Jueces y fiscales piden acotar las impugnaciones durante la instrucci¨®n

El ministro de justicia, Rafael Catal¨¢, ha convocado para este viernes a las asociaciones de jueces para informarles de las l¨ªneas b¨¢sicas del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prev¨¦ aprobar el Consejo de Ministros. A falta de que se conozcan los detalles del texto que ha preparado el Gobierno, jueces y fiscales discrepan sobre la limitaci¨®n a seis o 18 meses de los plazos de instrucci¨®n. Las cuatro asociaciones consultadas coinciden en que el plazo de seis meses que plantea el Gobierno es pr¨¢cticamente ¡°imposible¡± de cumplir si no se acompa?a de un incremento de medios materiales y humanos y de reformas procesales, entre ellas, acotar las opciones de recursos para impedir que las partes impugnen cada resoluci¨®n judicial.

La mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM) considera positiva la medida siempre y cuando se acompa?e de un cambio en el sistema de recursos que impida que las partes impugnen cada resoluci¨®n adoptada por el juez. La asociaci¨®n Jueces para la Democracia comparte que, con el mecanismo actual de recursos, en la mayor¨ªa de los casos es ¡°imposible¡± cumplir con el plazo de seis meses, pero este l¨ªmite tampoco podr¨¢ cumplirse, asegura esta asociaci¨®n, si el Gobierno no soluciona la falta de medios materiales y humanos que sufre los juzgados.

¡°La limitaci¨®n del plazo de instrucci¨®n da a entender que los procedimientos se demoran por una actuaci¨®n negligente del juez, al que se pretende poner l¨ªmite. Cuando la realidad es que las causas se alargan porque no hay medios suficientes¡±, advierte Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, que agrupa a 558 jueces progresistas. Bosch teme que el Gobierno de Mariano Rajoy pretenda descargar en los jueces la culpa de la demora actual de las investigaciones judiciales a pesar de que en la mayor¨ªa de los casos se alargan porque se topan con obst¨¢culos que, en la mayor¨ªa de los caos, tienen que ver con la falta de recursos. ¡°En la investigaci¨®n de un delito contra la libertad sexual, por ejemplo, puedes tardar un a?o en obtener un informe de ADN; una pericial caligr¨¢fica, puede demorarse ocho meses¡±, advierte Bosch.

Adem¨¢s de medios, los jueces progresistas piden que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal incluya una reforma procesal que limite las opciones de recursos, que, actualmente son una de las causas habituales de retrasos en las investigaciones. ¡°Lo importante no es que la ley establezca plazos, lo importante es que se puedan cumplir¡±, insiste Bosch. ¡°No se puede hablar de dejadez. Si hay cientos de imputados por corrupci¨®n es porque hay cientos de jueces que los est¨¢n investigando con falta de medios y muchas dificultades¡±, sostiene el portavoz de Jueces para la Democracia, que advierte, adem¨¢s, de que la imposici¨®n de plazos ¡°imposibles¡± de cumplir puede llevar a que se produzcan archivos y ¡°cierres en falso¡± de las causas penales.

Sobre esta posibilidad de que los jueces se vean obligados a sobreseer casos si no pueden terminar la investigaci¨®n en el plazo marcado alerta tambi¨¦n Pablo Llarena, portavoz y presidente de la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, que agrupa a alrededor de 1.400 jueces. Llarena considera que la limitaci¨®n temporal de las investigaciones es una buena noticia tanto para los propios jueces como para los ciudadanos, pero coincide en que debe acompa?arse de otras reformas que posibiliten cumplir con los plazos. La principal, un cambio en el sistema de recursos que, recuerda, ya estaba previsto tanto en el primer borrador de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal redactado en la etapa de Alberto Ruiz-Gallard¨®n como en el proyecto que prepar¨® el Gobierno de Zapatero con Francisco Caama?o como ministro de Justicia.

Pero Llarena s¨ª que cree que el sistema judicial est¨¢ preparado para cumplir con ese l¨ªmite de seis meses en los casos m¨¢s habituales en los juzgados, como los delitos de tr¨¢fico de drogas, lesiones o tr¨¢fico. Si los plazos se alargan en exceso es en parte, seg¨²n el portavoz de los jueces conservadores, porque no hay un l¨ªmite que ¡°apremie¡± a los instructores. Seg¨²n Llarena, la imposici¨®n de plazos va a obligar no solo a los jueces, sino tambi¨¦n a los fiscales, la polic¨ªa y los peritos, a ¡°agilizar¡± su forma de trabajar. ¡°Cuando existe la obligaci¨®n de cumplir con un plazo, la organizaci¨®n de la oficina se construye desde ese par¨¢metro¡±, afirma el presidente de la APM, que demanda que en los primeros a?os de la aplicaci¨®n de la ley haya ¡°especial atenci¨®n¡± a c¨®mo se adapta la Administraci¨®n de Justicia a esa limitaci¨®n temporal de las investigaciones.

La conservadora Asociaci¨®n de Fiscales y la Uni¨®n Progresista de Fiscales coinciden en que la imposici¨®n de plazos solo es viable si va acompa?ada de incremento de medios y de cambios en las normas procesales. ¡°Es extra?o que se impongan plazos antes de dotar de m¨¢s medios a la justicia, como si las demoras fueran algo voluntario¡±, lamenta ?lvaro Garc¨ªa, portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales. El art¨ªculo 324 de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, recuerda Garc¨ªa, ya obliga a los secretarios judiciales a explicar por qu¨¦ un sumario sigue abierto pasado el primer mes de instrucci¨®n, pero solo una minor¨ªa de casos se cierra en ese plazo.