Combate a la desafecci¨®n pol¨ªtica

Los partidos tienen pendiente un completo paquete de medidas de regeneraci¨®n democr¨¢tica y contra la corrupci¨®n pol¨ªtica. Y una acuciante necesidad de acordarlas entre todos y combatir as¨ª el descr¨¦dito de los ciudadanos.

En esa ronda de contactos oficiosa se analiza, por ejemplo, la reducci¨®n del n¨²mero de cargos p¨²blicos aforados. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, plante¨® este verano antes de presentar su dimisi¨®n una propuesta para pasar de los 17.621 aforados que hay en Espa?a a s¨®lo 22. Pero esa reducci¨®n implicar¨ªa un cambio en la Constituci¨®n que el Gobierno no contempla a corto plazo. La mayor¨ªa de partidos coincide en que es preciso restringir la figura del aforado.

La espiral de sumarios sobre corrupci¨®n que salpican las portadas de los diarios y han situado la corrupci¨®n como uno de los problemas que m¨¢s preocupan a los ciudadanos obliga adem¨¢s a mejorar el control de la financiaci¨®n de los partidos. Se estudian propuestas para eliminar o restringir las donaciones de las empresas. Pero sobre todo para cambiar el tratamiento penal de los casos de corrupci¨®n y para apartar a los pol¨ªticos contra los que abra juicio oral de las instituciones p¨²blicas.

La agenda de reformas que analizan los grupos parlamentarios busca limitar adem¨¢s las llamadas ¡°puertas giratorias¡±, que llevan a cargos p¨²blicos desde las instituciones a consejos de administraci¨®n de grandes empresas que dependen de ella. Y persigue reformular tambi¨¦n el sistema de elecci¨®n de representantes en los ¨®rganos constitucionales para alejar tentaciones partidistas. Hay tambi¨¦n un consenso general sobre la necesidad de replantear las funciones del Tribunal de Cuentas e incluso su modo de operar despu¨¦s de que dentro del organismo que se encarga de fiscalizar al resto de instituciones se hayan detectado tambi¨¦n casos de nepotismo y contrataciones sospechosas.

En lo que va de legislatura solo se ha aprobado la ley de transparencia, que en el tr¨¢mite parlamentario se ha extendido de los Gobiernos hacia partidos, sindicatos y Casa del Rey.