Los registradores mercantiles gestionar¨¢n el Registro Civil

El Ministerio de Justicia ha terminado de deshojar la margarita. Tras casi dos a?os de idas y venidas en la negociaci¨®n, el ministro Alberto Ruiz-Gallard¨®n ha anunciado hoy que la gesti¨®n del Registro Civil pasar¨¢ a manos de los registradores mercantiles, previsiblemente en 2015 o 2016. Esa delegaci¨®n, seg¨²n Justicia, no tendr¨¢ ning¨²n efecto para el ciudadano porque la titularidad seguir¨¢ siendo p¨²blica y porque todos los tr¨¢mites que realiza el registro ¡ªy que ahora est¨¢n en manos de jueces y funcionarios judiciales¡ª seguir¨¢n siendo gratuitos. La delegaci¨®n en los registradores de la propiedad (mucho m¨¢s numerosos en Espa?a), que fue la primera opci¨®n de Justicia, fue descartada hace cuatro meses. Lo asumir¨¢n, definitivamente, un centenar de registradores mercantiles, que pasar¨¢n a llamarse ¡°registradores civiles y mercantiles¡±. El ministerio insiste en que no es un paso hacia la privatizaci¨®n.

"Vamos a hacer un Registro Civil p¨²blico, gratuito, universalmente accesible, seguro y que garantiza que no se destruir¨¢ un solo puesto de trabajo. Estar¨¢ a cargo de los registradores mercantiles, que tienen una experiencia contrastada. Y siempre bajo supervisi¨®n del Ministerio de Justicia", ha dicho Gallard¨®n en el Senado, en respuesta a una pregunta del PSOE. El sindicato mayoritario en la Administraci¨®n de Justicia, CSI-F, ha augurado, sin embargo, que se destruir¨¢n "miles" de puestos de trabajo y que el compromiso de gratuidad no durar¨¢ mucho. "No nos cabe la menor duda de que con el tiempo aparecer¨¢n los aranceles por inscripci¨®n y por certificaci¨®n o se inventar¨¢n nuevos conceptos sobre los que repercutir el coste del servicio o disponiendo v¨ªas indirectas de financiaci¨®n [a los registradores mercantiles] a trav¨¦s de subvenciones, ayudas o convenios", han afirmado fuentes del sindicato tras anunciar una respuesta "contundente" para intentar parar el proyecto, informa Europa Press. Tambi¨¦n CC OO ha anunciado que convocar¨¢ una huelga en la Justicia si el ministerio no rectifica.

La cr¨ªtica ha llegado tambi¨¦n del extremo opuesto: los futuros gestores del servicio. El Colegio de Registradores, que agrupa a los de la propiedad (mayoritarios) y a los mercantiles, ha emitido un comunicado en el que manifiesta su "absoluta disconformidad" con la decisi¨®n de Justicia, recuerda que siempre se ha opuesto a gestionar el Registro y augura "problemas jur¨ªdicos, de organizaci¨®n y de funcionamiento". La nota apunta a un posible "cisma en el cuerpo de registradores" y anuncia que el Colegio tomar¨¢ "las medidas que estime m¨¢s adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, sin detrimento del inter¨¦s general". Registradores mercantiles de Madrid y Barcelona consultados por este peri¨®dico han afirmado, no obstante, que har¨¢n lo que les encomiende el Gobierno porque son funcionarios p¨²blicos.

En la actualidad hay 430 oficinas del Registro Civil repartidas por juzgados de toda Espa?a, y en ellas trabajan unos 5.000 funcionarios que compatibilizan esa funci¨®n administrativa con la judicial. Por el contrario, registradores mercantiles solo hay 120 en 60 oficinas, y con una plantilla total de unas 1.600 personas. Justicia niega que eso vaya a suponer un problema, y sostiene que el objetivo es precisamente reducir el colapso y evitar las colas en los registros, adem¨¢s de liberar de esa tarea puramente administrativa a los funcionarios judiciales. El Registro Civil mueve unos 3,3 millones de tr¨¢mites al a?o, entre inscripciones, certificados y copias de certificados.

Gallard¨®n afirm¨® que, all¨ª donde no haya un registro mercantil, el notario o el juez de paz har¨¢n de correa de transmisi¨®n entre el ciudadano y el registrador (tambi¨¦n sin cobrar por ello). Adem¨¢s, un portavoz del ministerio asegur¨® que la menor plantilla se compensar¨¢ con la inversi¨®n tecnol¨®gica que se va a realizar, que costear¨¢n los propios registradores y que cambiar¨¢ todo el funcionamiento del Registro Civil. El plan es sustituir los tr¨¢mites en papel por una ¡°plataforma digital¡± en la que cada ciudadano tendr¨¢ un historial con sus datos, y favorecer as¨ª el intercambio entre administraciones sin que el ciudadano tenga que desplazarse f¨ªsicamente al registro para la mayor¨ªa de los tr¨¢mites. El tratamiento de esos datos, seg¨²n el ministerio, tendr¨¢ ¡°un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes¡±. ¡°El Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e ¨ªndices, as¨ª como la base de datos ¨²nica en las que se depositen los asientos electr¨®nicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguir¨¢n perteneciendo a la Administraci¨®n General del Estado¡±, dice la nota de prensa.

El Registro Civil es el lugar ante el cual los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, nacionalidad, tutelas, cambios de apellidos y otros muchos actos relativos a su estado civil. Todos los tr¨¢mites son gratuitos, y todos se gestionan en los juzgados de primera instancia o en los cerca de 7.800 juzgados de paz (no profesionales). Al frente de cada oficina de registro hay un juez (o un juez de paz) que, salvo excepciones, compagina esa funci¨®n con la judicial. Cuando Gallard¨®n anunci¨®, a finales de 2012, que traspasar¨ªa la gesti¨®n, muchos colectivos vieron en ese anuncio la amenaza de privatizaci¨®n de un servicio p¨²blico. En realidad, el cambio de gesti¨®n a "funcionarios no judiciales" hab¨ªa sido aprobado por unanimidad en el Congreso un a?o antes, en 2011, en una ley impulsada por el PSOE. Pero Gallard¨®n anunci¨® en 2012 que finalmente delegar¨ªa el servicio en los registradores de la propiedad, y eso es lo que dispar¨® las alarmas.

Los registradores, como los notarios, son formalmente funcionarios p¨²blicos (seg¨²n la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado), pero de un tipo muy particular: aunque acceden al cargo por oposici¨®n y est¨¢n a las ¨®rdenes del Gobierno, sus ingresos no provienen de los Presupuestos Generales del Estado sino de los aranceles que cobran a sus clientes, y adem¨¢s contratan a sus propias plantillas.

Tr¨¢mites gratuitos

Justicia, que al principio contempl¨® la posibilidad de que los registradores pudieran cobrar arancel por algunos tr¨¢mites del Registro, acab¨® renunciando a eso ante el torrente de cr¨ªticas: en octubre de 2013, el subsecretario de Estado, Juan Bravo, garantiz¨® que ¡°todos los tr¨¢mites¡±, inscripciones y copias de certificados, seguir¨ªan siendo gratuitos, y en marzo de este a?o lo confirm¨® Gallard¨®n. Se complic¨® entonces la negociaci¨®n con el Colegio de Registradores, que se resist¨ªan a asumir ese nuevo servicio sin cobrar un c¨¦ntimo por ello. Finalmente, el pasado marzo, Justicia y el Colegio rompieron las conversaciones y el ministerio empez¨® de cero.

Hoy Gallard¨®n ha anunciado la soluci¨®n definitiva: el Registro Civil lo gestionar¨¢n los registradores mercantiles. Con ellos la negociaci¨®n ha sido m¨¢s f¨¢cil, seg¨²n Justicia, porque este colectivo se ha visto menos afectado por la crisis econ¨®mica que el de los registradores de la propiedad y est¨¢ dispuesto a asumir ese trabajo extra sin cobrar aranceles por ello. El ministerio afirma que la gratuidad del Registro quedar¨¢ expresamente recogida en la ley, asegura que los registradores mercantiles no recibir¨¢n nada a cambio y subraya que estos profesionales son funcionarios y por tanto tienen que aceptar cualquier nuevo cometido que se les encomiende, m¨¢xime cuando ellos no han sufrido la congelaci¨®n de sueldos p¨²blicos que el resto de funcionarios ha sufrido durante la crisis. Este argumento, sin embargo, no se utiliz¨® para obligar a lo mismo a los registradores de la propiedad.

Junto al temor de una privatizaci¨®n encubierta, los sindicatos han denunciado durante meses que el cambio de gesti¨®n supondr¨¢ el despido de cientos de trabajadores interinos que ahora est¨¢n empleados en labores de registro en los juzgados. Gallard¨®n se ha comprometido hoy a que "no se destruir¨¢ un solo puesto de trabajo". Desde el ministerio se ha matizado despu¨¦s que ese compromiso se refiere solo al "territorio competencia del ministerio¡±. Y ese territorio es muy limitado: solo cinco de las 17 comunidades aut¨®nomas. Justicia conf¨ªa, sin embargo, en que en el resto de comunidades tampoco habr¨¢ despidos, porque aquellas llevan meses diciendo que necesitan m¨¢s personal para realizar tareas judiciales.