A toro pasado

La ley org¨¢nica mediante la cual se aprob¨® el Estatuto de autonom¨ªa para Catalu?a fue la LO 6/2006 de 19 de julio. La sentencia del Tribunal Constitucional mediante la que se resolvi¨® el recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley fue la STC 31/2010 de 28 de junio. El Estatuto, tal como fue pactado entre el Parlamento de Catalu?a y las Cortes Generales y fue aprobado en refer¨¦ndum, estuvo, pues, en vigor durante cuatro a?os antes de que el Tribunal Constitucional dictara sentencia. Fueron cuatro a?os en los que no se advirti¨® la m¨¢s m¨ªnima perturbaci¨®n en el funcionamiento del Estado auton¨®mico. No se apreci¨® incremento alguno en la conflictividad competencial, ni en el ejercicio del derecho a la educaci¨®n, ni en nada. El Estado auton¨®mico segu¨ªa operando con el enorme grado de aceptaci¨®n que hab¨ªa tenido desde la entrada en vigor de la Constituci¨®n.

Conviene recordar esto y decir con claridad que no fue la reforma del Estatuto para Catalu?a la que ha generado la conflictividad entre el principio de unidad pol¨ªtica del Estado y el ejercicio del derecho a la autonom¨ªa. El origen de la conflictividad est¨¢ en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular y en la sentencia del Constitucional. No se suscit¨® un solo problema a lo largo de los primeros cuatro a?os de vigencia del Estatuto reformado. No podremos saber qu¨¦ habr¨ªa ocurrido m¨¢s adelante, pero comparando la conflictividad de esos a?os con la de los 30 anteriores, nada puede llevarnos a pensar que no se hubiera mantenido esa situaci¨®n de normalidad.

Ahora ya no se puede hacer nada. El recurso se interpuso y la sentencia se dict¨®. No se puede dar marcha atr¨¢s. Y por eso estamos donde estamos. No s¨¦ c¨®mo se puede buscar una f¨®rmula para salir de la situaci¨®n en que nos encontramos, aunque me temo que primero vamos a tener que llegar al choque de trenes, porque ni el Gobierno de la naci¨®n ni el Gobierno de la Generalitat tienen margen de maniobra en este 2014.

Pero, de cara al futuro, desear¨ªa apuntar que, para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, se deber¨ªa reformar la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional, con la finalidad de que ¨²nicamente se pudiera impugnar un Estatuto de autonom¨ªa mediante la ¡°cuesti¨®n de inconstitucionalidad¡±, es decir, cuando en el momento de aplicaci¨®n del Estatuto a un caso concreto se advirtiera que la norma estatutaria puede estar en contradicci¨®n con la Constituci¨®n. Una vez examinada la constitucionalidad del proyecto de estatuto remitido por el Parlamento de la comunidad aut¨®noma por las Cortes Generales y sometido a refer¨¦ndum, no tiene sentido la interposici¨®n del recurso de inconstitucionalidad, el control abstracto, sino que ser¨ªa m¨¢s que suficiente el control concreto, la cuesti¨®n de inconstitucionalidad. El Estatuto llegar¨ªa al Tribunal Constitucional cuando la soluci¨®n de un conflicto ante un tribunal de justicia as¨ª lo exigiera.

Con un tipo de control de esta naturaleza el Estatuto de autonom¨ªa para Catalu?a o no habr¨ªa sido residenciado ante el Tribunal Constitucional todav¨ªa o lo habr¨ªa sido ante conflictos particulares siempre manejables. Lo contrario de lo que ha ocurrido. Ahora se est¨¢ hablando de resucitar el control previo de constitucionalidad. Pero no es el control previo, sino el tr¨¢nsito del recurso a la cuesti¨®n de inconstitucionalidad, lo que puede pacificar el control de constitucionalidad de los Estatutos de autonom¨ªa.