Dimite Torres-Dulce, fiscal del Estado, por desavenencias con el Gobierno

Eduardo Torres-Dulce ha presentado su dimisi¨®n como Fiscal General del Estado. Oficialmente, argument¨® ¡°razones personales¡±, pero desde hace tiempo sus relaciones con el Gobierno eran malas. Ya hab¨ªa amenazado con dimitir en varias ocasiones al anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, y recientemente al actual, Rafael Catal¨¢. Eran notables las tensiones y la ausencia de sinton¨ªa con el Gobierno que, legalmente, no pod¨ªa destituirle, pero s¨ª esperar a que ¨¦l formalizara su dimisi¨®n y, como ha hecho ahora, no mover ni un dedo para mantenerle en el cargo.

Con esta dimisi¨®n son cuatro las renuncias que, por distintos motivos, ha tenido que afrontar el Gobierno de Mariano Rajoy en los ¨²ltimos tres meses en puestos clave: los ministros de Justicia y Sanidad, Alberto Ruiz-Gallard¨®n y Ana Mato, respectivamente; el director general de RTVE, Leopoldo Gonz¨¢lez Echenique, y ahora el fiscal general. Todos ellos, salvo Mato, por diferencias de criterio o falta de respaldo del Gobierno. El propio Mariano Rajoy subray¨® ayer ¡°la dedicaci¨®n y esfuerzo¡± de Torres-Dulce, al tiempo que insisti¨® en que se marcha por ¡°motivos personales¡±.

Torres-Dulce llam¨® hoy a primera hora a Catal¨¢ para comunicarle su decisi¨®n, explicarle que no desea ning¨²n cargo y que su intenci¨®n es volver a la Fiscal¨ªa ante el Tribunal Constitucional. Precisamente, la jefatura de esa Fiscal¨ªa est¨¢ vacante por decisi¨®n expresa de Torres-Dulce, que aplaz¨® el mi¨¦rcoles ese nombramiento en el Consejo Fiscal.

En octubre de 2013, Torres-Dulce hizo un primer amago de dimisi¨®n ante Gallard¨®n. Se quejaba de decisiones y nombramientos que afectaban a la carrera fiscal y sobre los que no fue consultado. Se sent¨ªa ninguneado. Tampoco se pidi¨® su opini¨®n cuando se puso en marcha el borrador de C¨®digo Procesal Penal, que daba la instrucci¨®n a los fiscales. Ni lo ha sido ahora, cuando ese texto ha quedado reducido a una reforma muy parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que da marcha atr¨¢s y elimina ese papel instructor de los fiscales.

El pasado mes de abril lanz¨® en el Congreso un duro alegato contra la falta de medios legales, materiales y humanos para afrontar los grandes casos, sin obtener respuesta favorable del Gobierno.

Su falta de peso pol¨ªtico en el Gobierno le dejaba al margen de esas decisiones y, a su vez, el Ejecutivo y el PP le achacaban falta de acci¨®n e influencia en los grandes casos de corrupci¨®n, as¨ª como escasa autoridad para dirigir un cuerpo aut¨®nomo, pero jerarquizado. Por ejemplo, dirigentes del PP no entendieron nunca que la fiscal¨ªa fuera la que provocara el ingreso en prisi¨®n de Luis B¨¢rcenas, cuando la acusaci¨®n popular ped¨ªa prisi¨®n eludible con fianza, es decir, menos que el ministerio p¨²blico. Con esa notable excepci¨®n, no hay decisi¨®n trascendente de Torres-Dulce que discrepe de la posici¨®n del Gobierno. Por ejemplo, en la excarcelaci¨®n de etarras, en las querellas sobre Bankia y preferentes y en el caso Fais¨¢n, entre otras.

Ni siquiera hubo diferencia de fondo al final sobre la querella contra responsables de la Generalitat de Catalu?a sobre el 9-N, aunque s¨ª hubo tensiones graves esos d¨ªas con el Gobierno por el ritmo y la forma en la que Torres-Dulce gestion¨® la crisis, as¨ª como por el alcance de la acci¨®n penal. La conclusi¨®n es que la Fiscal¨ªa present¨® la querella contra Artur Mas y varios de sus consejeros como pretend¨ªa desde el primer d¨ªa el Gobierno. Y hubo coincidencia en los d¨ªas previos para no intervenir y no frenar la consulta para evitar males mayores.

La dimisi¨®n se produce pocos d¨ªas antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a decida el lunes sobre la admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella. Fuentes jur¨ªdicas hablan de dudas notables sobre el futuro de la controvertida e inusual acci¨®n penal contra el Gobierno catal¨¢n. En principio, el Gobierno pretende anunciar hoy el nombre del sustituto. Se inclina por un miembro de la carrera fiscal. Una vez anunciado el nombre deber¨¢ someterse al dictamen del Consejo General del Poder Judicial y volver al Consejo de Ministros. El aspirante deber¨¢ someterse a examen en la Comisi¨®n de Nombramientos del Congreso y, si es aprobado, ser definitivamente nombrado por el Gobierno. El nombramiento presenta una dificultad, que es que su mandato acaba cuando cesa el Gobierno. Es decir, el elegido estar¨ªa solo un a?o en el cargo, salvo que vuelva a ganar el PP y vuelva a proponerle. O que introduzca un cambio legal en los pr¨®ximos meses para prorrogar ese mandato.