El Poder Judicial debatir¨¢ dos informes antag¨®nicos sobre la ley del aborto
La vocal progresista Pilar Sep¨²lveda pide retirar la ley y la conservadora Carmen Llombart avala el texto, pero con matices
El pleno del Poder Judicial que debatir¨¢ la futura Ley del Aborto que proyecta el Gobierno del PP evidenciar¨¢ m¨¢s que nunca las diferentes sensibilidades de sus 21 componentes. Ser¨¢ movido. El informe sobre la ley del aborto que debe remitir al Gobierno ha requerido ya tres pr¨®rrogas y no es descartable una cuarta. Y es que las dos ponentes que deben redactar el informe (la progresista Pilar Sep¨²lveda y la conservadora Carmen Llombart) mantienen posturas diametralmente opuestas. Lo que obligar¨¢ al pleno (en el que los vocales conservadores suman mayor¨ªa absoluta de votos, 11 de los 21) a decantarse por uno u otro.?
El presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha pedido a ambas vocales que traten de limar diferencias y presenten un ¨²nico informe. Pero, de momento, no parece posible. Sep¨²lveda quiere que la ley se retire, mientras Llombart en general la avala, aunque introduce matices t¨¦cnico/jur¨ªdicos y algunas discrepancias. Entre otras cosas, entiende que hay que modificar la redacci¨®n de algunos art¨ªculos de la norma que ha elaborado el Gobierno.
El informe del Poder Judicial sobre la ley del aborto deb¨ªa estar ya sobre la mesa del Ejecutivo, pero el presidente Lesmes pidi¨® recientemente al Gobierno la tercera pr¨®rroga de un mes. Es consciente de las abismales diferencias que mantienen las dos ponentes a las que ¨¦l mismo encomend¨® la ponencia sobre esta materia.
A d¨ªa de hoy, las diferencias entre Sep¨²lveda y Llombart se mantienen con toda su crudeza. Y se abren varias posibilidades: que ambos informes sean debatidos en el pleno y que finalmente se remita al Gobierno el que m¨¢s votos obtenga, y a ser posible lo m¨¢s consensuado posible. Y que quienes discrepen formulen los oportunos votos particulares, que se adjuntar¨¢n al informe oficial. El sector conservador goza de mayor¨ªa absoluta, pero en un tema tan personal como este nadie garantiza un cierre de filas en ambos sectores.
Otra opci¨®n es que, en el seno del pleno, surja un tercer informe que recoja y mezcle consideraciones de ambos textos (el de Sep¨²lveda y el de Llombart). Sep¨²lveda ya ha presentado su informe al Consejo, en el que pide directamente la retirada de la ley y que se mantenga la actual normativa (que incluye plazos para poder abortar); Llombart no ha aportado a¨²n el suyo, aunque, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, s¨ª dispone ya de un borrador en el que, en general, no ve mal la norma que proyecta el Gobierno del PP, si bien introduce matices a algunos de sus aspectos y pide una modificaci¨®n del redactado de algunos de los preceptos del texto del Gobierno.
Ambas ponentes mantuvieron recientemente un encuentro en la sede del Consejo, henchido de tensi¨®n. Llombart, delante de letrados, pidi¨® a Sep¨²lveda que retirase su informe preliminar, que tach¨® de ¡°pol¨ªtico¡± y defendi¨® que el suyo era t¨¦cnico-jur¨ªdico. Sep¨²lveda reh¨²so hacerlo, se mostr¨® abierta al di¨¢logo y pidi¨® a Llombart que le dejase el suyo para buscar puntos de encuentro. Esta se neg¨®. Y, sin ninguna prueba, acus¨® a Sep¨²lveda de haber filtrado el suyo, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. La vocal progresista quiere que se retire la ley que proyecta el PP sobre el aborto porque entiende que "criminaliza" a la mujer que aborta y se distancia de la normativa que rige ¡°en los pa¨ªses de nuestro entorno¡±. En opini¨®n de Sep¨²lveda, implica un retroceso en el avance de los derechos y la igualdad de la mujer.
Ante las diferencias de criterio y la posibilidad de que los vocales progresistas (que suman ocho de los 21 votos) apoyen el de Sep¨²lveda y que los conservadores (que cuentan con 11, mayor¨ªa absoluta) se decanten por el de Llombart, el Consejo pens¨® inicialmente en enviar ambos informes al Gobierno. De todas formas, los informes del Poder Judicial, igual que los del Consejo de Estado, son orientativos, no vinculantes. Pero la opci¨®n de los dos informes ha quedado descartada. La ley impone que sea un ¨²nico informe, el m¨¢s votado, el que se remita al Ejecutivo. Aunque existe la casu¨ªstica.
En el anterior Consejo, el que presid¨ªa Carlos D¨ªvar, tampoco hubo acuerdo sobre la ley del aborto (la que aprob¨® el PSOE y que ahora pretende derogar el PP). En esa ocasi¨®n, y como hecho ins¨®lito, el Poder Judicial opt¨® por no enviar ning¨²n informe al Ejecutivo. El voto de D¨ªvar, en contra de la ley de plazos, deriv¨® en un empate a diez entre los vocales y una abstenci¨®n.
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