Un juez ordena derribar las c¨²pulas de la energ¨ªa de Soria

Un juez de Soria ha ordenado el derribo de las c¨²pulas de la energ¨ªa, como ped¨ªa el grupo ecologista ASDEN. Se trata de un edificio emblem¨¢tico construido por la Junta de Castilla y Le¨®n en terreno protegido en Garray (Soria) sin un fin determinado. Forma parte de la que iba a ser la "ciudad del medio ambiente", en los que la comunidad aut¨®noma invirti¨® 52 millones de euros de dinero p¨²blico antes de que el Tribunal Constitucional anulara la ley que amparaba su construcci¨®n.

Iba a ser el de los proyecto estrella del PP en Soria. En 2007, las cortes regionales aprobaron una ley para construir la ciudad del medio ambiente, que pretend¨ªa "integrar un nuevo n¨²cleo urbano en el medio natural". Chal¨¦s bioclim¨¢ticos, aparcamientos para coches el¨¦ctricos, fibra ¨®ptica, y un campus institucional sin un fin definido llamado c¨²pulas de la energ¨ªa. Al aprobarlo mediante una ley, el gobierno del PP evitaba el control ordinario de los tribunales, que ya hab¨ªan paralizado una urbanizaci¨®n en terreno protegido en Las Navas del Marqu¨¦s (?vila).

El resultado fue un extra?o texto legal: 248 p¨¢ginas, en las que incluso se fijan los metros de los viales o los kilovatios de las bombillas. El Tribunal Superior de Castilla y Le¨®n primero y el Constitucional despu¨¦s, tras un recurso del PSOE, fallaron contra la ciudad del medio ambiente.

Mientras llegaba el fallo y pese a la crisis, Castilla y Le¨®n fue construyendo en el soto en la ribera del Duero. All¨ª quedan los fantasmag¨®rico edificios blancos con forma de gajos de naranja que formaban la ciudad de la energ¨ªa.

"Se tratar¨ªa de hacer un `traje a medida? para de esta manera permitir la legalizaci¨®n del edificio"

Ahora, Carlos S¨¢nchez San, juez de lo contencioso de Soria, ha dado un paso m¨¢s al ordenar el derribo de las c¨²pulas. Considera que es "una obra carente de todo soporte legal".

El juez critica el intento de la Junta de Castilla y Le¨®n de legalizar lo construido mediante una resoluci¨®n de junio pasado.Considera que es "una actuaci¨®n tendente a crear una legalidad que permita la conservaci¨®n de un edificio cuya normativa de planeamiento ha sido anulada. Dicho de otro modo, y usando una expresi¨®n coloquial, se tratar¨ªa de hacer un `traje a medida? para de esta manera permitir la legalizaci¨®n del edificio" pese a las sentencias contrarias del Tribunal Superior de la comunidad y del Constitucional.

El juez prosigue que "esta forma de actuar hace in¨²til cualquier procedimiento judicial que pueda dictarse sobre unas obras realizadas por la Administraci¨®n p¨²blica. En efecto, ?de qu¨¦ sirve una declaraci¨®n de ilegalidad o inconstitucionalidad si al d¨ªa siguiente se inicia un procedimiento legislativo o reglamentario para dotar de legalidad lo que es ilegal?".