Las causas contra huelguistas suman peticiones de c¨¢rcel por 120 a?os

A Katiana Vicens, secretaria general de CC OO en Baleares, el fiscal le pide cuatro a?os y medio de c¨¢rcel. Durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 subi¨® a un autob¨²s urbano, seg¨²n consta en el escrito de acusaci¨®n, ¡°con ¨¢nimo de menoscabar la propiedad ajena y de sumar a la huelga al trabajador que cumpl¨ªa los servicios m¨ªnimos¡±. Ella admite que entr¨® en el autob¨²s, acompa?ada de un polic¨ªa: ¡°Para informar¡±. Pero niega que el incidente acabara con una luna del autocar rota. El fiscal, a ra¨ªz de la denuncia del conductor del veh¨ªculo, asegura que Vicens increp¨® al empleado dici¨¦ndole ¡°deja de trabajar¡±, ¡°esquirol¡±, al tiempo que arrancaba el cartel de servicios m¨ªnimos y golpeaba ¡°la luna delantera hasta fracturarla¡±. El ministerio p¨²blico le reclama adem¨¢s una multa de 24 meses a raz¨®n de 18 euros al d¨ªa (unos 13.000 euros) y 1.979 euros por la luna rota.

¡°No tengo intenci¨®n de llegar a un acuerdo. No he hecho nada. Y si tengo que acabar en prisi¨®n, lo har¨¦¡±, explica al otro lado del tel¨¦fono Vicens. Dice que est¨¢ tranquila y defiende que su causa, como otras 81 abiertas en toda Espa?a contra 260 afiliados a Comisiones o UGT, responden a la intenci¨®n del Gobierno de criminalizar la huelga. La fiscal¨ªa pide c¨¢rcel para otros once afiliados a CGT y para otros tantos del sindicato gallego CIG. Adem¨¢s, se han dictado condenas de m¨¢s de dos a?os de prisi¨®n a personas que no est¨¢n vinculadas con ninguna central. De forma agregada, seg¨²n los c¨¢lculos de los sindicatos, los fiscales piden 120 a?os. Y la cifra puede subir cuando se concreten acusaciones pendientes.

Ni Tamara Vidal ni Ana Outerelo pertenecen a ning¨²n sindicato. Se sumaron a una movilizaci¨®n sectorial convocada a principios de 2010 para que los trabajadores de las piscinas p¨²blicas de varias ciudades gallegas tuviesen un convenio colectivo com¨²n. Fue un conflicto laboral breve, que se resolvi¨® en apenas dos meses, pero que a estas dos profesoras de gimnasia les ha arruinado como m¨ªnimo cuatro a?os de su vida. El ocho de febrero de ese a?o formaron parte de un grupo de unas 50 personas que, salt¨¢ndose la oposici¨®n del gerente a empujones, entr¨® en uno de los complejos afectados en Pontevedra al grito de ¡°esquiroles¡±. Los manifestantes arrojaron pintura de color rojo y jab¨®n l¨ªquido al agua de las piscinas y a las gradas. El gerente denunci¨® los hechos y solo tres personas del grupo fueron identificadas. Tamara, porque hab¨ªa trabajado all¨ª y la conoc¨ªan; Ana, porque reconoci¨® que hab¨ªa estado con sus compa?eros y una tercera afectada, que aleg¨® que hab¨ªa llegado tarde y evit¨® el castigo.

La sentencia no consider¨® siquiera probado que fuesen ellas las que efectivamente dieron el empell¨®n ¡ªel afectado culp¨® a un hombre¡ª o vertieron los botes. Pero como estaban en el grupo, y la juez entendi¨® que se produjo coacci¨®n, les cayeron seis meses de c¨¢rcel. Tras su apelaci¨®n, la Audiencia Provincial de Pontevedra elev¨® posteriormente la pena por el mismo delito imputado a tres a?os y un d¨ªa de prisi¨®n alegando que la magistrada de Vigo se hab¨ªa equivocado.

La sentencia, que ya es firme, se dict¨® hace dos meses y desde entonces las movilizaciones en apoyo a las dos mujeres no han cesado. Decenas de miles de firmas de los vecinos, manifestaciones peri¨®dicas, mociones un¨¢nimes clamando por el indulto tanto en el pleno municipal como en el Parlamento gallego y finalmente la aquiescencia de la fiscal¨ªa, que ahora tambi¨¦n recomienda el perd¨®n. De momento est¨¢n a la espera de lo que suceda con su petici¨®n de indulto.

Desde el ¨¢mbito judicial se lamenta la severidad del art¨ªculo 315.3 del C¨®digo Penal, que marca un castigo de hasta tres a?os de prisi¨®n para quien, ¡°actuando en grupo, o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga¡±. Desde la Fiscal¨ªa General del Estado no se ha dado, seg¨²n fuentes consultadas, ninguna instrucci¨®n particular para seguir al dedillo el C¨®digo Penal en estos casos. ¡°Somos conscientes de que hay una alarma social, pero es un problema de la legislaci¨®n¡±, razona desde la Uni¨®n Progresista de Fiscales ?lvaro Ortiz. ¡°En absoluto es una acci¨®n coordinada de los fiscales, los procedimientos distan varios a?os unos de otros¡±, a?ade, y recuerda que en el pasado se han dado casos. Pero la repentina severidad con que fiscales de todo el pa¨ªs est¨¢n actuando escama en las organizaciones sindicales.

C¨¢ndido M¨¦ndez, secretario general de UGT, denuncia que el Ministerio P¨²blico pide 120 a?os de c¨¢rcel en 13 de las 17 comunidades aut¨®nomas. ¡°Durante 35 a?os se ha producido una interpretaci¨®n constitucional correcta del derecho de huelga y ahora hay un desequilibrio a favor del C¨®digo Penal y en perjuicio de los trabajadores¡±, asegura. Para Ignacio Fern¨¢ndez Toxo, secretario general de CC OO, se trata de un ataque ¡°sin precedentes¡± a este derecho fundamental. Una forma de ¡°ejemplarizar, de meter miedo, de desanimar¡±, a?ade, que se traduce en ¡°actuaciones que buscan cambiar el derecho de huelga de facto¡±.

El art¨ªculo 315 del c¨®digo penal al que se est¨¢n agarrando las acusaciones est¨¢ pensado para castigar a quien ¡°impidiere o limitare el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga¡±, por eso Toxo destaca lo para ¨¦l es sarc¨¢stico: ¡°El derecho al trabajo se vulnera a diario en este pa¨ªs y no precisamente por sindicalistas¡±.

CC OO y UGT han lanzado una ofensiva en la calle y en los despachos. El martes hay una concentraci¨®n en Madrid, que se repetir¨¢ por toda Espa?a el 9 de julio. Ya han pedido una entrevista con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar los casos. Tambi¨¦n han enviado una carta a la fiscal¨ªa denunciando las actuaciones penales. Por ahora no tienen respuesta.

Por vulnerar el derecho al trabajo quieren castigar a Rub¨¦n Ranz, de 39 a?os, y a Jos¨¦ Manuel N., que formaban parte de un numeroso piquete que particip¨® en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Ambos son afiliados y cargos org¨¢nicos de UGT y hab¨ªan acudido a las doce de la noche a Mercamadrid. Sobre las cuatro de la madrugada volvieron a la sede del sindicato para comer algo y organizar un piquete que actuar¨ªa por el centro de Madrid. ¡°Llegamos hasta la Gran V¨ªa, por la zona de los hoteles de cinco estrellas, con la intenci¨®n de hacer ruido. No quer¨ªamos que los especuladores y los banqueros, culpables de la crisis, durmieran esa noche tranquilos¡±. Pero cerca del Hotel Ritz la cosa se complic¨®. Uno de sus compa?eros dej¨® pasquines en la puerta de un bar y se gener¨® una bronca. ¡°Detr¨¢s ten¨ªamos dos lecheras de antidisturbios. Comenz¨® una carga policial que pill¨® de lleno a su compa?ero Jos¨¦ Manuel. ¡°Les dije: ¡®c¨®mo os vais a llevar al mayor [porque tiene m¨¢s de 60 a?os]¡¯ y empezaron conmigo, soltando palos en mi espalda. Como no me dej¨¦ caer me dieron m¨¢s golpes que sonaban como huecos¡±. Horas despu¨¦s estaban en el calabozo de la comisar¨ªa de Moratalaz.

En la celda coincidieron con otros detenidos, como el actor Willy Toledo. Ahora esperan juicio: el fiscal pide siete a?os de prisi¨®n para cada uno por vulnerar el derecho de los trabajadores, lesiones y atentado a la autoridad. ¡°El fiscal, que solicit¨® prisi¨®n provisional porque dijo que yo podr¨ªa fugarme, ni me mir¨® a la cara cuando solicit¨® al juez esa barbaridad¡±. Rub¨¦n contrapone a su caso al de los due?os de una panader¨ªa en Valencia, que abandonaron a un inmigrante sin contrato a 200 metros del hospital despu¨¦s de que una m¨¢quina le cortase un brazo. Los han sentenciado a 11 meses y 29 d¨ªas.

El abogado de UGT que lleva el caso de Rub¨¦n Ranz, Bernardo Garc¨ªa, admite que en su trayectoria profesional de varias d¨¦cadas nunca hab¨ªa visto una actuaci¨®n tan desmesurada de la fiscal¨ªa. ¡°El fen¨®meno tiene un sesgo claramente criminalizador¡±, reflexiona.

Otros ocho trabajadores de Airbus en Madrid se enfrentan a 64 a?os de c¨¢rcel por unos hechos parecidos. Uno de ellos, Jos¨¦ Alc¨¢zar, tiene 63 a?os y est¨¢ prejubilado. En septiembre de 2010 particip¨® en la huelga contra la reforma laboral del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero: ¡°Los ocho est¨¢bamos en una de las puertas de entrada a la f¨¢brica. En cuanto llegamos me identifiqu¨¦ ante los antidisturbios como m¨¢ximo responsable del comit¨¦¡±. Eran las seis de la ma?ana. ¡°Me sorprendi¨® la cantidad de polic¨ªa que hab¨ªa. Los vi bastante nerviosos, no me gust¨®. En un momento dado aquello se desmadr¨® porque un trabajador quiso entrar en la planta. Cargaron contra nosotros, ¨¦ramos como unas 400 personas, cargaron contra todos¡±.

La cosa se lio y un polic¨ªa sac¨® su arma. ¡°Dio siete disparos al aire. Trat¨¦ de impedir que la cosa fuera a m¨¢s, intent¨¦ que se calmaran. Reclam¨¦ la presencia de alguien de Airbus¡±, relata Alc¨¢zar. Cree que su actitud de identificarse desde el principio es muy significativa: ¡°Si te identificas no lo haces para montar bronca¡±. Al d¨ªa siguiente recibi¨® una llamada de su mujer. La polic¨ªa hab¨ªa ido a buscarlo a casa. ¡°Fui acompa?ado por otros dos compa?eros a los juzgados. Nos metieron a los tres en el calabozo¡±. El juez finalmente imput¨® a los ocho que esa madrugada hab¨ªan pasado por la enfermer¨ªa de la empresa. ¡°Qu¨¦ casualidad, los ocho est¨¢bamos en la lista de las ¨²ltimas elecciones sindicales [siete de CC OO y uno de UGT]¡±. En abril de 2012, dos a?os despu¨¦s, se celebr¨® una rueda de reconocimiento. Tuvieron que pasar otros dos a?os hasta que, el pasado febrero recibieron el escrito de acusaci¨®n: el fiscal solicita 8 a?os y tres meses para cada uno. ¡°Los peligrosos somos nosotros, los sindicalistas¡±, ironiza Alc¨¢zar. La multa, de 31.700 euros, la pagaron al d¨ªa siguiente bajo la amenaza de embargo. Su abogado est¨¢ intentando conseguir la anulaci¨®n por defectos de forma. ¡°No se conoc¨ªa un caso as¨ª desde el franquismo. T¨² te acuestas y te preguntas... ?y si me pasa algo? Si la sociedad permite eso ya no s¨¦... si nosotros hubi¨¦semos cometido un atropello enorme... pero no, hice lo que deb¨ªa y volver¨ªa a hacerlo, era mi obligaci¨®n¡±. El juicio tardar¨¢ otros dos a?os. ¡°?C¨¢rcel? No quiero ni pensar en eso¡±.

Quien s¨ª est¨¢ a punto de ingresar en prisi¨®n son Carlos Cano y Carmen Bajo, condenados a tres a?os por su actuaci¨®n como piquetes del 15-M durante la huelga general de marzo de 2012. La pena, dictada en mayo de 2013 por el juzgado de lo Penal 1 de Granada ha sido ratificada por la Audiencia Provincial, por lo que ya se ha ordenado su ejecuci¨®n.

Acusados de amenazas, pintadas y destrozos, ambos fueron identificados en un piquete estaba compuesto por unas 40 personas m¨¢s. El grupo jur¨ªdico que les presta apoyo ha presentado un incidente de nulidad de las actuaciones, aunque no descartan solicitar el indulto como ¨²ltimo recurso. De momento, Carmen Bajo, en paro, ha conseguido aplazar su ingreso en prisi¨®n un mes m¨¢s. Carlos, estudiante de medicina, no.

Con informaci¨®n de V¨ªctor Honorato y Valme Cort¨¦s.?