El Supremo avala la militarizaci¨®n de las torres de control decretada por Zapatero

La Sala tercera del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Uni¨®n Sindical de Controladores A¨¦reos (USCA), y avala el decreto que encomend¨® transitoriamente al Ministerio de Defensa tomar las torres de control para regular el espacio a¨¦reo espa?ol durante el paro de diciembre de 2010.

El Supremo se?ala que el presidente del Gobierno estaba capacitado para ordenar el cierre del espacio a¨¦reo espa?ol? y militarizar el tr¨¢fico ampar¨¢ndose en la Ley de Seguridad A¨¦rea. "La magnitud de los intereses afectados otorg¨® razonable proporcionalidad a la medida excepcional adoptada", se?ala el fallo.

El Supremo se pronuncia sobre dos cuestiones: si el cierre del espacio a¨¦reo es un hecho con bastante entidad para "encarnar las circunstancias extraordinarias que [la ley] dispone para habilitar a que el Presidente del Gobierno pueda adoptar la decisi¨®n de que la competencia sea ejercida por el Ministerio de Defensa" y un segundo supuesto, basado en que si la posterior declaraci¨®n del estado de alarma se hizo siguiendo las normas. "Ambas cuestiones merecen una respuesta contraria a las tesis de la parte recurrente [los controladores]".

El plante colectivo de los controladores de aquellos 3 y 4 de diciembre de 2010? en protesta por la rebaja de sus condiciones laborales dictada por el Gobierno provoc¨® la anulaci¨®n de 5.000 vuelos, con 700.000 afectados en pleno puente. El caos se apoder¨® de los aeropuertos y despu¨¦s de un duro pulso el Ejecutivo, entonces presidido por Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, decret¨® el estado de alarma y someti¨® a las torres y centros de control a la tutela militar. Durante 24 horas el espacio a¨¦reo espa?ol estuvo cerrado y AENA abri¨® hasta 442 expedientes a los implicados.

Los controladores recurren su procesamiento

El juzgado de Madrid, que ha colocado a 121 controladores a¨¦reos a un paso del banquillo por el plante colectivo en sus puestos los d¨ªas 3 y 4 de diciembre de 2010, ha recibido un extenso recurso de 229 folios por el que el colectivo solicita el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Los procesados alegan que las conversaciones telef¨®nicas que el juez esgrime para evidenciar que su conducta fue una estrategia coordinada ¡°resultan incompletas, se mantienen entre interlocutores no identificados que no han podido ser interrogados y parece desarrollarse en un contexto ajeno¡±, al de los controladores.

Las repentinas notificaciones de ansiedad y estr¨¦s que fueron presentando los empleados p¨²blicos el d¨ªa 3, en la jornada donde el Gobierno decret¨® el cierre del espacio a¨¦reo y el posterior estado de alarma, ¡°a lo sumo pueden expresar una queja colectiva, una intenci¨®n de futuro, pero no acreditan en absoluto un comportamiento objetivo de abandono [del puesto de trabajo]¡±.

Los controladores esgrimen que la decisi¨®n del cierre a¨¦reo que deriv¨® en un aut¨¦ntico caos en pleno puente de diciembre de 2010, fue ¡°de AENA, anterior y previa a una conducta de abandono que nunca se produce¡±, porque los partes de incapacidad ¡°no supon¨ªan el abandono del puesto, sino solo poner en marcha el protocolo de verificaci¨®n que manda la ley¡±. Ese protocolo exigir¨ªa la presencia de los servicios m¨¦dicos para verificar su estado de ansiedad. Algo que, seg¨²n el recurso, no se produjo. ¡°El juzgado de Madrid llega a una conclusi¨®n contraria a la alcanzada por otros ¨®rganos judiciales¡±, se quejan en el recurso, y recuerdan las 21 sentencias favorables que sobre este caso han cosechado en otros puntos de Espa?a.

Delito de sedici¨®n

Sobre el posible delito de sedici¨®n (alzamiento colectivo contra el orden p¨²blico), del que el juez ve indicios, el recurso recuerda que ¡°no se puede aplicar¡± a este caso porque el Tribunal Constitucional ¡°excluy¨® del delito de sedici¨®n cualquier comportamiento que pudiera ser entendido como huelga ilegal¡±, porque no podr¨ªa apreciarse aqu¨ª la intenci¨®n de ¡°subvertir la seguridad del Estado¡±. El boicot de los controladores tuvo su origen en un decreto aprobado en la ma?ana del 3 de diciembre por el Consejo de Ministros y apadrinado por el entonces ministro Jos¨¦ Blanco que significaba un aumento en la jornada de trabajo y la disminuci¨®n de salarios cifrada en un 30%.