El Poder Judicial censura la instrucci¨®n colegiada que elimina los jueces estrella

El Gobierno tiene un problema con su reforma judicial estrella que quiere aprobar antes de un a?o. La nueva Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, con la que el Ministerio de Justicia pretende impulsar un cambio radical en toda la administraci¨®n de justicia, se ha topado con el rechazo del Consejo Fiscal ¡ªque aprob¨® la semana pasada un informe muy cr¨ªtico al texto legal¡ª y con la censura a muchos de sus apartados del Consejo General del Poder Judicial. Ambos ¨®rganos cuentan con mayor¨ªa absoluta del grupo conservador.

La comisi¨®n permanente del Gobierno de los jueces aprob¨® este martes un informe a la ley, que deber¨¢ ser votado en el pleno del pr¨®ximo 26 de junio, donde rechaza la intenci¨®n del Ejecutivo de imponer la instrucci¨®n colegiada (tres jueces en lugar de uno) en las grandes causas abiertas en los tribunales de Justicia por considerar que no es funcional. ¡°La instrucci¨®n colegiada no es una respuesta adecuada¡± a los objetivos que se?ala el anteproyecto -elevar el umbral de garant¨ªas en el procedimiento, diluir la presi¨®n que pudiera existir sobre la figura del juez ¨²nico favoreciendo la corresponsabilidad y agilizar el proceso- y constituye ¡°un sistema disfuncional para una adecuada y ¨¢gil instrucci¨®n penal¡±. ¡°La agilidad que debe presidir la instrucci¨®n criminal se compagina mal con un sistema de colegio, que har¨¢ necesaria la presencia de, al menos, tres jueces para realizar todas las diligencias de instrucci¨®n y para adoptar las resoluciones, previa su deliberaci¨®n. El sistema colegial por su propia naturaleza es, en principio, m¨¢s lento, por lo que no parece que sea id¨®neo para lograr una instrucci¨®n m¨¢s r¨¢pida¡±, se?ala el texto del informe.

Sin embargo, el informe no es especialmente cr¨ªtico con la reforma de la justicia universal, que el PP impuso en un tr¨¢mite expr¨¦s, y pese a que ni siquiera pidi¨® la recomendaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces. En el borrador, el consejo ¨²nicamente sugiere que se redacten con mayor claridad algunos preceptos para evitar controversias, despu¨¦s de que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya entendi¨® que, en el caso de los narcobarcos, la ley imped¨ªa perseguir a narcotraficantes detenidos en aguas internacionales si el barco no ten¨ªa como destino Espa?a.

El consejo dice que ¡°no existe una norma internacional general que obligue a los Estados a incorporar el principio de justicia universal a sus leyes nacionales de atribuci¨®n de jurisdicci¨®n penal a sus tribunales¡± y a?ade que ¡°si lo hacen, y en qu¨¦ medida lo hacen, es una decisi¨®n de pol¨ªtica criminal que compete al legislador nacional¡±. Fuentes del consejo sostienen que el Poder Judicial no se pronunciar¨¢ sobre el fondo hasta que se resuelva el recurso que el PSOE ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra la norma.

El nuevo modelo judicial que pretende implantar el Gobierno ha provocado otras enmiendas de los jueces.

Medidas contra qui¨¦n perturbe a un juez. El anteproyecto de ley establece la posibilidad de que el Consejo del Poder Judicial pueda ordenar ¡°a quien perturbe o inquiete a los jueces¡± en la instrucci¨®n de sus causas que cese inmediatamente en dicha conducta. Y si no hace caso, le puede imputar un delito contra la administraci¨®n de Justicia. El mismo ¨®rgano al que se otorga este poder, el CGPJ,? considera que este art¨ªculo puede chocar con el ejercicio de los derechos a la libertad de expresi¨®n e informaci¨®n y ¡°presenta algunos inconvenientes serios¡±, por lo que se aconseja su reconsideraci¨®n. A?aden los jueces que la posibilidad de que un magistrado que se sienta perturbado durante la instrucci¨®n de un caso pueda solicitar a otros dos compa?eros de su mismo tribunal que formen sala con ¨¦l para resolver el asunto no est¨¢ contemplada en las normas de reparto y de composici¨®n de los ¨®rganos judiciales ¡°lo que podr¨ªa afectar, e incluso vulnerar, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley¡±. ¡°Cuando el juez perturbado sea un juez instructor, la atribuci¨®n de la instrucci¨®n a un colegio dificulta enormemente la labor instructora, que debe estar presidida por la agilidad, adem¨¢s de que el riesgo de afectaci¨®n al derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley es m¨¢s evidente¡±, apostilla el informe.

Doctrina vinculante del Tribunal Supremo. El anteproyecto de ley se?ala que determinada jurisprudencia del Tribunal Supremo tenga car¨¢cter de doctrina vinculante, de obligada aplicaci¨®n para todos los jueces y tribunales y para todos los poderes p¨²blicos. Aunque el Poder Judicial cree que esa medida puede fortificar la funci¨®n unificadora del Supremo, ¡°debe plantearse¡± si el procedimiento establecido es el m¨¢s adecuado. Es decir, si es necesario recurrir al entrecomillado del contenido vinculante o basta con afirmar ese car¨¢cter y permitir que los jueces deduzcan los contenidos decisorios en que se basa la sentencia.

El gobierno de los jueces censura el hecho de que el anteproyecto de ley establezca la posibilidad de que los poderes p¨²blicos puedan rechazar motivadamente la aplicabilidad de esta doctrina al caso concreto, justificando expresamente las razones de su decisi¨®n. Esta posibilidad es ¡°harto discutible, en tanto la Administraci¨®n como poder p¨²blico est¨¢ sometida a la Ley y al control jurisdiccional¡±.

Prohibici¨®n de hablar a jueces y asociaciones judiciales. La prohibici¨®n de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicaci¨®n sobre los asuntos pendientes ante los tribunales y sobre las resoluciones judiciales ¡°puede considerase justificada y proporcional en tanto sirve al fin de preservar no s¨®lo la independencia y a la imparcialidad de la justicia, sino tambi¨¦n su imagen y la apariencia de independencia e imparcialidad de la misma¡±, se?ala el Poder Judicial. No obstante, aconseja no modificar el precepto, que sit¨²a en el mismo nivel a los jueces y a las asociaciones, para establecer ¡°distintos l¨ªmites al ejercicio de las libertades de expresi¨®n e informaci¨®n¡± por parte de estas ¨²ltimas. Tambi¨¦n proponen modificar el art¨ªculo para redactarlo ¡°en t¨¦rminos positivos, no en t¨¦rminos de prohibici¨®n¡±, m¨¢xime cuando el precepto no establece una sanci¨®n para el caso de incumplimiento. El anteproyecto, seg¨²n los jueces, deber¨ªa recoger expresamente los bienes constitucionales que justifican la restricci¨®n del derecho de expresi¨®n e informaci¨®n de los miembros de la carrera judicial, como es el caso de la independencia judicial, especificando que la limitaci¨®n ¡°es admisible cuando la valoraci¨®n pueda provocar una perturbaci¨®n en el juez al que corresponde el conocimiento del asunto de actualidad¡±.

Reorganizaci¨®n y creaci¨®n de tribunales provinciales de instancia. La creaci¨®n de los tribunales provinciales de instancia ¡°presenta una serie de aspectos positivos en la mejora de la Administraci¨®n de Justicia¡±, por cuanto que permite una mayor racionalizaci¨®n y econom¨ªa de los medios materiales y personales, favorece la especializaci¨®n de los ¨®rganos judiciales y contribuye a la seguridad jur¨ªdica. Tras apoyar el nuevo modelo organizativo ¨Cque elimina los partidos judiciales y los juzgados de paz¨C el Poder Judicial cree posible la pervivencia de ¨®rganos judiciales que desarrollen actividad jurisdiccional fuera de las sedes de los tribunales provinciales de instancia¡± y solicita que se permitan ¡°sedes desplazadas no s¨®lo respecto de las Salas sino tambi¨¦n de sus Secciones o Unidades, previsi¨®n legal que no se contempla en el anteproyecto¡±.

La mayor¨ªa de los vocales del sector progresista del Consejo del Poder Judicial (al menos seis de sus ocho miembros) rechazar¨¢n en su totalidad el anteproyecto del Gobierno que pretende reformar la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Los progresistas quieren que se retire en su integridad un proyecto normativo que, se?alan, pone ¡°patas arriba¡± casi toda la estructura judicial espa?ola y que "no ha sido consensuado". Y, en contra de lo que ha hecho la Comisi¨®n Permanente (analizar punto por punto el proyecto normativo y proponer enmiendas a determinados aspecto), el bloque progresista no va a prestarse a ello porque entiende que es ¡°una forma de avalar¡± un proyecto elaborado por el Gobierno del PP sin el debido consenso, informa Jos¨¦ Antonio Hern¨¢ndez.