Los datos contradicen las razones con que el PP defiende la reforma electoral

El Partido Popular ha lanzado su propuesta de reforma electoral para que gobierne el partido m¨¢s votado en los Ayuntamientos con el argumento, entre otros, de que los Gobiernos de coalici¨®n son m¨¢s corruptos que los formados por mayor¨ªas. De los 98 mayores Ayuntamientos de Espa?a, s¨®lo 13 est¨¢n dirigidos por Gobiernos de coalici¨®n y, entre estos, solo uno est¨¢ afectado por un caso de corrupci¨®n. Es posible que, en caso de existir, las corruptelas de esta legislatura no se hayan desvelado todav¨ªa, pero lo cierto es que los grandes casos juzgados e investigados proceden de municipios dirigidos por gobiernos de mayor¨ªas, lo que contradice el argumento del PP.

As¨ª lo se?ala adem¨¢s el investigador principal del Observatorio de los Gobiernos de Coalici¨®n de la Universidad de Barcelona, Josep Maria Reniu. ¡°El compartir poder lleva a una mayor fiscalizaci¨®n y una menor arbitrariedad en la gesti¨®n de la cosa p¨²blica¡±, asegura Reniu, quien a?ade que otro de los motivos es la obligaci¨®n de compartir informaci¨®n con los socios de gobierno mientras que en las mayor¨ªas, en ocasiones, se obstaculiza el acceso de la oposici¨®n a los datos. ¡°El inter¨¦s de los socios por tener unos buenos resultados les lleva a marcarse mutuamente¡±, asegura.

Los populares quieren imponer un cambio para que gobierne la lista m¨¢s votada y evitar as¨ª pactos poselectorales locales e insisten en calificarlos de ¡°golpes de Estado que se pactan en los despachos¡±, seg¨²n las palabras del diputado Pedro G¨®mez de la Serna. La propuesta no se extiende a las comunidades aut¨®nomas.

Sin embargo, los datos analizados muestran que la corrupci¨®n no est¨¢ ligada en especial a las coaliciones. De hecho, uno de los pactos municipales alcanzado tras las elecciones de 2013, el de Lugo entre el PSOE y los nacionalistas del BNG, se dinamit¨® despu¨¦s de que se destapara el sumario de la Operaci¨®n Pok¨¦mon, que investiga a una red de empresas por sobornos a cargos p¨²blicos. Donde no se ha roto el acuerdo es en el municipio canario de Telde (101.300 habitantes), donde la alcaldesa, del PP, est¨¢ imputada por presuntos delitos de prevaricaci¨®n, falsedad documental, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos por favorecer a un constructor. Su partido gobierna junto a Coalici¨®n Canaria y el Centro Canario Nacionalista. ¡°El caso viene de atr¨¢s, de cuando el PP gobernaba con mayor¨ªa¡±, puntualiza el teniente alcalde, Pablo Rodr¨ªguez, de Coalici¨®n Canaria.

Num¨¦ricamente, el PP no tiene, atendiendo a los datos de los ¨²ltimos comicios de 2011, argumentos para sostener que es necesaria una reforma urgente del sistema electoral por un problema de gobernabilidad, ya que el 80% de los municipios est¨¢n en manos de mayor¨ªas absolutas. Aunque el PP niegue que la reforma que plantea tenga un objetivo electoral, se prev¨¦ una mayor fragmentaci¨®n del voto para los pr¨®ximos comicios de mayo de 2015.

El paradigma de la corrupci¨®n en Espa?a surgi¨® en Marbella del gobierno mayoritario del fallecido Jes¨²s Gil. La parte municipal del m¨¢s destacado caso de entre los que se investigan actualmente, el caso G¨¹rtel, surgi¨® de municipios madrile?os gobernados por mayor¨ªas, en este caso del PP, como Majadahonda, Pozuelo de Alarc¨®n o Boadilla del Monte. Tambi¨¦n incluido en el caso G¨¹rtel se investiga una presunta corrupci¨®n municipal por la que est¨¢ imputado el exconcejal de Hacienda de Toledo, Lamberto Garc¨ªa Pineda, extesorero del PP de Castilla-La Mancha, por una posible donaci¨®n recibida por la firma de los contratos por la recogida de basura.

En Orihuela (Alicante), nueve de sus 25 concejales est¨¢n imputados. El Ayuntamiento est¨¢ regido por un gobierno de coalici¨®n formado por el PSOE y Los Verdes pero las imputaciones recaen en concejales del PP por una operaci¨®n aprobada en la anterior legislatura, cuando los populares obtuvieron mayor¨ªa absoluta. Sobre ese mismo gobierno de mayor¨ªa se destap¨® otra de las grandes causas vivas hoy en los juzgados; el caso Brugal, tambi¨¦n por concesiones. Otros casos menores han salpicado a gobiernos de mayor¨ªas, como el juicio que en 2010 llev¨® a varios concejales de Torrej¨®n de Ardoz (Madrid) al banquillo, por un presunto delito de prevaricaci¨®n, o el caso Quality Food, que investiga en C¨¢diz el desarrollo de una empresa para el saqueo de dinero p¨²blico.

En Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), el exjuez Baltasar Garz¨®n decret¨® en 2009 prisi¨®n para nueve ediles por la llamada Operaci¨®n Pretoria, cuya investigaci¨®n sigue abierta en la Audiencia Nacional con el exalcalde del PSC de la localidad como uno de los principales imputados. La propia Operaci¨®n Pok¨¦mon afecta a localidades con mayor¨ªas absolutas, como Santiago ¡ªcuyos dos ¨²ltimos alcaldes, del PP, han dimitido¡ª, A Coru?a, o Ferrol Boqueix¨®n, O Carballi?o, Cospeito en Galicia. Tambi¨¦n en gobiernos coaligados como el gallego de Ordes o el asturiano San Mart¨ªn del Rey Aurelio.