¡°Los aforados eligen a quienes les van a investigar y enjuiciar¡±

Pedro Horrach Arrom (Sa Pobla, Mallorca,1966) trabaja contra la corrupci¨®n desde hace ocho a?os, cuando asumi¨® como fiscal la investigaci¨®n de una malversaci¨®n de caudales p¨²blicos (600.000 euros en diez a?os) por parte de la recaudadora de un peque?o municipio mallorqu¨ªn. Desde entonces, ha intervenido en cerca de 40 operaciones contra el pillaje pol¨ªtico en las islas y su diligencia ha llevado a la c¨¢rcel a numerosos altos cargos, entre ellos el ex presidente balear Jaume Matas. Horrach inici¨® la investigaci¨®n del caso N¨®os que ha puesto a la instituci¨®n mon¨¢rquica bajo sospecha. Su rechazo a la imputaci¨®n de la infanta Cristina en la ¨²ltima fase del proceso le ha enfrentado con el juez Jos¨¦ Castro. En esta entrevista no se habla del caso N¨®os porque todav¨ªa es una causa abierta sometida a recursos y pendiente de un juicio oral donde Horrach defender¨¢ la acusaci¨®n contra varias decenas de imputados para los que pide c¨¢rcel.

Pregunta. ?C¨®mo lleg¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Baleares?

Respuesta. Empec¨¦ a mediados de 2006, llegu¨¦ a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n iniciando y asumiendo la investigaci¨®n de un caso de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos de la recaudadora de un Ayuntamiento de Mallorca. Se trataba de 600.000 euros que hab¨ªa ido sustrayendo durante diez a?os. El tema me motiv¨®, el trabajo era diferente en la forma y en el fondo al que hasta ese momento hab¨ªa desarrollado, con la sensaci¨®n personal de haber encontrado una tarea que me satisfac¨ªa profesional y personalmente. A ra¨ªz del caso mencionado, que por cierto acab¨® en condena de cuatro a?os y medio de prisi¨®n y devoluci¨®n de la cantidad sustra¨ªda, empec¨¦ a trabajar en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Justo despu¨¦s se inici¨® el tema Andratx y a ra¨ªz de ah¨ª, una serie importante de asuntos, siempre fruto de denuncias en Fiscal¨ªa y lo recalco, en Fiscal¨ªa, o bien de informaci¨®n que recog¨ªa yo mismo en la calle.

?P. En la d¨¦cada de los noventa, Espa?a vivi¨® algunos de los grandes esc¨¢ndalos de corrupci¨®n de la democracia; la financiaci¨®n ilegal del PSOE a trav¨¦s de Filesa, el encarcelamiento del gobernador del Banco de Espa?a, la trama de las comisiones ilegales del AVE. En la primera d¨¦cada del siglo XXI ha vuelto el problema con especial virulencia, hasta el punto de que por primera vez en la historia de este pa¨ªs es el segundo problema en importancia despu¨¦s del paro. ?A qu¨¦ cree que se debe?

R. Creo que en los momentos concretos a que Vd se refiere lo que se buscaba a trav¨¦s de las actuaciones de la Fiscal¨ªa y de los jueces era ejemplarizar, pero no se consigui¨®. Se perdi¨® de vista que se trataba de una corrupci¨®n generalizada; estos esc¨¢ndalos eran s¨®lo la punta del iceberg de una corrupci¨®n subyacente. No se supo o no se quiso ver las transcendencia sangrante del tema. A finales de los a?os noventa llegaron muchas denuncias de ciudadanos extranjeros por casos de corrupci¨®n en el levante espa?ol. Fuimos avisados por la Comunidad Europea. Se dict¨® una resoluci¨®n del parlamento europeo que Espa?a no aprob¨®. Una investigaci¨®n acredit¨® que durante la d¨¦cada anterior se hab¨ªa utilizado m¨¢s hormig¨®n en Espa?a que en Francia, Alemania e Italia juntas. Se pusieron de manifiesto las ¨ªntimas relaciones que exist¨ªan entre el poder pol¨ªtico y las grandes empresas de construcci¨®n y, sin embargo, hicimos caso omiso despu¨¦s de una investigaci¨®n que dur¨® entre cinco y seis a?os. Se produjeron hechos tan curiosos, por no denominarlos de otro modo, como que cuando vinieron los representantes de la Comisi¨®n Europea citados a reuniones con algunos responsables pol¨ªticos de la Comunidad Valenciana, en las reuniones se hallaban presentes, adem¨¢s de los representantes pol¨ªticos, algunos empresarios del ramo de la construcci¨®n.

P. Baleares, la comunidad en la que usted trabaja, es la que m¨¢s condenados a c¨¢rcel por corrupci¨®n tiene de toda Espa?a ?A qu¨¦ se debe?

R. Cambi¨¦ en los asuntos que me concern¨ªan los m¨¦todos de trabajo. Hasta ese momento la Fiscal¨ªa en los casos de corrupci¨®n interpon¨ªa la querella criminal ante el juzgado de instrucci¨®n. El juez se estudiaba el asunto durante un tiempo para deducir si los hechos revelaban il¨ªcito penal y si hab¨ªa indicios suficientes. Luego notificaba la querella al imputado cit¨¢ndolo al cabo de un cierto tiempo para declarar. ?C¨®mo se puede luchar contra la corrupci¨®n con medios tan ineficaces, con una exposici¨®n de hechos notificada al imputado que le daba la oportunidad de prepararse y ponerse de acuerdo con los dem¨¢s imputados de la causa y elaborar una defensa conjunta? Entonces, decid¨ª iniciar directamente las investigaciones y adoptar determinadas cautelas en Fiscal¨ªa mediante la apertura de diligencias de investigaci¨®n penal, porque algunas de las pocas armas con que contamos en la lucha contra la corrupci¨®n son el secreto de la investigaci¨®n y la rapidez en la toma de decisiones adelant¨¢ndonos al investigado. Recopilaba toda la informaci¨®n necesaria y posible de los ¨®rganos implicados, Agencia Tributaria, Polic¨ªa, etc y cuando ten¨ªa la base suficiente y la composici¨®n de lugar y la estructura , hac¨ªa explotar la operaci¨®n, a la par que solicit¨¢ba los registros correspondientes, que tan buenos frutos nos han dado. Algunas otras medidas como las intervenciones telef¨®nicas, son eficaces cuando se est¨¢n investigan delitos que se est¨¢n cometiendo al tiempo en que se investiga, pero no cuando los hechos se cometieron hace cinco o seis a?os, en estos casos la eficacia es nula. Junto con los registros, practic¨¢bamos detenciones de todos los implicados, con lo que evit¨¢bamos que se pudieran poner de acuerdo. En sede policial dirig¨ª las investigaciones y con el conjunto de medidas adoptadas, conseguimos muchas confesiones de los cohechos. Este modelo se aplic¨® en Catalu?a tambi¨¦n. Adem¨¢s, hubo una conjunci¨®n importante de todos los ¨®rganos implicados en la lucha contra la corrupci¨®n, la Agencia Tributaria, los grupos de delincuencia econ¨®mica de la Polic¨ªa y Guardia Civil, una gran motivaci¨®n de todos los operadores que est¨¢bamos interviniendo. Se form¨® un equipo de tres personas de la Agencia Tributaria para trabajar con nosotros y con otros refuerzos pudimos llevar a cabo en cinco a?os m¨¢s de 40 macrooperaciones. Los medios de comunicaci¨®n han contribuido tambi¨¦n a concienciar a la ciudadan¨ªa de la realidad de la corrupci¨®n en sus entornos m¨¢s pr¨®ximos.

El aforamiento es un obst¨¢culo para luchar contra la corrupci¨®n

P. ?El r¨¦gimen de aforamiento que rige en Baleares, que permite que un juez de instrucci¨®n ordinario inicie la investigaci¨®n contra pol¨ªticos aforados ayuda a la lucha contra la corrupci¨®n?

R. Sin duda. Esa circunstancia ha contribuido a agilizar las causas anticorrupci¨®n. Tambi¨¦n es verdad que hemos tenido la suerte de contar con jueces de instrucci¨®n muy competentes y muy motivados.

P. ?El aforamiento de pol¨ªticos puede ser un obst¨¢culo para la lucha contra la corrupci¨®n?

R. De hecho lo es, es un obst¨¢culo. Legal, pero obst¨¢culo. Primer obst¨¢culo, un aforado no puede ser detenido, salvo en caso de delito flagrante, es un privilegio respecto al resto de ciudadanos. Segundo obst¨¢culo, la investigaci¨®n, tiene que ser desarrollada por un instructor especial nombrado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Hay que recordar que los miembros del Tribunal Superior son nombrados por el parlamento de cada respectiva Comunidad Aut¨®noma. Por lo tanto, son los aforados quienes eligen no solo a quien les va a investigar sino tambi¨¦n a quien les va a enjuiciar.

P. Para justificar los aforamientos, los pol¨ªticos explican que, de no existir, se ver¨ªan abocados a tener que soportar numerosas querellas sin fundamento¡­

R. Es la excusa que se utiliza para mantener los aforamientos. La gran mayor¨ªa de jueces en Espa?a son profesionales muy competentes y si se presentaran denuncias o querellas sin fundamento las archivar¨ªan de plano.

P. Usted dijo en el juicio del caso Scala donde interven¨ªa. ¡°Cuando no se pueden atacar los hechos, se ponen en entredicho las motivaciones del que investiga. Se le llama la teor¨ªa de la conspiraci¨®n, se repite hasta la saciedad, hasta que cala en parte de la opini¨®n p¨²blica. Estas im¨¢genes forman parte de la corrupci¨®n, constituyen la corrupci¨®n, es una secuencia que se repite de forma interminable. Obst¨¢culos y m¨¢s obst¨¢culos que impiden que la verdad fluya. Se necesitan muchas horas de trabajo, equipos de gente funcionando a pleno rendimiento y no dejar de presionar, de presionar en el sentido investigador, de presi¨®n investigadora, policial, fiscal y judicial y, a¨²n as¨ª, no siempre llegamos a buen puerto. Y deseng¨¢?ense, cuando llegamos, solo alcanzamos una parte de la verdad¡±. ?La lucha judicial contra la corrupci¨®n s¨®lo alcanza hoy una parte de la verdad?

Se descalifica a personas que reconocen los delitos hasta provocar su muerte social

R. S¨ª, as¨ª es. Llevamos a juicio una parte de la verdad porque la otra no la hemos podido acreditar, siempre una parte de la verdad queda oculta. Los acusados tienen la tendencia a contar solo una parte de la verdad, la que menos les perjudica. Y en muchos casos, afortunadamente no en todos, nos tenemos que conformar con esto porque no disponemos de otros medios de prueba para acreditar el resto de verdad que permanece oculta. Y eso que, le aseguro, nos empe?amos en buscarla y acreditarla.

P. ?Qu¨¦ obst¨¢culos encuentra?

R. Por poner solo un ejemplo, dos o tres d¨ªas despu¨¦s de iniciar el caso Scala, una de las mayores implicadas, Antonia Ordinas, gerente del Consorcio para el Desarrollo Econ¨®mico de las Islas Baleares, se puso en contacto conmigo a trav¨¦s de su abogado para reconocer los hechos, devolver el dinero y se?alar el lugar de su finca en que enterr¨® las famosas cajas de cola cao donde hab¨ªa escondido el dinero. Despu¨¦s de reconocer los hechos, esa se?ora sufri¨® acoso y presi¨®n de otros implicados a trav¨¦s de varios medios de comunicaci¨®n. Otro de los grandes obst¨¢culos es la ineficacia que ha existido de los controles de car¨¢cter institucional.

P. ?Los medios tambi¨¦n obstaculizan la lucha contra la corrupci¨®n?

R. Depende. En algunos casos se utiliza a los medios de comunicaci¨®n por los partidos pol¨ªticos para descalificar a aquellas personas que, reconociendo los hechos delictivos, da?an al partido al cual pertenecen al que denuncian o acusan. Se utilizan los medios de comunicaci¨®n para descalificarlos hasta el l¨ªmite, en alg¨²n caso, de provocar su muerte social. Es el dicho de que ¡°una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad¡±, cala en la opini¨®n p¨²blica, la gente se lo cree. Es evidente que en los casos m¨¢s medi¨¢ticos los medios no solo informan sino toman posiciones a favor o en contra. Pero es cierto que los medios de comunicaci¨®n forman una parte muy importante, como anteriormente he dicho, en la lucha contra la corrupci¨®n. Piense que desde el momento en que un asunto llega a los medios de comunicaci¨®n, el investigador est¨¢ protegido frente a posibles presiones o maniobras internas o externas, desde este punto de vista es muy importante. Adem¨¢s de contribuir, como ha ocurrido en Baleares, a generar concienciaci¨®n ciudadana en estos temas. Hemos iniciado investigaciones con art¨ªculos de peri¨®dicos, con investigaciones period¨ªsticas previas.

P. Alf Ross, un fil¨®sofo del derecho dan¨¦s, cuenta que la democracia tiene dos armas para combatir la corrupci¨®n: la publicidad/transparencia y una conciencia p¨²blica, despierta y exigente. ?Espa?a dispone de esas armas?

Deber¨ªa contemplarse como hecho delictivo el simple uso de dinero b por un partido

R. No, lamentablemente. Ross tiene toda la raz¨®n. La falta de agrupaciones c¨ªvicas es un mal end¨¦mico en Espa?a, m¨¢s acusado en Baleares. Esta falta, implica conformismo. El conformismo equivale al silencio y el silencio es el mayor c¨®mplice de la corrupci¨®n. Personas que sustraen dinero del erario p¨²blico, que cobran comisiones a empresarios adjudicatarios de obras o de servicios, no hay mucha; pero hay demasiadas personas que conocen y consienten estas situaciones. Y es mucho m¨¢s peligrosa en la lucha contra la corrupci¨®n la existencia de estos cientos de personas. El C¨®digo penal prev¨¦ como delito, obstaculizar el derecho a la informaci¨®n p¨²blica de los ciudadanos. No es que no exista publicidad y transparencia, sino las dificultades que tienen los ciudadanos de acceder a dicha informaci¨®n p¨²blica. Es verdad que se publican la mayor¨ªa de contratos en el BOE y que uno si tiene tiempo y ganas puede acceder a la informaci¨®n, pero esto es pr¨¢cticamente irrealizable, todos tenemos nuestras obligaciones, nuestros problemas, una vida demasiado ajetreada. Por lo tanto, lo que se deber¨ªa hacer es facilitar el acceso a esa informaci¨®n mediante el acceso a las bases de datos donde se reflejen las partidas que se gastan, las empresas licitadoras, la empresa adjudicataria, el concepto, el importe del servicio y el sistema contractual utilizado para adjudicar el servicio. En Espa?a, los controles en la administraci¨®n p¨²blica ordinaria son suficientes siempre que se apliquen, si bien es cierto que una parte importante de la corrupci¨®n detectada en Baleares lo ha sido en el seno de empresas p¨²blicas, organismos aut¨®nomos o fundaciones, entidades de derecho p¨²blico vinculadas a la administraci¨®n que carecen de mecanismos de fiscalizaci¨®n previa del gasto y de limitaci¨®n presupuestaria. El primer requisito b¨¢sico es que el responsable pol¨ªtico justifique la utilidad p¨²blica pero no de cualquier manera con f¨®rmulas al uso, estandarizadas. La ley de contratos hasta 2007 permit¨ªa los contratos menores por adjudicaci¨®n directa sin necesidad de concurso hasta una cuant¨ªa de 12.000 euros, cantidad importante. En 2008 se elev¨® a 18.000 euros. Es decir, el margen de discrecionalidad incre¨ªblemente se hizo m¨¢s amplio. Luego est¨¢n los fraccionamientos, muy t¨ªpicos tambi¨¦n, nos hemos encontrado con contratos valorados en 120.000 euros que para evitar el concurso se fraccionaban en m¨¢s de diez contratos menores. La Ley de contratos exige la justificaci¨®n y la utilidad p¨²blica de cualquier gasto, si los ¨®rganos de control que ya existen funcionasen de forma adecuada, la corrupci¨®n no existir¨ªa. En las empresas p¨²blicas, donde abundan los contratos laborales, es mucho m¨¢s f¨¢cil que el empleado se avenga a las imposiciones del responsable pol¨ªtico por razones obvias.

P. Algunos manuales jur¨ªdicos sobre corrupci¨®n pol¨ªtica sostienen que est¨¢ comprobado que la lucha contra la corrupci¨®n no es m¨¢s efectiva creando m¨¢s figuras delictivas ni aumentando las sanciones penales, sino educando a la poblaci¨®n y fomentando valores ciudadanos orientados a preservar la decencia p¨²blica y la moralidad administrativa. ?Falta esa educaci¨®n en Espa?a?

R. Falta concienciaci¨®n por distintas razones, algunas hist¨®ricas relacionadas con la cultura de la mal llamada picaresca espa?ola. Pero no solo eso, desde las propias instituciones p¨²blicas se contribuye poco a un cambio de orientaci¨®n cultural. Basta ver la tipificaci¨®n penal del delito fiscal, que, como Vs sabe, requiere que la cuota defraudada sea superior a 120.000 euros, lo que significa que la base imponible ha de ser de al menos 500.000 euros en Sociedades y de 600.000 euros en IRPF. Imag¨ªnese el importe necesario de fraude para que exista delito. La concienciaci¨®n exigir¨ªa que las leyes no permitan un nivel de fraude tan desmesurado. La cultura del valor del dinero p¨²blico no existe. La cultura de que los servicios p¨²blicos los pagamos entre todos tampoco en t¨¦rminos generales.

P. La crisis econ¨®mica ayuda a que la concienciaci¨®n suba.

R. S¨ª, naturalmente. Cuando los ciudadanos han visto que el dinero no alcanza para aquellos servicios que antes estaban cubiertos y en muchos casos sobre dotados y se han tenido que eliminar. S¨ª, cuando hemos visto y a¨²n vemos, empresas que echaban a andar vali¨¦ndose de subvenciones p¨²blicas, profesionales de la subvenci¨®n bajo el manto de un pseudointer¨¦s p¨²blico.

Los jueces no quieren perder sus parcelas de poder en favor de un sistema m¨¢s garantista

P. ?A qu¨¦ cree que obedece el hecho de que el C¨®digo Penal en 2014 a¨²n no incluya como delito el de la financiaci¨®n ilegal cuando hay causas abiertas donde se investiga precisamente eso?

R. Considero que no interesa su tipificaci¨®n a ning¨²n partido pol¨ªtico. Para perseguir la financiaci¨®n irregular lo que actualmente tipifica como delictivo la ley electoral es falsear las cuentas de los partidos, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos. Dicha previsi¨®n legal es a todas luces insuficiente. Nosotros detectamos en Mallorca el uso de dinero negro para pago de servicios electorales, en las elecciones de los a?os 2003 y 2007. Acreditamos mediante las anotaciones contables incautadas en diversos registros que existieron estos pagos con dinero negro, hubo adem¨¢s reconocimiento de los empresarios que cobraron en dinero B. Lo que se deber¨ªa contemplar como hecho delictivo es el simple uso de dinero B por un partido pol¨ªtico, lisa y llanamente. La experiencia constata que la mayor¨ªa de ese dinero procede de comisiones por adjudicaciones de obras p¨²blicas o de servicios. Probar que un empresario o un particular ha pagado dinero a un partido pol¨ªtico cuando el medio de pago habitual hoy en d¨ªa es el malet¨ªn, que es indetectable, es una prueba diab¨®lica para nosotros.

P. ?Qu¨¦ solucionar¨ªa la introducci¨®n de la financiaci¨®n ilegal de partidos como delito?

R. Siempre que las sanciones penales fueran las adecuadas, considero que la fuerza de su posible imposici¨®n actuar¨ªa como freno a la perpetraci¨®n de otros delitos, cohechos, prevaricaciones¡­De otro lado la concurrencia en las campa?as electorales ser¨ªa m¨¢s justa y transparente porque la financiaci¨®n ilegal es un claro exponente de corrupci¨®n pol¨ªtica. A d¨ªa de hoy tiene dif¨ªcil explicaci¨®n que los principales partidos pol¨ªticos no se hayan puesto de acuerdo en este tema.

P. ?Y c¨®mo se deber¨ªa castigar ese delito?

R. Hasta el a?o 2013 no era posible sancionar penalmente a partidos pol¨ªticos y sindicatos porque el C¨®digo Penal los exclu¨ªa de la responsabilidad penal como personas jur¨ªdicas . A ra¨ªz de la reforma de la norma penal en este punto, forzada por graves hechos de trascendencia social y medi¨¢tica, afortunadamente se ha corregido esta disfunci¨®n.

La financiaci¨®n ilegal deber¨ªa castigarse en los casos m¨¢s graves, con la suspensi¨®n o la disoluci¨®n del propio partido, acompa?ado de importantes sanciones econ¨®micas.

P. En la ¨²ltima reforma que tramita el Congreso sobre la Ley de Financiaci¨®n est¨¢n permitidas las donaciones de empresas a fundaciones de partidos pol¨ªticos, pese a que en algunos procesos judiciales se ha demostrado que esas donaciones eran utilizadas para campa?as electorales o que se hac¨ªan por parte de empresas que consegu¨ªan contratos multimillonarios de administraciones gobernadas por partidos a los que donaban el dinero a trav¨¦s de una fundaci¨®n. ?Hay que eliminar esta posibilidad?

R. No se acabar¨ªa con el problema. En Mallorca la gerencia de un partido pol¨ªtico se pon¨ªa en contacto con determinadas empresas para solicitarle colaboraci¨®n en las campa?as electorales. A su vez la empresa que gestionaba los actos electorales emit¨ªa facturas contra las empresas colaboradoras por servicios inexistentes. Hay mil m¨¦todos para llegar al mismo fin.

P. ?Qu¨¦ problemas tiene para perseguir el cohecho?

R. Lo importante es tener los medios adecuados de investigaci¨®n. Todos los medios son pocos porque ellos siempre act¨²an con la ventaja que dan la alevos¨ªa y la nocturnidad, que constituyen los grandes problemas para su investigaci¨®n. Ellos siempre llevan ventaja. Perseguir el cohecho es perseguir los pagos de las comisiones o los sobornos a los pol¨ªticos. En ocasiones afortunadamente se equivocan y dejan rastros documentales o bancarios, como en un caso reciente donde finalmente se logr¨® acreditar la existencia de un pago de cuatro millones de euros por adjudicaci¨®n de una obra. Era m¨¢s de un 12 por ciento de comisi¨®n sobre el precio del concurso, estamos hablando de porcentajes muy importantes. La contrataci¨®n p¨²blica consume una parte muy importante de los recursos p¨²blicos. Lo que necesitamos son mecanismos para seguir el rastro del dinero.

P. ?Qu¨¦ mecanismos?

R. Por ponerle un ejemplo, la creaci¨®n en Espa?a de la oficina de recuperaci¨®n de activos, que existe en otros pa¨ªses de nuestro entorno. Consiste en s¨ªntesis en la investigaci¨®n patrimonial a nivel nacional e internacional, la cooperaci¨®n judicial internacional es importante. La creaci¨®n de equipos conjuntos, integrados por Inspectores de la Agencia Tributaria y Grupos Policiales de Delincuencia Econ¨®mica, adscritos a la Fiscal¨ªa. Lo importante es recuperar el dinero malversado o robado. Una comisi¨®n entre el 10% y el 60% sobre el precio de un concurso p¨²blico, como hemos llegado a detectar, supone un sobrecoste del servicio p¨²blico y por tanto un perjuicio para el ciudadano que los paga con sus impuestos .

P. Dictar una resoluci¨®n injusta a sabiendas parece algo perfectamente objetivable. ?Qu¨¦ dificultades existen para objetivar la prevaricaci¨®n? ?La legislaci¨®n actual permite ocultar la prevaricaci¨®n?

Deber¨ªan ampliarse los plazos de prescripci¨®n para delitos de corrupci¨®n

R. En la pr¨¢ctica totalidad de los supuestos de prevaricaci¨®n, nos tenemos que remitir a la Ley de Contratos del Sector P¨²blico. La resoluci¨®n injusta a sabiendas puede derivar de varias causas, la omisi¨®n del procedimiento o de alguno de sus tr¨¢mites esenciales, del contenido arbitrario de la resoluci¨®n o de la incompetencia manifiesta del ¨®rgano que dicta la resoluci¨®n. Son conceptos muy abiertos. Ser¨ªa partidario de una reforma donde se especificase en detalle la prevaricaci¨®n de forma tajante, de qu¨¦ omisi¨®n de tr¨¢mites esenciales del procedimiento hablamos. El procedimiento administrativo es fundamental y los funcionarios p¨²blicos han de respetarlo en todos sus tr¨¢mites, solo as¨ª se garantiza que la resoluci¨®n que se dicte lo sea por raz¨®n de necesidad p¨²blica y con sometimiento a los principios de concurrencia e igualdad. Lo que echo en falta en la legislaci¨®n penal es una figura delictiva que castigue de forma grave y directa a los funcionarios encargados de la contrataci¨®n que omitan los tr¨¢mites intencionadamente.

P. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha sostenido en el Congreso que una investigaci¨®n que rebasa toda una d¨¦cada, como algunas de las m¨¢s conocidas, permite el olvido del verdadero alcance de los hechos delictivos cometidos. ?Es esto un problema?

R. Estoy de acuerdo. La celebraci¨®n de los juicios deber¨ªa ser lo m¨¢s pr¨®xima al tiempo de comisi¨®n del hecho delictivo, si no, decae uno de los fines del derecho penal que es la prevenci¨®n general. Ejemplarizar. Despu¨¦s de diez a?os es poco probable que el ciudadano recuerde los hechos, salvo casos muy medi¨¢ticos y excepcionales.

P. ?Soluciones?

R. Aplicar el principio de oportunidad. No se puede investigar todo, no disponemos de suficiente capacidad. Ha de haber una criba de los hechos a investigar. Ahora mismo, los grupos de delincuencia econ¨®mica, aparte de colaborar con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n llevan otros temas, como puede imaginar, casos de pornograf¨ªa infantil, estafas por internet, peque?os hurtos etc. Hay que priorizar. Tiene que ser a nivel nacional, definiendo la pol¨ªtica criminal de nuestro pa¨ªs. Por otro lado, la Fiscal¨ªa es el ¨®rgano que constitucionalmente tiene asignada la labor de unificar la aplicaci¨®n de la ley penal en Espa?a. Si Vd se lee con detenimiento las figuras delictivas que contiene el C¨®digo Penal en Espa?a, todo es delictivo. Hay que priorizar y no podemos ser nosotros, el juez o el fiscal de turno, quienes establezcamos el marco punitivo de actuaci¨®n, es un tema de consenso de pol¨ªtica criminal a nivel parlamentario. En el anteproyecto actualmente en marcha en el Ministerio de Justicia adem¨¢s de otorgar la instrucci¨®n a los fiscales, que ya era hora, se ahonda en un tema de plazos de investigaci¨®n. Pero para ello necesitamos una infraestructura de medios materiales y personales que lo haga posible.

P. Afirma el Fiscal General del Estado que una futura atribuci¨®n de la investigaci¨®n al ministerio fiscal permitir¨ªa romper con un modelo de instrucci¨®n judicial que ha adquirido una serie de vicios que la retrasan. ?Comparte esta tesis?

R. La comparto en todos sus t¨¦rminos. El juez tiene como funci¨®n constitucional la de juzgar y ejecutar lo juzgado, garantizando la igualdad de armas entre las partes. Si el fiscal es el responsable de, en su caso, acusar, tiene que ser el responsable de determinar qu¨¦ personas y qu¨¦ hechos van a ser objeto de enjuiciamiento, es decir ha de ser quien determine el cu¨¢ndo, el c¨®mo y el d¨®nde de las pruebas de la investigaci¨®n que inicia. Lo que no es de recibo es un sistema procesal, como el que actualmente existe en Espa?a, de doble instrucci¨®n. Tenga en cuenta que los jueces de instrucci¨®n cuando han terminado de instruir, nos pasan lo que se ha instruido, nos guste o no y despu¨¦s, ¡°arr¨¦glate como puedas¡±, dicho en t¨¦rminos coloquiales. Usted como juez no puede instruir porque su funci¨®n es garantizar la igualdad de armas entre las partes, no se puede ser instructor y a la vez ¨¢rbitro. En los pa¨ªses de nuestro entorno no existe esta figura, de forma que se han dado algunas situaciones curiosas en las que el juez de instrucci¨®n espa?ol es el ¨²nico representante en calidad de investigador penal en un mar de fiscales europeos. Aparte hay un aspecto pr¨¢ctico que tampoco se puede soslayar, el actual sistema de instrucci¨®n retrasa la misma indefectiblemente. El juez de instrucci¨®n tendr¨ªa que ser un juez de garant¨ªas que est¨¦ por encima de nosotros, de las partes procesales, no entre nosotros. En el actual sistema de instrucci¨®n estamos duplicando y triplicando la realizaci¨®n de algunas pruebas. Por no mencionar supuestos concretos en que las contradicciones del sistema procesal en vigor desdibujan los l¨ªmites de los diversos papeles o roles atribuidos al juez instructor y al fiscal. Un justo sistema de garant¨ªas ha de impedir que se pueda ser juez y parte a la vez, en el sentido de ser homologador de los propios actos, con lo que los recursos a instancias judiciales superiores se simplificar¨ªan notablemente.

P. ?Por qu¨¦ eso no se ha cambiado en 30 a?os?

R. Creo que es, como casi siempre , una cuesti¨®n de poder. Nadie quiere perder sus parcelas de poder, nada m¨¢s. Los jueces no quieren perder sus parcelas de poder en favor de un sistema m¨¢s garantista y m¨¢s pr¨¢ctico.

P. Hay muchos juristas que defienden la necesidad de dividir las causas a fin de evitar macro juicios. ?Es necesario?

R. Lo estamos haciendo en Baleares. Si no se dividen, no disponemos de la capacidad e infraestructura necesarias para garantizar el buen fin de la instrucci¨®n. Para nosotros ha resultado m¨¢s efectivo dividirlo en piezas y el sistema ha funcionado. En todas se ha ido a juicio y en todas hay condenas. En cualquier caso hay causas que no son divisibles porque requieren de una perspectiva conjunta de los indicios existentes. Ocurri¨® en el caso Scala al que antes me he referido, fraccion¨¢ndolo perd¨ªamos fuerza probatoria contra los responsables pol¨ªticos situados en la pir¨¢mide superior.

P. ?El C¨®digo Penal presenta hoy horrendos desequilibrios entre delitos y penas?

R. No creo que sea el problema principal, aunque reconozco que el ciudadano percibe en muchas ocasiones situaciones parad¨®jicas de la justicia del caso concreto, son situaciones profundamente injustas que hay que revisar. Incidiendo en el ¨¢rea de Anticorrupci¨®n, el delito de prevaricaci¨®n administrativa, por ejemplo, no lleva aparejada pena de prisi¨®n, y me parece un delito muy grave. Todos los comportamientos corruptos parten de un acto de prevaricaci¨®n. No toda prevaricaci¨®n significa corrupci¨®n pero s¨ª toda corrupci¨®n lleva aparejada prevaricaci¨®n. Desde mi punto de vista es el delito m¨¢s grave y si sospechosamente no est¨¢ penalizado hay que preguntarse por qu¨¦, la respuesta est¨¢ en los pol¨ªticos que elaboran las leyes en el parlamento, se han querido resguardar.

P. ?Hay que retocar el cat¨¢logo de prescripciones?

R. Deber¨ªamos tener plazos m¨¢s amplios, sobre todo en delitos que forman parte del elenco de delitos de corrupci¨®n. Es muy dif¨ªcil iniciar la investigaci¨®n y obtener las pruebas del supuesto delito. Cuando han pasado a?os hay personas que se atreven a dar el paso adelante y se logra con esfuerzo la denuncia que permite abrir la investigaci¨®n. En muchas ocasiones son empleados laborales de entidades p¨²blicas o particulares que tienen empresas vinculadas a negocios con la administraci¨®n y corren el riesgo de sufrir negativamente las consecuencias en su ¨¢mbito empresarial. Habr¨ªa que proteger a los denunciantes, blindarlos y corregir el cat¨¢logo de prescripciones.