El Consejo de Estado avisa al Gobierno para que no suprima organismos sociales
Valora como positiva la reforma de la Administraci¨®n pero hace objeciones sobre su alcance
El voluntarioso esfuerzo de la Vicepresidencia del Gobierno por reorganizar la administraci¨®n y eliminar burocracia se ha encontrado con una piedra en el camino. El Consejo de Estado advierte, en un dictamen sobre el Proyecto de Ley de racionalizaci¨®n del sector p¨²blico, que la reforma puede dirigir mal el tiro. ¡°Se aprecia una concentraci¨®n de medidas de supresi¨®n de ¨®rganos entre aquellos llamados a actuar en el ¨¢mbito de las pol¨ªticas sociales. Resulta conveniente velar porque tales reformas no comporten una minoraci¨®n del cumplimiento de los fines atribuidos a los ¨®rganos suprimidos¡±, dice el an¨¢lisis del organismo presidido por Jos¨¦ Manuel Romay Beccar¨ªa.
El Gobierno ha modificado varias leyes para suprimir entes como el consejo para la eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n Racial, los observatorios de prevenci¨®n de tabaquismo, salud de la mujer o cambio clim¨¢tico. Tambi¨¦n suprime ¨®rganos vinculados al Plan Nacional sobre Drogas. Los cambios, presentados en consejo de ministros el 20 de septiembre, y ratificados el pasado 17 de enero, reorganizan o extinguen 67 organismos menores, como la Obra P¨ªa de los Santos Lugares de Jerusal¨¦n o el organismo aut¨®nomo Cr¨ªa Caballar de las Fuerzas Armadas, que ser¨¢ asumido por la secretar¨ªa t¨¦cnica de Defensa. Se elimina la Gerencia del Sector de la Construcci¨®n Naval, que pasa a integrarse en el Ministerio de Industria con todo su personal y otras fundaciones, como la de colegios mayores, el vidrio o la artesan¨ªa.
El documento del Consejo de Estado valora que el anteproyecto es ¡°fruto de un trabajo detenido en el que las normas contempladas son oportunas¡±, aunque realiza otras puntualizaciones a lo largo de 18 folios. Empezando por el nombre que se le ha dado: ¡°El t¨ªtulo de la norma parece un tanto excesivo dado que, desde la perspectiva subjetiva, se refiere solo a la Administraci¨®n del Estado, y desde una perspectiva objetiva, su alcance material no es tan amplio como la voz racionalizaci¨®n evoca¡±, reza el dictamen. El Consejo sugiere que se cambie el t¨ªtulo para adaptarlo a ¡°su verdadero contenido¡±, con una referencia al menos ¡°al sector p¨²blico estatal¡±. De hecho, uno de los talones de Aquiles del proyecto es que su ¨¦xito depende de lo que hagan voluntariamente las comunidades aut¨®nomas. Las que no est¨¢n gobernadas por el PP se resisten o se niegan abiertamente a seguir el dictado del Ejecutivo en cuestiones como la reorganizaci¨®n de la administraci¨®n paralela. Tampoco est¨¢n de acuerdo todas, incluidas algunas populares, en suprimir organismos como los Consejos Auton¨®micos de Cuentas, que realizan una labor fiscalizadora y de control sobre el dinero p¨²blico bajo la supervisi¨®n del Consejo de Cuentas.
La Comisi¨®n creada por la Vicepresidencia del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, va m¨¢s all¨¢ del anteproyecto de ley que ha valorado el Consejo de Estado. El Gobierno ha puesto a la venta 15.000 inmuebles, entre ellos una decena de edificios singulares, y ha lanzado 217 medidas para reducir el peso de la administraci¨®n. Seg¨²n el Ejecutivo supondr¨¢n un ahorro de 6.500 millones de euros. En este paquete se contabiliza el ahorro derivado de la destrucci¨®n de empleo p¨²blico.
El sindicato CSIF cree que el Gobierno deber¨ªa atender el toque de atenci¨®n del Consejo de Estado: ¡°Estamos vigilando que no suponga una p¨¦rdida de empleo y que no se vean mermadas las pol¨ªticas sociales¡±, ha dicho un portavoz. ¡°La reforma es muy poco ambiciosa, pensamos que tiene que tener mucho m¨¢s calado, lo que plantea en este proyecto de ley afecta a pocos organismos que adem¨¢s tienen un papel muy limitado¡±.
El pr¨®ximo lunes, el presidente Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa presentar¨¢n a varios Gobiernos europeos este plan.
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