La fiscal¨ªa presenta la querella contra Mas por cuatro delitos en el 9N
Le acusa de desobediencia grave, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y usurpaci¨®n de funciones
La Fiscal¨ªa General del Estado ha presentado este viernes la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la supuesta comisi¨®n de delitos de desobediencia grave, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y usurpaci¨®n de funciones en el proceso participativo del 9-N. El registro del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a ha recibido la denuncia, firmada por el Fiscal Superior, Jos¨¦ Mar¨ªa Romero de Tejada, a las 12.20. El fiscal jefe catal¨¢n ha tenido que presentar la denuncia por orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pese a su negativa (junto a los otros ocho fiscales que componen la junta en Catalu?a) a acusar al presidente de la Generalitat, Artur Mas.El aspecto com¨²n de las condenas para los cuatro delitos es que conllevan penas de inhabilitaci¨®n.
La querella tambi¨¦n se dirige contra la vicepresidenta catalana Joana Ortega y la consellera de Educaci¨®n, Irene Rigau, tambi¨¦n por los mismos delitos. As¨ª, Torres-Dulce ha decidido presentar las acusaciones por todos los delitos que propon¨ªa en un principio y contra los tres dirigentes pese a las reticencias t¨¦cnicas planteadas por algunos de los miembros de la c¨²pula fiscal.
El procedimiento, una vez registrada la querella, es el siguiente:
En primer lugar se conformar¨¢ la sala de admisiones que est¨¢ formada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a y dos magistrados m¨¢s. Esta sala resolver¨¢ la admisi¨®n o no de la querella presentada, decisi¨®n para la que no tiene plazo. Si se admite, el ponente se convertir¨¢ en magistrado instructor de la causa y empezar¨¢ la instrucci¨®n. A partir de aqu¨ª se realizar¨¢n todas aquellas pruebas y peticiones que el magistrado considere oportunas para avanzar en la investigaci¨®n.
Penas que conlleva cada delito
El delito de desobediencia del que se acusa a Artur Mas conlleva una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de seis meses a dos a?os.
La obstrucci¨®n a la justicia o usurpaci¨®n de funciones est¨¢ castigada con las penas de prisi¨®n de seis meses a un a?o, multa de tres a ocho meses y suspensi¨®n de empleo o cargo p¨²blico por tiempo de uno a tres a?os.
La prevaricaci¨®n administrativa est¨¢ penada con la inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de siete a diez a?os.
Y, en el caso de la malversaci¨®n, la pena de multa es de seis a doce meses, y suspensi¨®n de empleo o cargo p¨²blico por tiempo de seis meses a tres a?os. El C¨®digo Penal especifica, adem¨¢s, que si el culpable no reintegra el importe de lo distra¨ªdo dentro de los diez d¨ªas siguientes al de la incoaci¨®n del proceso, se le impondr¨¢n penas de tres a seis a?os e inhabilitaci¨®n absoluta por tiempo de seis a diez a?os.
En el caso de que se presentasen recursos sobre el tema, se crear¨ªa la sala de recursos. En esta sala estar¨ªan los magistrados de la sala civil y penal que no han formado parte de la sala de admisiones.
Si finalmente Artur Mas es llamado a declarar como imputado, tal como reclama la fiscal¨ªa, el president tendr¨¢ que acudir personalmente al interrogatorio, ya que la prerrogativa de la declaraci¨®n por escrito est¨¢ limitada a los casos en los que declara como testigo.
Desobediencia
La querella calca el relato de hechos de la propuesta presentada por el fiscal general a la c¨²pula de representantes del ministerio p¨²blico. En esta, Torres-Dulce bas¨® la acusaci¨®n de desobediencia en la burla a la suspensi¨®n dictada por el Tribunal Constitucional contra la consulta alternativa celebrada el 9-N. El fiscal general insisti¨® en que ¡°las declaraciones p¨²blicas efectuadas por algunos de ellos disipan cualquier duda¡±, sobre el conocimiento que ten¨ªa Mas del incumplimiento. Incluso recuerda una declaraci¨®n del president el mismo 9-N: ¡°Si la fiscal¨ªa quiere conocer qui¨¦n es el responsable de abrir los colegios que me miren a m¨ª, el responsable soy yo y mi Gobierno¡±.
Adem¨¢s, sostiene que no es necesaria una negativa t¨¢cita a cumplir la resoluci¨®n y que, en su opini¨®n, esa negativa al mandato del Constitucional ha sido "franca, clara patente, indudable, evidente o inequ¨ªvoca". El escrito indica que la Generalitat "despleg¨® una conducta incompatible con el contenido de dicha resoluci¨®n, pues el proceso prosigui¨® hasta su consumaci¨®n del d¨ªa 9 de noviembre de 2014".
Malversaci¨®n
La fiscal¨ªa considera que puede haber un delito de malversaci¨®n porque ¡°se ha incurrido en gasto p¨²blico para llevar a cabo actuaciones delictivas¡±. El escrito tilda de ¡°delictiva¡± la consulta ¡°en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones del Tribunal Constitucional¡± y considera que las actuaciones del Gobierno catal¨¢n son ¡°ontol¨®gicamente ajenas a la funci¨®n p¨²blica¡±. ¡°En el caso que nos ocupa¡±, abunda la querella, ¡°se han realizado gastos para llevar a cabo un acto no ya contrario a Derecho, sino constitutivo de delito¡±. Los fondos ¡°han sido deliberadamente destinados a un fin radicalmente ajeno a la funci¨®n p¨²blica¡±.
Para sostener esa tesis, la fiscal¨ªa cita jurisprudencia del Tribunal Supremo. El alto tribunal sostiene que la malversaci¨®n no solo pretende ¡°tutelar el patrimonio p¨²blico¡±, sino tambi¨¦n ¡°el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de las comunidades aut¨®nomas o de los ayuntamientos¡±. No es necesario, recuerdan los fiscales, que haya ¡°¨¢nimo de lucro¡± para que se considere que existe malversaci¨®n. Lo que se protege, sigue la querella, es ¡°la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los caudales del Estado¡±. El tipo penal ¡°no requiere el enriquecimiento del autor, sino en todo caso la disminuci¨®n il¨ªcita de los caudales p¨²blicos o bienes asimilados a ¨¦stos¡±.
Obstrucci¨®n a la justicia y usurpaci¨®n de funciones
Seg¨²n la fiscal¨ªa, la actitud de los dirigentes catalanes tambi¨¦n se puede incluir en esta tipificaci¨®n penal. "Lo que est¨¢ en juego, realmente, es la vigencia de las decisiones del Constitucional en el territorio de Catalu?a, contrarrestada con fundamento legal por un ejercicio desviado de las prerrogativas administrativas y de gobierno de las que se hallan investidos los querellados", se?ala.
Prevaricaci¨®n
La querella sostiene que para "auspiciar" el proceso de participaci¨®n, el Gobierno de la Generalitat "llev¨® a cabo una continuada actividad administrativa destinada a dar soporte material y personal al proceso suspendido". La fiscal¨ªa indica que se adoptaron decisiones "escritas o no y perseveran en v¨ªas de hecho que les sit¨²an extramuro del ordenamiento jur¨ªdico y que solo aspiran a hacer prevalecer su voluntad" sobre las resoluciones del Constitucional.
Diligencias solicitadas por la Fiscal¨ªa
Adem¨¢s de tomar declaraci¨®n a los imputados, la Fiscal¨ªa pide otras siete diligencias de investigaci¨®n para aclarar los hechos. Solicita, por ejemplo, que se aporte copia de cualquier "resoluci¨®n" dictada por cualquier departamento de la Generalitat tras la suspensi¨®n del Tribunal Constitucional y que haya servido para "dar un impulso efectivo a la preparaci¨®n y ejecuci¨®n" de la consulta. Tambi¨¦n quiere una "copia ¨ªntegra" de la plataforma web que puso en marcha la Generalitat para informar del proceso de participaci¨®n (www.participa2014.cat) as¨ª como un informe para aclarar en qu¨¦ periodos ha estado activa, en qu¨¦ servidor se aloja e incluso qui¨¦n es la persona responsable de su "creaci¨®n y mantenimiento".
Cuando abri¨® la investigaci¨®n, la v¨ªspera del 9-N, la Fiscal¨ªa ya hab¨ªa solicitado a la empresa Unipost que aportase cualquier contrato o encargo con la Generalitat sobre la distribuci¨®n de propaganda o buzoneo relacionado con la jornada de participaci¨®n. La diligencia, sin embargo, a¨²n no se hab¨ªa completado y ahora, en la querella, el ministerio p¨²blico insiste en la necesidad de conocer si hubo ese encargo y de d¨®nde proceden, en todo caso, los ¡°datos personales¡± que permitieron esa distribuci¨®n. Al Departamento de Presid¨¨ncia, la Fiscal¨ªa le pide la ¡°documentaci¨®n relacionada con el encargo de confecci¨®n de unas, papeletas y carteler¨ªa¡±, as¨ª como con la ¡°distribuci¨®n¡± de todo ese material hasta los centros de votaci¨®n.
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