El PP impone un tr¨¢mite ultrarr¨¢pido para archivar la justicia universal
Presenta un escrito en el Congreso para que la ley est¨¦ en vigor a finales de marzo
El PP ha decidido imponer una tramitaci¨®n ultrarr¨¢pida a su proposici¨®n de ley que elimina casi por completo la llamada justicia universal. Con su mayor¨ªa absoluta har¨¢ que a finales de marzo est¨¦n archivados una docena de sumarios que se tramitan en la Audiencia Nacional, entre ellos el del genocidio en el T¨ªbet y el de la muerte en Irak del c¨¢mara de televisi¨®n Jos¨¦ Couso.
Los populares han presentado este lunes un escrito en el Congreso para acelerar hasta el l¨ªmite legal los plazos de tramitaci¨®n de su proposici¨®n de reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, que suprime la capacidad de la justicia para actuar fuera de Espa?a.
Una docena de sumarios con fecha de caducidad
La entrada en vigor de la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial supondr¨¢ el inmediato archivo de una docena de sumarios y, seg¨²n fiscales de la Audiencia Nacional, dificultar¨¢ su actuaci¨®n en casos de interceptaci¨®n de buques con drogas en aguas internacionales, terrorismo internacional y lucha contra la pederastia, entre otros.
En el Juzgado Central de Instrucci¨®n 1, de Santiago Pedraz, se archivar¨¢ el caso Couso y el del genocidio en Guatemala. En el 2, de Ismael Moreno, los del genocidio del T¨ªbet, Falung Gong, vuelos de la CIA y campos de concentraci¨®n nazis. En el 3, de Javier G¨®mez Berm¨²dez, el del caso Vielman. En el 4, de Fernando Andreu, los de los cr¨ªmenes de guerra en Irak y el genocidio de Ruanda. En el 5, de Pablo Ruz, los de las torturas en Guant¨¢namo, el genocidio del pueblo saharaui y el asesinato de Carmelo Soria. Y en el 6 Eloy Velasco dar¨¢ carpetazo al asesinato de Ignacio Ellacuria y otras siete personas en El Salvador.
El Ministerio de Justicia decidi¨® utilizar la v¨ªa de la proposici¨®n de ley del Grupo Popular, para evitar as¨ª el tr¨¢mite de informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, entre otros. Si hubiera usado la v¨ªa de proyecto de ley del Gobierno, la reforma no habr¨ªa entrado en vigor antes de verano y, adem¨¢s, hubiera tenido que estar sometida a la pol¨¦mica p¨²blica. La intenci¨®n del Gobierno, seg¨²n admite el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, es evitar conflictos diplom¨¢ticos, especialmente el abierto con China por la persecuci¨®n de varios exdirigentes acusados de genocidio en el T¨ªbet.
Una vez finalizado el plazo de enmiendas, la reforma se incluir¨¢ directamente en un pleno para su aprobaci¨®n en lectura ¨²nica y remisi¨®n al Senado. Es decir, se evita el tr¨¢mite en comisi¨®n, con debate y votaci¨®n de las enmiendas, para ir directamente al pleno.
El art¨ªculo del Reglamento del Congreso invocado por el PP asegura que ¡°cuando la naturaleza del proyecto o proposici¨®n de ley tomado en consideraci¨®n lo aconsejen o su simplicidad de formulaci¨®n lo permita, el pleno de la C¨¢mara, a propuesta de la Mesa, o¨ªda la Junta de Portavoces, podr¨¢ acordar que se tramite directamente y en lectura ¨²nica¡±.
A?ade que, ¡°adoptado tal acuerdo, se proceder¨¢ a un debate sujeto a las normas establecidas para los de totalidad, someti¨¦ndose seguidamente el conjunto del texto a una sola votaci¨®n¡±. Y ¡°si el resultado de la votaci¨®n es favorable, el texto quedar¨¢ aprobado y se remitir¨¢ al Senado. En caso contrario, quedar¨¢ rechazado¡±. La C¨¢mara alta, en lugar de dos meses, dispondr¨¢ de 20 d¨ªas para enmendarlo o aprobarlo definitivamente.
Si el PP hace lo mismo en el Senado (lectura ¨²nica), el texto no se podr¨¢ enmendar, sino solo vetar con mayor¨ªa absoluta, y los plazos de enmiendas se reducir¨¢n a la mitad: ocho d¨ªas para el primero y cuatro para las ampliaciones que se acuerden, aunque es probable que no se ampl¨ªe el plazo demasiado.
El c¨¢lculo del PSOE, que con el resto de los grupos rechaza la proposici¨®n de ley, es que el PP lo querr¨¢ aprobar en el pleno del 13 de marzo, para que el Senado lo pueda aprobar antes de acabar el mes.
Seg¨²n dicha reforma, los jueces espa?oles solo ser¨¢n competentes para investigar delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las leyes de la guerra cuando ¡°el procedimiento se dirija contra un espa?ol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa?a o que se encontrara en Espa?a y cuya extradici¨®n hubiera sido denegada por las autoridades espa?olas¡±.
Solo el PP vot¨® el martes en el pleno del Congreso la admisi¨®n a tr¨¢mite de la proposici¨®n de ley. El PSOE anunci¨® su intenci¨®n de recurrirla al Constitucional, por considerarla contraria a los tratados internacionales, que tienen la misma fuerza que la Constituci¨®n. Tambi¨¦n ha provocado malestar en fiscales y jueces de la Audiencia Nacional, que pueden presentar cuestiones de inconstitucionalidad al verse obligados a archivar las causas afectadas.
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