miranda podr¨ªa haber remitido un informe con sus alegaciones sobre el que hubiera resuelto el propio Torres-Dulce pero despu¨¦s de o¨ªr a la Junta de Fiscales de Sala.
Pese a ello, el fiscal general del Estado trat¨® de ir m¨¢s lejos y, a trav¨¦s de un oficio, acus¨® de desleales a una parte de los fiscales del tribunal de garant¨ªas constitucionales por, supuestamente, no cumplir una norma dictada por su antecesor, C¨¢ndido Conde-Pumpido, para que los recursos sean supervisados. Sin embargo, esta norma no hace referencia a los recursos contra inadmisiones a tr¨¢mite, sino sobre los que entran en el fondo de los asuntos, algo que no se cumpl¨ªa en este caso.
El enfado de Torres-Dulce fue tal que, adem¨¢s, en el mismo oficio, orden¨® que, a partir de ese momento, todos los casos que entraran en el Constitucional y que tuvieran que ver con el franquismo o la memoria hist¨®rica fueran supervisados por una persona de su confianza, el teniente fiscal, Anselmo S¨¢nchez Tembleque. Y con la orden lleg¨® la revuelta.
La semana pasada, los fiscales del Constitucional convocaron una junta y el fiscal general del Estado anunci¨® su asistencia como presidente, seg¨²n fuentes de la fiscal¨ªa. Pese a que Torres-Dulce comenz¨® la reuni¨®n con tono grave y tratando de imponer sus criterios, el hecho es que el c¨®nclave acab¨® acordando la propuesta de la junta. Varios fiscales reprocharon al fiscal general su injerencia y le recordaron que las normas de reparto han de ser dictadas por la propia junta de fiscales y que entre sus atribuciones no est¨¢ la de asignar el trabajo, dependiendo de la materia que traten, a un fiscal en concreto. Torres-Dulce acab¨® reculando en su intenci¨®n, pero los asuntos referidos a la memoria hist¨®rica no ser¨¢n debatidos en el Constitucional.
¡°Es imposible defender la tesis de prohibir¡±
¡°Como jurista, es imposible defender la tesis de prohibir, olvidar, erradicar la memoria, la verdad, la justicia y sobretodo, la no repetici¨®n¡±. Eduardo Ranz, el abogado que present¨® la petici¨®n de amparo que ha originado la trifulca en la fiscal¨ªa del Tribunal Constitucional no da cr¨¦dito a lo ocurrido.
Al conocer que el fiscal Manuel Miranda hab¨ªa decidido recurrir la decisi¨®n de no admitir a tr¨¢mite la solicitud de amparo de su clienta celebr¨® la apuesta de la fiscal¨ªa: ¡°Hemos pasado de lo imposible a lo improbable y, si se acepta el recurso, a lo incierto¡±, se?al¨® antes de saber que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce hab¨ªa ordenado retirar el recurso.
¡°La decisi¨®n de no entrar ni a resolver, ni siquiera admitir un recurso planteado por una v¨ªctima del franquismo y respaldado por un Fiscal del Tribunal Constitucional, directamente es propia de otros tiempos¡±, se?al¨® ayer, a trav¨¦s de una nota, al conocer la decisi¨®n de Torres-Dulce.
¡°Las v¨ªctimas del franquismo han sufrido y sufren, cada d¨ªa, un atentado contra su dignidad y solo luchan por una reparaci¨®n. Nadie quiere enjuiciar la guerra civil, tan solo buscan algo tan simple como que se haga justicia. Justicia que se sostiene gracias al dinero de los impuestos de los ciudadanos, justicia que engloba por cierto, el sueldo del Fiscal General del Estado¡±, sostiene en su escrito el letrado que defiende a otros familiares de v¨ªctimas y causas para la devoluci¨®n de los restos a sus familias, ¡°en base al derecho de reparaci¨®n y el deber de investigaci¨®n judicial¡±.
¡°La inconstitucionalidad de la ley del aborto va muy despacio y, en cambio, la inadmisi¨®n a tr¨¢mite de un recurso que solo pretende la devoluci¨®n a sus familiares de restos humanos que fueron robados de sus lugares, de personas que fueron fusiladas por tener un pensamiento contrario al pensamiento del hoy Fiscal de Estado y que siguen secuestradas junto con su verdugo, no genera la m¨¢s m¨ªnima duda para el sector m¨¢s reaccionario de este pa¨ªs¡±, concluye.
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