El Gobierno vuelve a evaluar su reforma de la Administraci¨®n

Desde que present¨® la reforma de la Administraci¨®n, a mediados de 2013, el Gobierno ha ido publicando sucesivos informes para demostrar que su iniciativa no se va a quedar en meras recomendaciones a las comunidades aut¨®nomas, (como las de supresi¨®n de los Defensores del Pueblo o los Tribunales de Cuentas). Es una de las obsesiones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, que cree que los cambios que est¨¢ promoviendo para eliminar burocracia y conseguir ahorros unificando la contrataci¨®n del Estado no est¨¢n calando en la opini¨®n p¨²blica.

Peri¨®dicamente su ministerio env¨ªa a Consejo de Ministros informes con el seguimiento de las 219 medidas que se han puesto en marcha y que, seg¨²n los c¨¢lculos del Gobierno, apenas detallados, suponen un ahorro de 7.000 millones de euros. Entre ellas hay algunas muy avanzadas, como la contrataci¨®n centralizada de algunos servicios, la tarjeta sanitaria ¨²nica o las licencias de caza y pesca. Sin embargo, de lo que menos habla el Gobierno es de que el verdadero "ahorro" en la administraci¨®n se est¨¢ consiguiendo con el recorte del cap¨ªtulo 1, en gastos de presonal, por la no reposici¨®n de efectivos.

El ¨²ltimo informe se dar¨¢ a conocer este viernes en la reuni¨®n del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. En el ¨²ltimo recuento, del 17 de enero, las Administraciones certificaron haber reducido el tiempo medio de pago a los proveedores a los 35 d¨ªas.

El estudio se da a conocer un d¨ªa despu¨¦s de que el Congreso rechazase, con el rodillo de los votos del PP, la propuesta del PSOE, apoyada por UPyD, de abrir una ronda de comparecencias para escuchar a miembros de algunos de los organismos que se van a ver afectados por el proyecto de ley de racionalizaci¨®n del sector p¨²blico. El objetivo de la norma es suprimir, extinguir o integrar organismos p¨²blicos para lograr un ahorro estimado de 33,5 millones de euros

La portavoz del PSOE, Meritxell Batet defendi¨® que ser¨ªa interesante conocer de "primera mano" la opini¨®n de responsables de algunos de los organismos que representan a la sociedad civil y que van a sufrir cambios cuando la ley que ahora tramita el Congreso entre en vigor. La negativa popular se entendi¨® en la oposici¨®n como miedo del Gobierno, ¡°por pura inseguridad¡±, a someter el texto a valoraci¨®n p¨²blica.