El Gobierno crea un fichero contra el blanqueo con 34 millones de cuentas
Los bancos deber¨¢n facilitar obligatoriamente la identidad de todos sus clientes
Un gigantesco fichero con m¨¢s de 34 millones de cuentas corrientes y de ahorro, activos y dep¨®sitos bancarios, que podr¨¢ ser consultado por jueces, fiscales, polic¨ªas y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es el nuevo instrumento con el que contar¨¢ el Gobierno para combatir el blanqueo de dinero y la financiaci¨®n del terrorismo. Se trata de un archivo en el que se recoger¨¢, por primera vez, la actividad financiera de todos los espa?oles y residentes.
Los bancos estar¨¢n obligados a descargar en ese fichero todas sus cuentas corrientes, de ahorro, valores y dep¨®sitos a plazo con sus respectivos titulares tanto f¨ªsicos como jur¨ªdicos. La Secretar¨ªa de Estado de Econom¨ªa y Apoyo a la Empresa ser¨¢ la responsable de este fichero de car¨¢cter administrativo, que no incluir¨¢ las cuentas y dep¨®sitos de sucursales o filiales de los bancos espa?oles en el extranjero. En la Uni¨®n Europea solo Francia y Alemania cuentan con un sistema semejante de acumulaci¨®n de informaci¨®n.
Se vigilar¨¢n
A las personas que intervengan en operaciones superiores a 1.000 euros cuando se dude de su titularidad.
Todas las operaciones superiores a 30.000 euros.
Transferencias que superen los 3.000 euros mensuales.
Asociaciones y fundaciones tienen que identificar a las personas que aporten fondos a partir de 100 euros.
Ni el Consejo de Estado ni la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos, en sus respectivos informes, han puesto objeciones a la creaci¨®n, almacenamiento y consulta de las cuentas privadas de todos los espa?oles y residentes, seg¨²n asegura una fuente oficial del Ministerio de Econom¨ªa. ¡°No constar¨¢n los saldos de dichas cuentas, pero s¨ª las identidades de sus titulares, apoderados y autorizados independientemente de cualquier sospecha¡±, aseguran t¨¦cnicos autorizados del citado ministerio.
La Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos examin¨® la adecuaci¨®n de este nuevo instrumento a la normativa, seg¨²n se?ala un portavoz consultado.
El acceso a esta informaci¨®n sensible y privilegiada lo designar¨¢n el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ministerio fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CNI y la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria. En cada punto de acceso se mantendr¨¢ un registro de las peticiones cursadas, en el que figurar¨¢ la identidad de la autoridad solicitante y su justificaci¨®n para la consulta. ¡°No resultar¨¢n admisibles b¨²squedas abiertas, gen¨¦ricas o por aproximaci¨®n¡±, se asegura en el reglamento de esta gran base de datos aprobado por el Gobierno mediante un real decreto.
El archivo podr¨¢n consultarlo jueces, fiscales, polic¨ªas y agentes del CNI
El secretario de Estado de Econom¨ªa, tras recabar un informe previo de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos, determinar¨¢ los requisitos m¨ªnimos que se exigir¨¢n a las solicitudes de informaci¨®n. El Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias podr¨¢ consultar el fichero en el ejercicio de sus funciones. Los datos que sean incluidos en este nuevo megafichero se eliminar¨¢n diez a?os despu¨¦s de la cancelaci¨®n de la cuenta corriente o dep¨®sito, o despu¨¦s de que se comunique su baja como titulares, apoderados o representantes. Seg¨²n la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca (AB), en 2012 hab¨ªa un total de 33,6 millones de cuentas corrientes, de ahorro e imposiciones a plazo.
Pol¨ªticos y sus familiares bajo la lupa
Los pol¨ªticos y altos cargos de la Administraci¨®n P¨²blica ¡ªincluyendo a magistrados y fiscales, consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de Espa?a¡ª ser¨¢n objeto de un control m¨¢s estricto en sus cuentas, dep¨®sitos y actividades financieras, seg¨²n establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica y Buen Gobierno de 2013, que modific¨® en su disposici¨®n sexta la Ley de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales y de la Financiaci¨®n del Terrorismo de 2010. Se incluye tambi¨¦n en esta lista a los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de Espa?a, embajadores y encargados de negocios, alto personal militar de las Fuerzas Armadas y miembros de organizaciones.
Se considera tambi¨¦n personas con responsabilidad p¨²blica a los que desempe?en funciones p¨²blicas o lo hayan hecho en las autonom¨ªas: presidentes, consejeros, diputados, alcaldes, concejales y altos cargos de municipios, capitales de provincia o de capital de comunidad aut¨®noma de las entidades locales de m¨¢s de 50.000 habitantes. Tambi¨¦n, los cargos de alta direcci¨®n en organizaciones sindicales y empresariales o partidos pol¨ªticos. La medida afecta a sus c¨®nyuges, padres e hijos, ¡°y personas ligadas a los hijos de forma estable por an¨¢loga relaci¨®n de afectividad¡±.
La ley considera allegados a toda persona f¨ªsica ¡°de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jur¨ªdica conjuntamente con una persona con responsabilidad p¨²blica, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma¡±.
El reglamento para combatir el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo establece que las peticiones de consulta del Fichero de Titularidad Financieras deber¨¢n identificar a los titulares de las cuentas sobre las que se requiere informaci¨®n. Eduardo Torres Dulce, fiscal General del Estado, designar¨¢ al fiscal encargado de velar por ¡°el uso adecuado¡± de este voluminoso archivo. La fiscal¨ªa hab¨ªa solicitado en varias ocasiones la creaci¨®n de este fichero.
El Ministerio de Econom¨ªa tiene un plazo m¨¢ximo de dos a?os para ponerlo en marcha desde el pasado martes en que entr¨® en vigor el reglamento de la ley de 10/2010 de 28 de abril sobre blanqueo de capitales que, tambi¨¦n, contempla la creaci¨®n de un Comit¨¦ de Inteligencia Financiera que depender¨¢ de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Este Comit¨¦ ser¨¢ el responsable del an¨¢lisis del riesgo nacional y lo integrar¨¢n representantes de distintos ¨®rganos de Justicia y las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los sujetos obligados por esta ley bancos, notarios, registradores, abogados y compa?¨ªas de seguros, entre otros estar¨¢n obligados a identificar y comprobar la identidad de todas las personas f¨ªsicas que intervengan en negocios y operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros cuando concurran dudas sobre su titularidad. Y crear¨¢n registros para conservar la documentaci¨®n y operaciones de sus clientes durante un periodo de diez a?os.
En el caso de los trastes (fideicomisos anglosajones, fundaciones y otros instrumentos jur¨ªdicos an¨¢logos), se requerir¨¢ el documento constitutivo, adem¨¢s de identificar a la persona que act¨²e en nombre de los beneficiarios. Tambi¨¦n deber¨¢n comprobar que las operaciones tienen que ver con sus negocios.
El reglamento establece unas medidas reforzadas de diligencia debida para operaciones y productos que presenten un riesgo m¨¢s elevado de posible blanqueo de dinero, entre los que destacan los servicios de banca privada, los env¨ªos de dinero o transferencias de dinero que superen los 3.000 y 6.000 euros mensuales, respectivamente, o transacciones hacia o desde para¨ªsos fiscales. Los clientes no residentes en Espa?a, sociedades con estructuras demasiado complejas o poco transparentes o las sociedades de mera tenencia de activos se consideran de un riesgo superior.
Una cuenta que reciba ingresos, sin causa justificada, por un elevado n¨²mero de personas se define como ¡°sospechosa¡±. Todas las operaciones superiores a los 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera deber¨¢n comunicarlas los bancos mensualmente al Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n.
La Agencia de Protecci¨®n de Datos no ha puesto objeciones al texto
Los sujetos obligados cuyo volumen de negocio anual exceda de 50 millones de euros anuales contar¨¢n con una unidad t¨¦cnica para el tratamiento y an¨¢lisis de la informaci¨®n, as¨ª como personal especializado y con dedicaci¨®n exclusiva. Ninguno de ellos podr¨¢ tener antecedentes penales. El reglamento establece tambi¨¦n la obligaci¨®n de las fundaciones y asociaciones de identificar a las personas que aporten a t¨ªtulo gratuito fondos o recursos por importe igual o superior a 100 euros.
El nuevo reglamento responde al cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional (GAFI), del que Espa?a es miembro junto con otros 35 pa¨ªses. Este organismo, con sede en Par¨ªs, combate el lavado de dinero y la financiaci¨®n del terrorismo en todo el planeta. Desde su creaci¨®n en 1989, denuncia a los para¨ªsos fiscales como territorios que sirven de refugio a la criminalidad organizada y a los grupos terroristas.
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